La Corte Suprema de Estados Unidos programó el 2 de enero argumentos orales en casos que cuestionan si los usuarios de drogas ilegales pueden poseer armas y si las empresas estatales cubanas pueden ser demandadas por activos nacionalizados hace décadas por el gobierno comunista de Cuba.
La Corte más alta del país dijo en un anuncio que el caso de armas, Estados Unidos v. Hemani, se escuchará el 2 de marzo, y el caso de nacionalización, Exxon Mobil Corp. v. Corporación Cimex, se escuchará el 23 de febrero.
En Hemani, el gobierno federal defiende una ley estadounidense que prohíbe la posesión de armas de fuego a quienes consumen sustancias controladas ilegalmente. Hunter Biden fue condenado en junio de 2024 bajo la misma ley utilizada para procesar a Hemani, pero su padre, el entonces presidente Joe Biden, lo indultó en diciembre de 2024.
La administración Trump generalmente apoya los derechos de la Segunda Enmienda, pero argumenta que una prohibición federal a que los consumidores de drogas posean armas de fuego es una restricción razonable que promueve la seguridad pública.
En 2022, la Corte Suprema votó 6 a 3 en el caso New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, sosteniendo que existe un derecho constitucional a portar un arma en público para defensa propia y que las restricciones a las armas de fuego deben tener un análogo histórico para ser consideradas constitucionales.
Sin embargo, en 2024, la corte ratificó otra ley federal que prohíbe la posesión de armas de fuego a las personas con órdenes de alejamiento relacionadas con la violencia doméstica. La corte ratificó dicha ley por 8 votos a favor y 1 en contra.
Los jueces concluyeron en ese caso, Estados Unidos v. Rahimi, que no se viola la Segunda Enmienda cuando un individuo es desarmado después de que una corte ha determinado que representa una amenaza creíble para la seguridad física de otra persona.
En Hemani, el demandado, Ali Danial Hemani, es ciudadano de Estados Unidos y Pakistán, según la petición del gobierno.
La petición describe a Hemani como un "narcotraficante que consume drogas ilegales". El FBI obtuvo una orden de registro para registrador su domicilio y encontró una pistola Glock de 9 mm, 60 gramos de marihuana y 4.7 gramos de cocaína.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito sostuvo en el caso que la Segunda Enmienda impide al Congreso restringir la posesión de armas de fuego por parte de usuarios habituales de drogas ilegales.
El Quinto Circuito desestimó una condena por delito grave contra Hemani, pero sostuvo que la prohibición aún podía aplicarse a personas acusadas de estar intoxicadas por drogas y armadas al mismo tiempo.
La petición del gobierno establece que los consumidores habituales de drogas en posesión de armas de fuego "representan peligros únicos para la sociedad, especialmente porque plantean un grave riesgo de enfrentamientos armados y hostiles con agentes de policía mientras están incapacitados".
Al menos 32 estados y territorios han aprobado leyes similares que limitan la posesión de armas de fuego por parte de drogadictos y consumidores de drogas, se lee en la petición.
Los abogados de Hemani dicen que la prohibición pone en riesgo a millones de estadounidenses porque, según datos del gobierno, una quinta parte de los estadounidenses ha probado la marihuana.
El caso de las propiedades nacionalizadas:
El caso de las expropiaciones: Exxon Mobil contra Corporación Cimex
En el caso de Exxon Mobil, la compañía, que antes se llama Standard Oil Co., presentó una demanda para pedir compensación a empresas del gobierno cubano por los activos de petróleo y gas natural confiscados en 1960.La demanda se inició bajo la Ley Helms-Burton federal, una ley de 1996 que permite a los estadounidenses demandar a "cualquier persona… que trafique" con propiedad confiscada, ya sea sea poseyéndola, transfiriéndola, usándola o beneficiándose de ella, según la petición de Exxon Mobil .
El difunto dictador cubano Fidel Castro derrocó al gobierno en 1959 y convirtió a Cuba en un estado de partido único en el que se implementaron políticas socialistas, incluida la nacionalización de los activos de empresas extranjeras.
La ley define "persona" para incluir "cualquier agencia o instrumento de un estado extranjero", y contempla específicamente la obtención de sentencias civiles contra "una agencia o instrumento del Gobierno cubano", según la petición.
La cuestión jurídica aquí es si la ley "deroga la inmunidad soberana extranjera en casos contra instrumentos cubanos", dice la petición.
La inmunidad soberana extranjera es una doctrina jurídica que impide que los gobiernos sean demandados a menos que acepten hacerlo. La derogación es el acto de anular formalmente una ley o disposición legal.
Hasta hace poco, partes como Exxon no podían presentar demandas contra empresas del gobierno cubano bajo la ley porque el presidente Bill Clinton suspendió el Título III, la parte de la ley que permite presentar demandas por compensación.
En su primer mandato, el presidente Donald Trump revocó la suspensión el 2 de mayo de 2019 y Exxon presentó su demanda el mismo día.
En 2024, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, dividido en su opinión, determinó que las demandas amparadas en el Título III solo pueden prosperar contra entidades cubanas si la demanda se acoge a una excepción de la Ley Federal de Inmunidades Soberanas Extranjeras. La corte de circuito devolvió el caso a la corte federal de distrito para determinar si la excepción se aplica en este caso.
Encasillar la Helms-Burton en el marco de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras niega a muchos demandantes la oportunidad de ejercer el recurso judicial prometido por la Helms-Burton "porque muchos casos de tráfico por parte de empresas de propiedad cubana pueden no satisfacer ninguna excepción [de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras]", según la petición.
La empresa estatal cubana, Corporación Cimex, argumentó en un escrito que si el argumento legal de Exxon prevalece, podría tener ramificaciones que lleguen más allá de las empresas cubanas.
Las empresas propiedad de otros gobiernos estarían expuestas a acciones del Título III en los juzgados estadounidenses a pesar de "las disposiciones de inmunidad de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que permite la demanda solo en las condiciones especificadas en sus excepciones enumeradas a la inmunidad que de otro modo confiere categóricamente", señala el escrito.
