Ahora que el nuevo proyecto de ley contra el odio del gobierno federal se encuentra en el Senado y está a punto de convertirse en ley, los líderes religiosos advierten que la eliminación de la defensa religiosa del Código Penal podría conducir a una "persecución real bajo un manto de supuesta legalidad".
"Podríamos ser investigados, arrestados y encarcelados simplemente por expresar los principios de nuestra fe y citar la palabra de Dios", declaró el pastor cristiano David Cooke a The Epoch Times.
Señaló que la disposición "más alarmante" del proyecto de ley C-9, también conocido como la Ley de Combate al Odio, es la eliminación de la defensa religiosa en el artículo 319 del Código Penal, que protege a los canadienses de los cargos de incitación deliberada al odio cuando expresaran sus creencias religiosas de buena fe.
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"Esta defensa histórica reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los canadienses a expresar y compartir públicamente sus convicciones, creencias y valores más profundos sin temor a represalias", dijo Cooke. "Este derecho es la base misma de una sociedad libre y democrática".
El proyecto de ley C-9 fue aprobado por la Cámara de los Comunes el 25 de marzo con el apoyo del Bloc Québécois, mientras que los conservadores, el NDP y el Partido Verde votaron en contra. Ahora el proyecto de ley se encuentra en el Senado y necesita ser aprobado para convertirse en ley.
El proyecto de ley pretende crear nuevos delitos penales relacionados con la intimidación y el bloqueo del acceso a los lugares de culto, así como un nuevo delito por promover intencionadamente el odio mediante la exhibición pública de ciertos símbolos, como banderas nazis, de Hamás o de Hezbolá.
Una enmienda al proyecto de ley, propuesta por el Bloc Québécois y adoptada por los liberales, eliminó la defensa religiosa contra el discurso de odio en el Código Penal. Los grupos religiosos se oponen firmemente, argumentando que esto suprimiría la libertad religiosa.
El ministro de Justicia, Sean Fraser, habla durante una conferencia de prensa en Ottawa, el 23 de octubre de 2025. (The Canadian Press/Spencer Colby).Reacciones
El ministro de Justicia, Sean Fraser, ha defendido la enmienda, señalando que la libertad de religión en Canadá es una "garantía fundamental" en virtud del artículo 2(a) de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y que la modificación no la afectaría.
En defensa del proyecto de ley, el ministro de Cultura, Marc Miller, afirmó que no debería haber "defensa para el delito de incitar públicamente al odio" porque un canadiense se basara en pasajes de la Biblia que piden la muerte para los homosexuales y los adúlteros.
El diputado conservador Andrew Lawton señaló en una entrevista que la eliminación de la defensa religiosa del Código Penal significa que "será más fácil procesar a alguien por citar las Escrituras o expresar un punto de vista religioso que alguien considere ofensivo".
"Hay muchos puntos de vista sobre los que las personas de fe tienen opiniones distintas, ya sea sobre cómo educar a los hijos, cuestiones de género o sexualidad, o cuestiones geopolíticas. Ahora tenemos una herramienta que puede ser usada como arma contra ellos si alguien considera que su expresión es "odiosa", añadió Lawton.
Cooke, quien también es el director de campañas de la Campaign Life Coalition (CLC), una organización provida, advirtió que las iglesias, las escuelas e instituciones religiosas y varios ministerios pueden esperar una "mayor interferencia gubernamental y judicial" en sus asuntos si el proyecto de ley C-9 entra en vigor.
"Podríamos ver el mismo nivel de control sobre las instituciones religiosas que ejerce el régimen en la China comunista", dijo Cooke.
Mencionó que el diputado liberal John-Paul Danko citó el "odio antiaborto" como ejemplo del tipo de expresión que el proyecto de ley C-9 pretende combatir.
"En el proyecto de ley, el odio se define como detestación o difamación", dijo Danko en la Cámara de los Comunes el 23 de marzo.
"Hemos visto manifestaciones nacionalistas blancas, símbolos públicos de odio, el crecimiento de clubes supremacistas blancos, la disminución de los derechos reproductivos de las mujeres, odio contra el aborto, odio contra las mujeres, odio contra las personas LGBTQ, odio contra las personas trans, antisemitismo e islamofobia".
