El martes, una jueza federal desestimó la demanda del Departamento de Justicia (DOJ) para obtener las listas electorales de Michigan, afirmando en su fallo que el departamento no está autorizado a disponer de dicha información.
En septiembre de 2025, el DOJ presentó una demanda contra el estado después de que la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, demócrata, dijera que no proporcionaría al gobierno la información sobre el mantenimiento de las listas electorales ni la lista de registro de votantes del estado.
La jueza federal de distrito Hala Jarbou escribió en su auto que desestimaría la demanda del DOJ, alegando que el estado no tiene que cumplir con las exigencias del departamento en virtud de las leyes electorales federales.
“Simplemente no hay base en las Reglas Federales de Procedimiento Civil para la sugerencia de Estados Unidos de que puede presentar una demanda HAVA [Ley de Ayuda al Voto en Estados Unidos], alegar que no hay violaciones de la HAVA y obtener información para respaldar su demanda (aún inexistente) a través del descubrimiento”, escribió Jarbou.
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La lectura de un estatuto del Código de Estados Unidos también “sugiere que exige a los estados que revelen información sobre el proceso mediante el cual mantienen su lista de registro de votantes, pero no la lista en sí. Quizás este resultado parezca extraño, pero esta rareza desaparece cuando se tiene en cuenta que las listas de registro de votantes estatales a menudo ya estaban sujetas a divulgación pública en virtud de la legislación estatal cuando se promulgó la NVRA”, añadió.
Además, la jueza escribió que la ley se aplica a las solicitudes de los votantes en sí, no a las listas mantenidas por los estados que recopilan los registros de votantes.
“Si la distinción entre las solicitudes de registro de votantes y las listas de registro de votantes es demasiado pedante, se trata de una distinción pedante hecha por el Congreso, y es prerrogativa del Congreso hacer distinciones que pueden parecer innecesarias para una persona que lee la ley más de seis décadas después de su aprobación”, dijo en la orden.
La sentencia de Jarbou sigue las órdenes de jueces de Oregón y California que han prohibido las solicitudes del Departamento de Justicia para obtener los registros de votantes de esos dos estados, mientras que los demócratas del Congreso han advertido que las demandas del Departamento de Justicia son intentos de la administración Trump para obtener un mayor control sobre las elecciones.
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En una audiencia celebrada el mes pasado en Oregón, el juez federal Mustafa Kasubhai dijo que desestimaría el caso del Departamento de Justicia, mientras que los funcionarios del estado de Oregón se habían opuesto a la demanda. Argumentaron, en parte, que la solicitud del Departamento de Justicia violaba las leyes federales de privacidad y que se debería permitir a los estados censurar cualquier información sensible o personal cuando se presenta un expediente electoral.
Días antes, el juez federal de distrito David O. Carter se puso del lado de los funcionarios de California contra el Departamento de Justicia y dictaminó que el acceso del departamento a los datos de los votantes sería una medida “sin precedentes e ilegal”.
“El Departamento de Justicia pretende utilizar la legislación sobre derechos civiles, que se promulgó con un propósito totalmente diferente, para acumular y conservar una cantidad sin precedentes de datos confidenciales de los votantes”, afirmó Carter a mediados de enero. “Esta iniciativa va mucho más allá de lo que pretendía el Congreso cuando aprobó la legislación subyacente”.
En septiembre, el Departamento de Justicia anunció que presentaría demandas en Michigan, California, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania por las listas de registro de votantes de esos estados y sugirió que los estados no mantienen listas limpias.
“Los registros electorales limpios son la base de unas elecciones libres y justas”, afirmó la fiscal general Pam Bondi en una declaración realizada en ese momento.
“Todos los estados tienen la responsabilidad de garantizar que los registros de inscripción de votantes sean precisos, accesibles y seguros; los estados que no cumplan con esa obligación se verán ante este Departamento de Justicia en la corte”.
El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra al menos 23 estados y el Distrito de Columbia como parte de su esfuerzo por recopilar dichos datos. El departamento ha afirmado que necesita acceder a datos detallados sobre los votantes para garantizar que los funcionarios electorales cumplan con las leyes electorales federales.
En un comunicado de diciembre, el departamento argumentó que sus demandas para obtener datos del registro de votantes son legales en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1960. Las demandas, según han argumentado los funcionarios de la administración, tienen por objeto garantizar que los estados no "pongan en peligro la integridad y la eficacia de las elecciones" al no cumplir las leyes electorales federales.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de Benson para recabar sus comentarios el martes, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
