El gobierno de EE. UU. está ofreciendo subvenciones por un total de USD 5 millones a grupos de la sociedad civil europea que planteen preocupaciones compartidas sobre la censura, la migración masiva y el futuro de la civilización occidental.
El Departamento de Estado anunció el lunes sus planes de proporcionar fondos a grupos que "aborden los desafíos relacionados con la soberanía nacional, la migración, la censura y la guerra jurídica, en consonancia con nuestra filosofía política compartida, nuestra legislación y nuestro legado occidental".
El presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios del gobierno expresaron en repetidas ocasiones su preocupación por los cambios sociales en los países europeos, en particular por los niveles cada vez más altos de inmigración y las amenazas a la libertad de expresión.
La Casa Blanca indicó que espera que los fondos se distribuyan entre dos o tres grupos, con hasta USD 3 millones disponibles para el principal beneficiario.
El anuncio del lunes hace referencia al discurso del secretario de Estado Marco Rubio en la conferencia de Múnich de 2026, donde pidió fortalecer la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos para "enfrentar desafíos modernos como la migración masiva y las violaciones a la libertad de expresión".
El anuncio señaló: "Durante siglos, la alianza transatlántica se ha basado en una comprensión común de la ley natural, la virtud y la soberanía nacional.
"Sin embargo, los gobiernos europeos se están alejando cada vez más de estos fundamentos debido a la extralimitación burocrática supranacional y a la instrumentalización partidista que concentra el poder en instituciones tecnocráticas menos responsables ante las decisiones democráticas".
"Leyes vagas contra el discurso de odio"
El comunicado hace referencia a "instituciones supranacionales" y gobiernos que, según el Departamento de Estado, "están utilizando el poder del Estado para socavar los principios fundamentales del autogobierno democrático mediante leyes contra el discurso de odio excesivamente amplias y vagas, así como regulaciones de contenido en línea que controlan y castigan la libertad de expresión al tiempo que reprimen la participación política".La declaración se basa en las preocupaciones de la administración Trump en torno a la "guerra jurídica" (lawfare), definiéndola como "la manipulación de los sistemas legales con fines políticos", la cual, según afirma, "se ha convertido en una herramienta principal para reprimir la libertad de expresión y la participación ciudadana a través de procesos judiciales con motivaciones políticas, demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), leyes penales de difamación y sanciones regulatorias contra las voces disidentes".
Sostiene que tales tácticas "generan efectos disuasivos que desalientan a las personas y organizaciones a expresarse, incluso cuando los casos carecen de fundamento, ya que el proceso legal en sí mismo se vuelve oneroso e intimidante".
El comunicado también afirma que los organismos reguladores de los medios de comunicación han sido "utilizados como arma" para investigar o sancionar —bajo el pretexto de combatir la "información errónea" o la "desinformación"— a los medios que publican opiniones disidentes.
El Departamento de Estado afirma que esto tiene el efecto de "socavar el periodismo independiente y la rendición de cuentas democrática".
"Borrado civilizacional"
La estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, dada a conocer el año pasado, instaba a "cultivar la resistencia" frente al camino que Europa parece estar siguiendo.El documento advertía que los europeos se enfrentaban al riesgo de un "borrado civilizacional" debido a la migración masiva, la caída de las tasas de natalidad y la pérdida de soberanía nacional a favor de Bruselas.
Publicado por la Casa Blanca, este documento advertía que Europa sería "irreconocible en 20 años o menos" si continuaba por el mismo camino.
"Por lo tanto, dista mucho de ser obvio si ciertos países europeos contarán con economías y fuerzas armadas lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados confiables", señalaba.
"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza civilizacional y que abandone su enfoque fallido de asfixia regulatoria".
Los funcionarios estadounidenses se han opuesto firmemente a la regulación en línea, como la Ley de Servicios Digitales de la UE y la Ley de Seguridad en Línea de Gran Bretaña, que, según Washington, reprimen la libertad de expresión —en particular las críticas a las políticas de inmigración— al tiempo que imponen requisitos onerosos a las empresas tecnológicas estadounidenses.
Los defensores de estas leyes argumentan que combaten el discurso de odio, la desinformación y la información errónea en línea.
Sospechas de "injerencia" electoral
Trump y altos funcionarios de su administración han hecho campaña abiertamente a favor de líderes europeos que comparten sus preocupaciones y valores, entre ellos Viktor Orbán, el ex primer ministro nacionalista de Hungría, y a favor del partido conservador AfD en Alemania.El miércoles, el canciller alemán Friedrich Merz expresó su preocupación por una posible "injerencia" de la administración Trump en las elecciones alemanas.
Tras el anuncio de la financiación, Merz declaró en una conferencia de prensa: "Por nuestra parte, no interferimos en las elecciones estadounidenses.
"Por el contrario, no quiero que el gobierno estadounidense ni las instituciones cercanas al gobierno interfieran en las elecciones alemanas".
El Departamento de Estado de EE. UU. especifica que pueden solicitar las subvenciones tanto personas individuales como instituciones gubernamentales, pero no los partidos políticos.
La subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública, Sarah Rogers, habló sobre la iniciativa durante un viaje a Europa en febrero, y dijo que quería "promover la libertad de expresión en las democracias aliadas occidentales, y... eso es lo que logrará mi programa de subvenciones".
Rogers agregó que el gobierno de EE. UU. "se involucró de manera enérgica en el tema de la libertad de expresión, porque no hay autogobierno sin libertad de expresión; no puede haber una deliberación democrática si se prohíben ciertos puntos de vista en la esfera pública".
Con información de Reuters y Kimberly Hayek.





















