La COIPRODEN, organización hondureña en pro de los derechos de los niños y adolescentes del país, denunció que la nación centroamericana enfrenta un escenario alarmante de violencia y abuso sexual infantil.
En una lectura pública relacionada con las recomendaciones que recibió Honduras de parte de la ONU, Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de COIPRODEN, expresó que aunque reconocen los recientes avances del Estado hondureño en la protección de los niños, los cuales se evidencian en la asunción de compromisos internacionales, el fortalecimiento de su marco normativo y la creación de nuevas instituciones especializadas, "persisten profundas brechas entre estos compromisos y la realidad".
En su discurso, el Sr. Vásquez informó que en materia de protección, en Honduras se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada cuatro horas con 52 minutos y nueve de cada diez casos permanecen en la impunidad, lo que evidencia “profundas debilidades en el acceso a la justicia”.
Enfatizó que la violencia continúa cobrando la vida de miles de personas desde el 2022 hasta la fecha en el país, detallando que alrededor de 2600 personas jovenes —menores de 30 años de edad— han muerto en estas situaciones, destacando que 499 de las víctimas son menores de 18 años.
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Además informó que 729 personas han sido reportadas como desaparecidas, y estiman que una de cada tres personas en situación de desplazamiento forzado es menor de edad.
Dijo que, de acuerdo con datos recientes, el 66.8 % de los niños vive en condiciones de pobreza, mientras que ocho de cada diez menores enfrentan pobreza multidimensional. Aunado a ello, más de 1 millón de niños, tanto varones como mujeres y adolescentes, entre tres y 17 años se encuentran fuera del sistema educativo, limitando seriamente sus oportunidades de desarrollo.
Agregó que más de 1 millón de menores se ven obligados a trabajar, de los cuales al menos 549,000 lo hacen en condiciones peligrosas, exponiéndose a riesgos que comprometen su integridad física y emocional.
También subrayó que casi 129,000 niños y adolescentes inmigrantes han sido retornados desde el año 2014 hasta la fecha, muchos de ellos enfrentando condiciones de alta vulnerabilidad.
El presidente de la organización finalizó detallando que el país centroamericano registra una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes en América Latina, con 97 nacimientos por cada mil adolescentes.
"Esta situación refleja la persistencia de condiciones estructurales que vulneran derechos fundamentales evidentes", expresó el Sr. Vásquez.
Esta vista aérea muestra a una niña jugando con un neumático en el Sector 2 del barrio Villa Nueva, controlado por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), en el este de Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2026. (Orlando SIERRA / AFP vía Getty Images)En noviembre de 2025, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre la crítica situación de los niños en Honduras ante el Examen Periódico Universal.
El organismo instó al Estado a elevar la edad de responsabilidad penal a los 14 años y a combatir con urgencia la explotación sexual infantil y el acoso escolar. Asimismo, destacó la necesidad de establecer estructuras gubernamentales permanentes que coordinen la protección de los menores frente a la violencia y la discriminación.
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Por otro lado, el informe subraya el desafío en salud y educación, señalando las altas tasas de deserción escolar y embarazos precoces. La organzación recomendó implementar sistemas de alerta temprana para evitar el abandono escolar y garantizar servicios de salud reproductiva y vacunación para reducir la mortalidad infantil.
Desde el año 2022, la UNICEF denunció una profunda crisis en la protección de los niños y adolescentes en el país centroamericano, señalando que los espacios destinados a su resguardo —como el hogar, la escuela y la comunidad— se han convertido en entornos de alto riesgo.
Esta vulnerabilidad —aseguró la organización en el “Análisis de Protección, Riesgos a los que se enfrentan a nivel nacional los niños, niñas y adolescentes”—, se ve agudizada por factores estructurales como la pobreza y la falta de acceso a educación de calidad, lo que facilita dinámicas de reclutamiento y uso forzado por parte de grupos delictivos.
Asimismo, alertó sobre un incremento alarmante en la separación familiar, donde crisis económicas y desastres naturales fuerzan a muchos menores a vivir sin cuidado de alguno de sus padres, terminando en instituciones de protección de menores simplemente por su condición de precariedad económica.
Señala que la situación alcanzó niveles críticos cuando se analiza la violencia física y sexual, catalogada por la institución como una prioridad que requiere la máxima relevancia institucional, destacando que en 2020 el 90 % de las víctimas son niñas.
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