El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el 26 de febrero a cinco altos funcionarios del gobierno nicaragüense que han permitido a la dictadura de Murillo-Ortega reprimir a su pueblo.
"La dictadura de Murillo-Ortega continúa su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado del 26 de febrero.
"Seguiremos exigiendo cuentas a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense", añadió Bessent.
Los funcionarios sancionados son el Director y el Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua, Denis Membreno Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa, respectivamente, la Ministra de Trabajo Johana Vanessa Flores Jiménez, la subdirectora General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Celia Margarita Reyes Ochoa, y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia del Ejército de Nicaragua Leonel José Gutiérrez López.
Daniel Ortega obtuvo la presidencia en 2007 para un segundo mandato y desde entonces ha aplicado una serie de medidas políticas, legales e institucionales en Nicaragua para consolidar y mantenerse en el poder.
En 2021, Ortega y su esposa Rosario Murillo resultaron con la mayor votación como presidente y vicepresidente, y declararon su victoria para un quinto mandato, mientras que los otros siete aspirantes fueron detenidos.
En enero de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una serie de enmiendas a la Constitución Política que transformaron el Estado para denominarlo "revolucionario, libre y soberano". Estas medidas pusieron a Ortega y Murillo en el mismo nivel de coopresidentes del país y subordinaron a todos los poderes del gobierno al poder Ejecutivo.
Historias relacionadas
A través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, la dictadura de Murillo-Ortega ha manipulado las leyes que combaten el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para perseguir a la oposición política y beneficiar a sus aliados e intereses.
El Mayor General retirado Denis Membreno Rivas y el ex Comisionado Jefe de Policía Aldo Martín Sáenz Ulloa se han desempeñado como Director y Subdirector de la UAF, respectivamente, desde su creación en 2012.
Membreno y Sáenz han mantenido su lealtad a Ortega haciendo que la UAF mantenga un monitoreo constante de las entradas de dinero del exterior, bloqueando el financiamiento a actividades de organizaciones pacíficas de oposición y la sociedad civil independiente, y liquidando los activos de disidentes políticos, presos políticos y organizaciones no gubernamentales, sin fundamento legal.
Johana Vanessa Flores Jiménez, designada Ministra de Trabajo de Nicaragua desde agosto de 2025, ha puesto en práctica leyes, políticas y prácticas de derechos laborales que le han permitido a la dictadura explotar a sus propios trabajadores.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), dirigido por Nahima Janett Díaz Flores y a subdirectora Celia Margarita Reyes Ochoa, ha puesto a disposición del régimen un amplio aparato de vigilancia e inteligencia utilizado para monitorear y controlar las redes sociales, la prensa y otras formas de expresión.
“Díaz presuntamente supervisó las llamadas ‘granjas de trolls’ que se dedicaban al acoso, la difamación y los ciberataques contra opositores políticos”, según el comunicado.
Historias relacionadas
La Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM) del Ejército de Nicaragua, Mayor General del Ejército de Nicaragua, Leonel José Gutiérrez López durante la última década ha sido una entidad encargada de la vigilancia interna y externa del Ejército, y la coordina con otras entidades policiales para garantizar a toda costa que no haya oposición al régimen.
Como resultado de las medidas anunciadas este día, todos los bienes o intereses de bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueadas y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses —salvo autorización de la OFAC— realizar transacciones que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.
“Además, la participación en ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes”, dice el comunicado.
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
