La administración Trump está demandando a una inmigrante indocumentada para cobrar cerca de un millón de dólares en multas por permanecer en el país después de que se emitió una orden de deportación en su contra.
Según gobierno federal, Marta Alicia Ramírez Veliz, residente en el condado de Chesterfield, Virginia, no salió de Estados Unidos después de que una junta de apelaciones fallara en su contra en 2022. Las autoridades indican que, a abril de 2025, Veliz debía $941,114 en multas más intereses acumulados.
Veliz está siendo demandado bajo una ley federal vigente desde 1996 que permite imponer sanciones civiles a inmigrantes indocumentados que deliberadamente incumplen una orden de salida del país. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, el gobierno federal comenzó a aplicar multas bajo esta ley, aunque no presentó demandas para cobrarlas. La administración del presidente Joe Biden eliminó por completo la imposición de estas sanciones.
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La actual administración Trump restableció la política de multas después de que el presidente emitiera la Orden Ejecutiva 14159 en enero de 2025, la cual autorizó a los funcionarios de inmigración a reinstaurar la práctica de imponer sanciones económicas conforme a la ley. En junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió nuevas regulaciones que facilitan la imposición de estas multas.
El DHS dijo que hasta junio de 2025 había enviado más de 9000 notificaciones de multa a inmigrantes ilegales por un total de casi 3,000 MDD.
La demanda presentada contra Veliz el 23 de enero en la corte federal del distrito de Richmond, Virginia, establece que el gobierno está demandando "para cobrar una multa civil impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a Veliz por no salir o negarse deliberadamente a salir de Estados Unidos de conformidad con una orden final de deportación".
Un juez de inmigración emitió una orden de deportación contra Veliz en julio de 2019, que se volvió definitiva después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimara su apelación en septiembre de 2022. La multa civil por permanecer en Estados Unidos después de que una orden de deportación se haya vuelto definitiva es de $998 por cada día que la persona permanezca en territorio estadounidense.
La administración Trump promueve que los inmigrantes ilegales opten por la "autodeportación", lo que significa que abandonan voluntariamente el país por su cuenta.
El DHS dijo el año pasado que las multas o sanciones civiles se condonarían para quienes se autodeporten a través de la aplicación CPB Home, que está disponible para teléfonos inteligentes.
"Al autodeportarse, los inmigrantes indocumentados toman el control de su salida y pueden preservar la oportunidad de regresar a Estados Unidos en el futuro por la vía legal y correcta", explicó la agencia en un comunicado.
El gobierno notificó a Veliz su intención de multarla en abril de 2025, pero ella no apeló la notificación, por lo que la orden final de penalización entró en vigor en junio de 2025, según la demanda.
La denuncia no revela información personal de Veliz, como su nacionalidad, edad o dirección. Veliz no parece contar con representación legal.
Los intentos de The Epoch Times por contactarla no tuvieron éxito.
Un grupo llamado Justicia Pública presentó una propuesta de demanda colectiva en noviembre de 2025 impugnando la imposición de multas a inmigrantes ilegales que no abandonan el país después de recibir la orden de hacerlo.
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En una demanda colectiva, un demandante presenta una demanda en nombre de un grupo más amplio de personas que afirman haber sufrido la misma lesión a manos del demandado. Las normas federales y estatales rigen si una demanda colectiva puede certificarse y avanzar.
La demanda fue presentada ante la corte federal de Massachusetts.
La demanda describe a los demandantes como "personas trabajadoras que enfrentan importantes dificultades personales y que, como millones de personas en este país, han estado navegando por el sistema de inmigración estadounidense". El ICE les ha impuesto multas exorbitantes, enviándoles notificaciones que les informan que deben pagar multas cuantiosas que van desde cientos de miles de dólares hasta aproximadamente 1.8 millones de dólares, según la demanda.
Las elevadas multas se impusieron sin que el gobierno evaluara si eran apropiadas en cada caso individual y conforme a normas que se emitieron sin la participación pública legalmente requerida, argumenta la demanda.
La denuncia sostiene que las multas llevarán a los demandantes y a miles de otras personas que residen en Estados Unidos a "una deuda ruinosa, en violación de la Constitución de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo".
La Ley de Procedimiento Administrativo es una ley federal de 1946 que rige los procedimientos de derecho administrativo para los departamentos ejecutivos federales y las agencias independientes. El fallecido senador Pat McCarran (D-Nev.) describió la ley como "una carta de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos son controlados o regulados de alguna forma por agencias del gobierno federal".
El 26 de enero, la demanda contra Veliz fue asignada al juez federal de distrito Roderick C. Young.
