El gobierno de EE. UU. llegó a un acuerdo con un exreportero del "New York Times" que fue expulsado de Twitter durante la pandemia del COVID-19 por publicar mensajes sobre las vacunas.
En un acuerdo de conciliación fechado el 11 de mayo y al que ha tenido acceso The Epoch Times, los funcionarios afirmaron que el gobierno "violó de hecho la Primera Enmienda al ejercer una presión coercitiva sustancial sobre empresas de redes sociales como Twitter para que suprimieran expresiones indeseadas como las del demandante", en referencia al exreportero del New York Times, Alex Berenson.
Las autoridades indicaron que pagarían a Berenson 150,000 dólares para resolver el caso, que fue presentado en 2023 contra el entonces presidente Joe Biden, el Dr. Scott Gottlieb, miembro del consejo de administración de Pfizer, y otros. A cambio, Berenson solicitó la desestimación del caso.
"Me gustaría dar las gracias a la Administración Trump por reconocer las acciones inconstitucionales del gobierno contra mí en 2021 y por defender mis derechos amparados por la Primera Enmienda como periodista y ciudadano estadounidense", declaró Berenson a The Epoch Times en un correo electrónico.
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El gobierno del presidente Donald Trump ya llegó a un acuerdo en un caso que planteaba cuestiones similares y en el que estaban implicados varios estados, comprometiéndose a no tomar medidas "para amenazar a las empresas de redes sociales con algún tipo de castigo (es decir, una sanción gubernamental legal, regulatoria o económica adversa) a menos que retiren, eliminen, supriman o reduzcan, incluso mediante la alteración de sus algoritmos, el contenido publicado en las redes sociales que contenga libertad de expresión protegida".
Twitter bloqueó a Berenson en 2021 después de que este escribiera en contra de la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 porque "no detiene la infección ni la transmisión".
Berenson y Twitter llegaron a un acuerdo en otra demanda derivada de los mismos incidentes, en la que Twitter reconoció que no debería haber bloqueado al periodista.
Los correos electrónicos revelados en otro litigio mostraron que funcionarios estadounidenses de la administración Biden, así como Gottlieb, quien también es excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, comunicaron a los ejecutivos de Twitter su opinión de que las publicaciones de Berenson violaban las normas de Twitter y que debía ser sancionado.
Berenson dijo en su demanda que esas acciones violaban sus derechos amparados por la Primera Enmienda.
En 2025, una jueza federal desestimó la demanda contra Gottlieb, un exasesor de la Casa Blanca llamado Andrew Slavitt y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, al concluir que Berenson no había alegado "animadversión discriminatoria" por parte de esas personas. Posteriormente, desestimó el litigio contra el gobierno, al considerar que Berenson no tenía legitimación para presentar una demanda basada en la Primera Enmienda contra funcionarios federales.
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Berenson, en una apelación, dijo que la suspensión permanente de Twitter violaba la política de la empresa, que exigía la aprobación de la dirección, y señaló correos electrónicos internos que demostraban que los altos ejecutivos de Twitter no aprobaron la prohibición.
También dijo que el caso no debería haberse desestimado porque había alegado adecuadamente la discriminación.
"Los demandados atacaron el discurso de Berenson debido a su condición de representante que habla en nombre y dirigido a los estadounidenses no vacunados", afirmaba la apelación.
Berenson declaró a The Epoch Times: "Espero seguir persiguiendo al Dr. Scott Gottlieb, miembro del consejo de administración de Pfizer, y al presidente, el Dr. Albert Bourla, por su papel en la conspiración para silenciarme y excluirme de la plataforma".
Los abogados de Gottlieb y Bourla afirmaron en un escrito presentado el 11 de mayo ante la corte de apelación que las alegaciones de Berenson no prosperan, en parte porque los estadounidenses no vacunados no constituyen un colectivo identificable, lo que debilita las acusaciones de discriminación. También señalaron que las comunicaciones de Gottlieb con Twitter eran "expresiones de opinión no coercitivas sobre asuntos de interés público" y, por lo tanto, estaban protegidas por la Primera Enmienda.
