Un informe publicado por un grupo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) reveló que la copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo presuntamente desvió fondos públicos para financiar la represión en el país.
El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos explica que la corrupción y la represión son un "círculo vicioso" en Nicaragua, donde el poder roba dinero público y, para no ser descubierto o castigado, utiliza ese mismo dinero para comprar jueces o atacar a la prensa y a los ciudadanos a los que vigila.
El reporte señala que desde el año 2018 el gobierno de Nicaragua puso en marcha amplias operaciones de seguridad con el fin de sofocar disturbios, cometiendo "graves violaciones y abusos de los derechos humanos de manera sistemática y generalizada contra un conjunto cada vez mayor de personas reales o percibidas y sus familiares".
El informe detalla que para entonces, y en paralelo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Rosario Murillo, entonces vicepresidenta, y Fidel Moreno Briones, actual secretario general de la Alcaldía de Managua, construyeron un grupo de mando secreto que tomaba las decisiones reales por encima de los demás miembros.
“Esta estructura encubierta se encargaba de canalizar recursos y facilitar el desvío de fondos públicos para financiar la represión estatal y operaciones del partido de alcance más amplio. A través de esta estructura, el FSLN promovió directamente el objetivo último del Gobierno de silenciar la disidencia y afianzar su control del poder”, informa el documento.
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Para finales de mayo a principios de junio de 2018 Murillo, a través de Moreno, ordenó a las autoridades de varias instituciones públicas y municipios que desviaran parte de sus presupuestos para financiar acciones represivas, reporta el grupo de expertos.
Según los datos del informe se identificaron 13 proyectos de este tipo, con una duración de uno a tres meses, coincidiendo con la puesta en marcha de la Operación Limpieza, consistente en una serie de violentas operaciones de seguridad destinadas a desmantelar barricadas y sofocar protestas en todo el país.
No obstante, los recursos municipales utilizados se reportaron formalmente como proyectos a corto plazo denominados generalmente “limpieza”, “asistencia humanitaria” o “relaciones públicas”, o como cargos para gastos de funcionamiento, como combustible, seguridad y alimentos.
Testigos confirmaron al grupo de expertos que ninguno de estos proyectos se llevó a cabo y, por el contrario, los fondos se utilizaron para pagar la logística, el transporte y la comida de grupos paramilitares.
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“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos según un artículo de la ONU publicado el 10 de marzo.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, agregó.
Además del financiamiento para la represión de los adversarios del gobierno sandinista, el informe destaca que el régimen nicaragüense ataca a personas exiliadas a través de una red transnacional de vigilancia e inteligencia.
Agrega que la práctica de financiar la represión estatal con fondos públicos "continúa hasta el día de hoy", y el uso indebido y desvío de fondos públicos con la corrupción estatal contribuye "a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa hum anidad".
El informe insta a los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a asegurar la rendición de cuentas, restablecer el espacio cívico y adoptar medidas significativas para garantizar los derechos de todos los nicaragüenses, incluidos quienes se encuentran en el exilio.
Ortega llegó al poder en las elecciones de 1984 tras el triunfo de la Revolución Sandinista, de la que formó parte y que derrocó a la dictadura de Somoza.
En 1990 Ortega pierde las elecciones ante Violeta Barrios de Chamorro, entregando el poder pacíficamente. En 1996 y 2001 pierde nuevamente las elecciones frente a dos candidatos de derecha y en 2007 finalmente regresa a la presidencia tras ganar las elecciones del 2006.
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En 2009 la Corte Suprema de Nicaragua, bajo el control del régimen sandinista, emite un fallo que declara “inaplicable” la prohibición constitucional de la reelección, permitiéndole postularse de nuevo.
En 2011 gana su segundo mandato consecutivo en elecciones cuestionadas por observadores internacionales y en 2014 la Asamblea Nacional aprueba una reforma constitucional que permite la reelección indefinida. Para 2016, Ortega gana su tercer mandato consecutivo y esta vez lleva a su esposa, Rosario Murillo, como Vicepresidenta y para 2021, nuevamente Ortega y Murillo ganan las elecciones presidenciales.
A finales de febrero de este 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio al director de prisiones de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en la violación de los derechos humanos.
Guevara fue designado por el Departamento de Estado como un individuo al que se le niega la entrada a Estados Unidos a través de un comunicado del 18 de febrero. La etiqueta busca tomar medidas que permitan que la dictadura de Murillo-Ortega rinda cuentas por los abusos cometidos contra los presos políticos.
"Hoy designo al director de prisiones de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en graves violaciones de derechos humanos", dijo el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en una publicación en X de la misma fecha.
Desde la captura del líder venezolano Nicolás Maduro a inicios de enero, el líder sandinista ha mostrado una "apertura" al dialogo con Estados Unidos, mientras que su régimen ha anunciado la liberación de diversos presos políticos.
Con información de Yeny Sora Robles.