Cooke afirmó que esto suscita preocupación si el proyecto de ley implicaría "el cierre de los ministerios provida que atienden a mujeres y sus bebés, junto con la prohibición de manifestaciones provida como la Marcha por la Vida anual en Ottawa", organizada por la CLC.
El diputado conservador Andrew Lawton en una foto de archivo. (The Canadian Press/Spencer Colby).Debate del comité
El gobierno liberal presentó una moción en la Cámara de los Comunes el 5 de marzo para prescindir de los debates y acelerar la votación del proyecto de ley en comisión, donde los conservadores lo habían bloqueado durante varios meses. La comisión de justicia incluyó una cláusula que, según los liberales, abordaría las preocupaciones de los grupos religiosos sobre el impacto del proyecto de ley en la libertad de expresión religiosa.El "lenguaje aclaratorio" establecía que los canadienses no tenían prohibido hacer declaraciones "sobre un asunto de interés público", incluidas declaraciones educativas, religiosas, políticas o científicas, siempre y cuando no "promuevan deliberadamente el odio contra un grupo identificable".
Cómo podría afectar a los grupos de fe
Lawton declaró a The Epoch Times que ha hablado con líderes religiosos que afirman que "el gobierno puede cambiar la ley cuanto quiera; nosotros seguiremos predicando el evangelio". Mientras tanto, dijo que otras organizaciones están "muy preocupadas", no porque pretendan predicar el odio, sino porque "no confían en que esta definición de odio no sea utilizada por personas malintencionadas para silenciar a la gente".Cooke afirmó que puede haber algunos líderes religiosos que opten por la autocensura, pero que "muchos más afrontarán con gusto la persecución" en aras de su religión.
"Algunas organizaciones pueden ser censuradas o clausuradas por la fuerza debido a su postura tradicional sobre el género, el matrimonio y la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural", dijo.
El cardenal Frank Leo, arzobispo metropolitano de Toronto, escribió una carta a todos los senadores canadienses el 27 de marzo, pidiéndoles que revisaran y enmendaran el proyecto de ley C-9 para proteger a las comunidades vulnerables y salvaguardar las libertades fundamentales de los canadienses.
Apoyo al proyecto de ley
Mientras tanto, algunas organizaciones judías han apoyado el proyecto de ley C-9, incluidas las disposiciones del proyecto de ley relativas a nuevos delitos contra la intimidación y la obstrucción, los delitos de odio, los símbolos que promueven el odio, así como la definición modificada de odio.
Peatones pasan junto a un coche patrulla estacionado frente a la sinagoga Shaarei Shomayim en Toronto, el 8 de marzo de 2026. La sinagoga fue atacada a tiros durante la noche. (The Canadian Press/Sammy Kogan)."Durante más de dos años, las comunidades judías de todo Canadá se han enfrentado a amenazas, intimidación y violencia cada vez mayores. El proyecto de ley C-9 representa un paso importante y necesario para fortalecer las herramientas de las fuerzas del orden y los fiscales para proteger a las comunidades afectadas y exigir responsabilidades a los delincuentes", declararon seis organizaciones judías canadienses en un comunicado conjunto del 25 de marzo.
El ministro Fraser ha sostenido que la legislación tiene como objetivo proteger las libertades religiosas y garantizar que las personas puedan practicar su fe "sin temor a la intimidación ni a la obstrucción".
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Leyes existentes
Lawton insiste en que Canadá cuenta con leyes contra el odio que son eficaces para combatirlo. Señaló que muchas de las disposiciones del proyecto de ley C-9 que eran "admisibles" resultaban redundantes porque ya estaban contempladas en la legislación vigente."Ninguna comunidad religiosa estará protegida del odio con una ley que amenace su capacidad para compartir y expresar sus creencias religiosas y citar sus textos religiosos", añadió.
Cooke afirmó que el proyecto de ley C-9 es "completamente innecesario" para combatir el odio, ya que el artículo 176 del Código Penal ya prohíbe interrumpir los servicios religiosos y el artículo 319 prohíbe la incitación o promoción del odio.
"Simplemente necesitamos que se apliquen de forma coherente nuestras leyes vigentes", dijo, y añadió que el proyecto de ley C-9 tendrá "el efecto exactamente opuesto".
