La ejecución de un prisionero condenado a la pena de muerte fue detenida el día designado y prorrogada debido a fallas en el procedimiento de ejecución en un centro penitenciario de Estados Unidos.
Después de que el equipo penitenciario fallara durante más de una hora los intentos para encontrar una vena adecuada para administrar la inyección letal, tuvo que regresar a su celda al recluso condenado tras el traumático procedimiento, y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó aplazar por un año la ejecución de Tony Von Carruthers, según un comunicado de la oficina del gobernador publicado el día 21 de mayo.
"El personal médico estableció rápidamente una vía intravenosa principal; sin embargo, el equipo no pudo establecer de inmediato una vía de respaldo de acuerdo con el protocolo de ejecución de la inyección letal", se lee en el comunicado de la oficina del gobernador
"El equipo siguió el protocolo, pero no pudo encontrar otra vena adecuada [...] pero el procedimiento fracasó. La ejecución fue entonces suspendida", agrega el comunicado.
Carruthers fue sentenciado hace tres décadas por los secuestros y asesinatos de Marcellos Anderson, su madre Delois Anderson, y Frederick Tucker, en un caso ligado al control del narcotráfico en Memphis. Durante un polémico juicio, el acusado llevó su propia defensa tras amenazar y rechazar a varios abogados de oficio.
Las autoridades dijeron que Marcellos Anderson era traficante de drogas y que Carruthers intentaba apoderarse del comercio ilegal en su barrio de Menphis.
“Durante las últimas tres décadas, el Sr. Carruthers ha impugnado sin éxito sus condenas y sentencias en tribunales estatales y federales”, indica un documento legal.
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Sin embargo la Unión Americana por las libertades Civiles (ACLU), que representa actualmente al acusado, dijo que su condena se basó principalmente en testimonios de testigos que afirmaron haberlo escuchado confesar, aunque sin pruebas físicas que lo vincularan a los crímenes imputados.
“Tony fue condenado sin pruebas físicas, basándose únicamente en el testimonio de informantes, entre ellos uno a quien el Estado pagó y que más tarde se retractó de su declaración”, se lee en una petición de firmas de ACLU. “Hay varias huellas dactilares y muestras de ADN de la escena del crimen que no coinciden con las de Tony, pero nunca se compararon con las de un sospechoso identificado por su coacusado”.
La ACLU también dijo que seguirá presionando sobre las pruebas de ADN para el caso, señalando que deberían haberse realizado hace mucho tiempo.
La última ejecución en Tennessee fue realizada el pasado diciembre, marcando el reinicio de estos procedimientos suspendidos durante 3 años tras descubrirse que el estado no comprobaba correctamente la pureza y potencia de los fármacos utilizados.
La oficina del fiscal general del estado reconoció que dos de las personas responsables de supervisar las drogas en las inyecciones letales “testificaron incorrectamente” bajo juramento que los funcionarios estaban probando los productos químicos según lo requerido.
Las ejecuciones en Estados Unidos pasaron de 25 en 2024 a 47 el año pasado, con un fuerte aumento en Florida, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, y cuatro estados llevaron a cabo 14 ejecuciones en lo que va del año.
Con información de Asociated Press
