Cerca de 1,600,000 niños en México fueron víctimas de explotación o abuso sexual facilitados por la tecnología en el lapso de un año, alerta el informe de Disrupting Harm México, en el que colaboraron la Interpol y la UNICEF.
El informe publicado este mes, una iniciativa global financiada por Safe Online, reveló que el 13 % de la población infantil de 12 a 17 años en México que utiliza Internet sufrió alguno de estos daños. Detalla que los niños y niñas son víctimas de este delito en un porcentaje muy similar.
La investigación que dio lugar a estos resultados se realizó mediante encuestas a menores entre 2023 y 2025. Los datos revelaron que la forma más común de abuso y explotación sexual facilitados por la tecnología a estos menores fue la exposición no deseada a imágenes sexuales.
De entre los niños encuestados, cerca de la mitad fueron víctimas de al menos dos formas de abuso y explotación por parte de la misma persona o de diferentes personas.
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Facebook y WhatsApp son las redes sociales más comunes para cometer este crimen, seguidas por Instagram y TikTok. También se encontró que las plataformas de videojuegos en línea como Roblox, Fortnite y FIFA son utilizadas por los agresores para cometer sus delitos.
Según la encuesta, en la mayoría de los casos de abuso y explotación sexual infantil de este tipo, los victimarios eran amistades, parejas o familiares. Solo el 15 % fueron personas desconocidas.
Los lugares más frecuentes donde se cometieron los delitos fueron la escuela, los espacios en línea y los espacios públicos. No obstante, el hogar también figura entre estos espacios, informa el reporte.
Los menores describieron incidentes de abuso y explotación llevados a cabo tanto por personas adultas como por menores en un entorno de “relaciones románticas”. Detallaron que sus perpetradores primero les solicitaron fotos no sexuales, para después pedirles imágenes sexuales o contenidos sexualizados para más tarde utilizarlos para manipularlos o amenazarlos para lograr que accedieran a otras exigencias.
Según el reporte, el miedo, la vergüenza y el desconocimiento de las leyes impidieron que las víctimas de abuso y explotación sexual digital buscaran ayuda. Detalla que el 32 % de los menores que sufrieron este delito en el último año prefirió quedarse en silencio. Quienes decidieron hablar buscaron apoyo principalmente en su círculo de confianza, como amigos, cuidadoras o hermanos, en lugar de recurrir a las autoridades. Menos del 1 % de los casos se reportaron ante las autoridades.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó en 2023 que en el país solo el 8.6% de los delitos sexuales logran resolverse. Asimismo, detalló que durante los últimos diez años se registraron 329 mil víctimas de delitos sexuales, pero solo 28 mil obtuvieron una sentencia condenatoria contra su agresor. “Lo que significa que el 91% permanece en la sombra de la impunidad”, subraya la organización.
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El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del gobierno de México hizo un llamado a fortalecer la protección de los menores en los entornos digitales a partir de evidencia reportada por el informe de Disrupting Harm in México, al que la Secretaría Ejecutiva está ayudando con su divulgación, según informa un comunicado del 23 de junio del organismo federal.
“Los resultados de esta investigación nos permiten comprender mejor los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet, pero también identificar las acciones que debemos impulsar desde el Estado, en coordinación con las familias, las comunidades educativas, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas tecnológicas, para garantizar entornos digitales más seguros”, afirmó la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, durante una presentación del informe.
La secretaria ejecutiva destacó que “detrás de cada cifra existe una realidad humana que no podemos perder de vista. Estamos hablando de personas, de historias de vida, de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y que requieren protección, acompañamiento, atención integral y acceso a la justicia”.
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