El fiscal general de Florida, James Uthmeier, exige a la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, que revierta inmediatamente las políticas de santuario que supuestamente impuso a la policía local, según una carta que le envió a su oficina el 11 de marzo.
Uthmeier acusa a Castor de obstaculizar los esfuerzos de coordinación entre el Departamento de Policía de Tampa y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al tiempo que la amenaza con sanciones civiles y la destitución de su cargo si no cumple.
En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, Castor dijo que "la ciudad de Tampa revisará las preocupaciones planteadas y evaluará nuestras políticas y procedimientos para garantizar que hacemos todo lo posible para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración".
Cuando se le preguntó sobre las políticas que Uthmeier exigía que se revocaran, el Departamento de Policía de Tampa se remitió a la declaración de la alcaldesa.
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En la carta a Castor, Uthmeier dijo que su oficina se enteró recientemente de las políticas del Departamento de Policía de Tampa que afectan al acuerdo 287(g) de la ciudad con el ICE y violan varias leyes estatales.
En virtud del artículo 287(g) de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, el ICE puede firmar acuerdos con organismos policiales estatales, locales o tribales en los que se describen las áreas de cooperación.
La política municipal en cuestión "establece efectivamente una política de santuario", según la carta de Uthmeier.
Según la legislación de Florida, las entidades gubernamentales locales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen prohibido adoptar o aplicar cualquier política de santuario, que el estado define como "ley, política, práctica, procedimiento o costumbre... que prohíbe o impide" que las fuerzas del orden estatales o locales cooperen con las autoridades federales de inmigración.
"La ley estatal no solo prohíbe claramente las 'políticas de santuario'", escribió Uthmeier, sino que también exige a las jurisdicciones estatales y locales que hagan "todo lo posible" para apoyar la aplicación de la ley de inmigración.
El Estado del Sol lidera actualmente la nación en acuerdos 287(g) con 344 organismos participantes.
El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció un aumento de diez veces en los acuerdos 287(g) bajo la presidencia de Donald Trump. Al final de la administración Biden, existían 135 asociaciones de este tipo, pero esa cantidad se disparó a más de 1400 en el primer año de Trump.
Mientras tanto, los estados liderados por los demócratas, entre ellos Nuevo México, Maine y Maryland, prohibieron recientemente a las fuerzas del orden locales ejecutar los acuerdos 287(g). Un total de nueve estados prohibieron este tipo de asociaciones, y es posible que se sumen más.
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En Tampa, el fiscal general de Florida acusa a la alcaldesa de adoptar políticas que impiden a los agentes compartir información con las autoridades de inmigración sobre las víctimas o los testigos de un delito, incluyendo si tienen estatus legal.
La policía de Tampa apoya estas políticas porque no quiere que los inmigrantes ilegales se preocupen por las consecuencias migratorias cuando cooperan con las fuerzas del orden, dijo Uthmeier.
"Pero queremos que los inmigrantes ilegales teman las consecuencias migratorias en la medida en que se encuentran aquí ilegalmente", se lee en la carta. "Este tipo de políticas que incumplen las leyes de inmigración de nuestra nación contribuyen positivamente a la afluencia masiva de inmigrantes ilegales que ha experimentado Florida".
Además, Uthmeier dijo que las políticas restringen a los agentes de Tampa a participar en acciones de control de inmigración "de amplio alcance", que el fiscal general de Florida califica de "ambiguas" y una violación de la prueba de "mejor esfuerzo" del estado.
Uthmeier exigió a Castor que ordenara la revocación de estas políticas a más tardar el 31 de marzo.
De no hacerlo, podría enfrentarse a sanciones civiles o a la destitución de su cargo por parte del gobernador Ron DeSantis, afirmó Uthmeier.
"Debe mejorar", escribió Uthmeier a Castor. "El alcalde de Tampa y la policía de Tampa deben dar prioridad a la seguridad de los estadounidenses por encima de la comodidad de los inmigrantes ilegales que cometieron delitos y que, para empezar, no tienen derecho a estar aquí".
