El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos inició acciones para revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas acusadas de diversos delitos graves, entre ellos delincuentes sexuales, estafadores y narcotraficantes. Dentro de ese grupo figuran dos mexicanos, de quienes ya se iniciaron procesos de desnaturalización.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido el 8 de junio, las acciones se sustentan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite retirar la ciudadanía a quienes la obtuvieron de manera ilegal o mediante el ocultamiento de hechos materiales o declaraciones falsas intencionales.
"Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero contra el abuso de este proceso", dijo el fiscal general interino, Todd Blanche.
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Uno de los casos corresponde a Maria Lourdes Montoya, de 63 años y originaria de México. Según el DOJ, Montoya utilizó información falsa sobre la identidad de su esposo para obtener primero la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía estadounidense.
Las autoridades señalaron que, durante sus trámites migratorios, aseguró ser la esposa de un ciudadano estadounidense llamado Gilberto Montoya. Sin embargo, sostienen que nunca contrajo matrimonio con esa persona, quien había fallecido décadas antes. En cambio, indican que estaba casada con Ernesto Orozco-Viramontes, un ciudadano mexicano que asumió la identidad de Gilberto, y que ella tenía conocimiento de dicha falsedad, beneficiandose de ello para obtener ventajas migratorias.
Con dichos argumentos, el gobierno estadounidense presentó una demanda de cinco cargos para cancelar su ciudadanía naturalizada.
Un nuevo ciudadano estadounidense sostiene un programa mientras espera para prestar el juramento de lealtad antes de recibir su certificado de naturalización durante una ceremonia oficial en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, Illinois, el 25 de junio de 2025. (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP vía Getty Images)El segundo caso involucra a Armando Mendoza, de 39 años, también originario de México. El comunicado señala que, antes de naturalizarse, comenzó a recibir de manera consciente imágenes sexualmente explícitas de menores desde al menos 2009.
No obstante, durante su solicitud y entrevista de naturalización en 2011, Mendoza declaró que nunca había cometido un delito o una infracción por la que no hubiera sido arrestado. De acuerdo con las autoridades, en 2013, ya como ciudadano estadounidense, se declaró culpable de recibir ese tipo de material.
La demanda de desnaturalización sostiene que Mendoza no cumplía con el requisito legal de demostrar buena conducta moral durante el periodo exigido por la ley, tras haber cometido un delito que implicó depravación moral y haber proporcionado un testimonio falso sobre dichos hechos. Además, el gobierno afirma que ocultó de manera intencional información material relacionada con el delito durante su proceso de naturalización.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que "la ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse con honestidad. Si alguien llega a este país, viola nuestras leyes y miente durante sus procedimientos migratorios, pierde ese privilegio".
Por su parte, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate dijo que EE. UU. no ignorará "a quienes obtuvieron ilegalmente la ciudadanía estadounidense. Cualquiera que piense que puede defraudar el proceso de naturalización debe pensarlo dos veces".
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En referencia a los procesos de migración, funcionarios como el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, han tomado una postura estricta. Landau se ha ganado el apodo de "El Quitavisas", por su posición. Por ejemplo, en junio de 2025, respondió a una internauta de X que publicó un mensaje ofensivo contra las autoridades migratorias estadounidenses.
"Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país", escribió Landau.
Otro ejemplo del endurecimiento de las políticas migratorias bajo esta administración, es la política de revisión de redes sociales para los solicitantes de visa H-1B. Según el Departamento de Estado, todos los solicitantes de visa de estudiante y de intercambio están sujetos a esta revisión para demostrar su elegibilidad.
"Cada adjudicación de visa es una decisión de seguridad nacional", declaró el departamento en su anuncio. "Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho".
Con información de Aldgra Fredly.
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