Un grupo de activistas de ambos bandos del debate sobre las armas de fuego elaboró un paquete de ocho propuestas de políticas sobre armas que, en su opinión, pueden aceptar ambas partes.
El proyecto, titulado "Bridge the Divide on Firearm Policy" (Tender puentes en la política sobre armas de fuego), está dirigido por el Dr. Michael Siegel, de la Universidad de Tufts. Siegel afirma que el proyecto no tiene precedentes en el debate sobre las armas.
Los 23 miembros incluían abogados, veteranos de los movimientos a favor y en contra del control de armas, comerciantes de armas, líderes religiosos, trabajadores sanitarios y veteranos militares. Se reunieron online mensualmente en 2025 y celebraron dos sesiones presenciales.
No comenzaron con la política.
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"Al principio dedicamos mucho tiempo a conocernos. Descubrimos que teníamos muchos puntos en común", explicó Siegel a The Epoch Times.
Las políticas abarcan algunas de las cuestiones más espinosas del debate sobre las armas.
Entre ellas se incluyen la verificación de antecedentes, el acceso de los niños a las armas de fuego y su almacenamiento seguro, la intervención en la violencia comunitaria, la regulación a los comerciantes de armas y el tráfico de armas, las órdenes de protección por riesgo extremo, la educación para la prevención de lesiones, la prevención del suicidio y la prevención de la obtención de armas por parte de personas con veto para el porte.
En sus 13 años de investigación sobre cuestiones relacionadas con las armas de fuego, Siegel descubrió que los defensores del control de armas influían de manera desproporcionada en la política. Le parecía que los defensores de la Segunda Enmienda estaban excluidos del proceso.
En 2023, se adentró en la cultura de las armas y se dio cuenta de que las diferencias no eran tan marcadas como parecían. Descubrió que los propietarios de armas se preocupan por la seguridad de las comunidades, sus derechos constitucionales y mantener las armas lejos de los delincuentes.
Siegel concluyó que solo se lograría una política eficaz cuando ambas partes participaran.
La gente prueba armas de fuego en la exposición de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison de Dallas, Texas, el 18 de mayo de 2024. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)"La idea era reunir a la gente, hablar y llegar a un acuerdo", dijo Siegel. "Encontremos una forma de reducir la violencia con armas de fuego, pero al mismo tiempo protejamos los derechos de la Segunda Enmienda".
Richard Aborn, un veterano del movimiento de control de armas, está de acuerdo. Aborn dirigió la antigua Handgun Control, Inc., que finalmente se convirtió en la Brady Campaign to Prevent Gun Violence.
Dijo que, durante años, ambas partes se han "dedicado a lanzarse pullas", sofocando cualquier debate razonable con una retórica airada que presenta a la otra parte como el enemigo.
"Olvidamos que las personas más afectadas por esto no estaban sentadas con nosotros, y eso fue una gran pérdida", dijo Aborn.
Uno de los antiguos adversarios de Aborn, Rob Pincus, vicepresidente ejecutivo de la Second Amendment Organization y activista por el derecho a portar armas, dijo que el proyecto habría fracasado sin un debate real.
"Todo el mundo puede escuchar y todo el mundo puede ser escuchado", dijo Pincus.
Los antiguos adversarios no se hacen ilusiones sobre cómo será recibido el paquete de medidas.
"Había muchas posibilidades de controversia en esta sala, pero creo que hay algunas ideas realmente buenas en este paquete", dijo Pincus.
Un empleado de Just Holster It, una tienda de armas de fuego y centro de entrenamiento en Elma, Nueva York, introduce información en un sistema estatal de verificación de antecedentes para un cliente de municiones, el 18 de octubre de 2023. (Cortesía de Josh Hawkins)Las políticas que probablemente suscitarán debate abarcan las verificaciones de antecedentes y las órdenes de protección por riesgo extremo, las llamadas leyes de bandera roja.
El sistema nacional de verificación instantánea de antecedentes penales ha sido controvertido desde su creación en 1993. Ambas partes se han quejado de que el sistema permitía a personas prohibidas comprar armas, mientras que bloqueaba falsamente a compradores que cumplían la ley.
La política de Bridging the Divide establecería un proceso a nivel estatal. Esto reduciría el problema de que los datos no lleguen al sistema NICS, lo que debería hacer que el proceso sea más eficiente, según la política.
Se exigirían verificaciones de antecedentes para todas las ventas privadas, algo a lo que se han opuesto firmemente los defensores del derecho a poseer armas. La política también prevé exenciones para determinadas transferencias.
El informe del panel también aborda un punto clave de la plataforma de control de armas: La prohibición de determinados rifles semiautomáticos conocidos comúnmente como rifles de asalto.
Siegel afirmó que su investigación demuestra que dicha prohibición restringe los derechos de los propietarios de armas más de lo que promueve la seguridad pública.
"He evaluado las pruebas y, basándome en mi investigación, no vemos ningún efecto de esas leyes (en la seguridad pública)", dijo Siegel.
"Prohibir las armas de asalto, no los libros", dice un cartel fuera de la Biblioteca Regional Tysons-Pimmit, uno de los centros de votación anticipada presencial, en Falls Church, Virginia, el 4 de noviembre de 2023. (Terri Wu/The Epoch Times)Afirmó que impedir que algunas personas tengan todas las armas es más eficaz que impedir que todas las personas tengan algunas armas.
Esta es la base de la propuesta de la Ley de Bandera Roja.
Exige un proceso debido estricto y sanciones para quienes presenten denuncias falsas.
También permitiría a los sujetos de una orden de Bandera Roja transferir sus armas a un almacén privado en lugar de entregarlas al Estado. También exige servicios de atención de salud mental.
En lo que respecta a las personas prohibidas, la política establece que quienes han cometido actos violentos en el pasado son los más propensos a continuar con ese comportamiento. Por lo tanto, las personas condenadas por delitos menores violentos podrían perder su derecho a poseer armas.
Sin embargo, la política permitiría a los condenados por delitos graves no violentos recuperar sus derechos en virtud de la Segunda Enmienda.
Los participantes en el proceso afirman que ninguno de ellos consiguió todo lo que quería. Sin embargo, consideran que se abordaron sus preocupaciones más acuciantes. Y, lo que es más importante, saben que pueden reunirse cuando sea necesario para resolver los problemas que puedan surgir.
"Realmente hemos aprendido a escuchar", afirmó Aborn. "Tenemos que poner fin a esta división como nación. No nos lleva a ningún sitio bueno".
