Análisis de noticias
Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, el presidente Donald Trump afirmó que las empresas petroleras estadounidenses ayudarían a reconstruir la decadente industria petrolera del país.
Sin embargo, siguen existiendo muchos obstáculos para realizar grandes inversiones en un país que sigue bajo un régimen autoritario.
El primer obstáculo es el grado de deterioro de la infraestructura petrolera de Venezuela bajo el régimen de Maduro.
"La infraestructura está oxidada, podrida, en su mayor parte inutilizable", declaró Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo. "Es vieja. Está rota. Se ven tuberías tiradas por el suelo. No se ha invertido nada en años".
En su momento álgido, con el capital y la tecnología de las grandes petroleras estadounidenses Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron; la británica BP; la francesa Total; y la noruega Statoil, Venezuela producía más de 3 millones de barriles de petróleo al día. El país llegó a suministrar aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo importado por Estados Unidos.
Sin embargo, desde que el régimen autoritario de Hugo Chávez expropió los activos de las empresas petroleras privadas en 2007, la producción cayó hasta el nivel actual de 700,000 barriles diarios. La infraestructura del país, en ruinas, frenó la producción, mientras que el embargo de Estados Unidos redujo la demanda de las exportaciones venezolanas.
No obstante, lo que quedaba de la industria petrolera de la empresa generó suficiente dinero para financiar los regímenes de Chávez y Maduro, su sucesor, y suministra hoy en día alrededor de dos tercios del presupuesto del gobierno. Mientras tanto, China sustituyó a Estados Unidos como el mayor comprador de Venezuela, eludiendo el embargo y adquiriendo alrededor del 80 por ciento de sus exportaciones de petróleo, aunque a un precio reducido.
Según un informe publicado el 5 de enero por Morningstar, una empresa de investigación financiera, ahora se necesitarían entre USD 180 mil y 200 mil millones en gastos de capital para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, y los beneficios de esa inversión se obtendrían en los próximos años o décadas.
Un segundo impedimento importante es el historial de Venezuela de confiscar en dos ocasiones activos extranjeros.
Aunque muchos países, entre ellos Arabia Saudí, Kuwait, Nigeria, Irán, Irak, Libia, Argelia y Venezuela, nacionalizaron la producción de petróleo en la década de 1970, en general ofrecieron compensaciones a las empresas petroleras que aportaron capital y tecnología para construir la industria. Cuando Venezuela expropió activos extranjeros en 2007, no pagó ninguna compensación.
Como resultado, varias empresas estadounidenses han demandado a Venezuela por aproximadamente USD 60 mil millones en concepto de daños y perjuicios, y tanto las cortes estadounidenses como los internacionales se pusieron del lado de las empresas. En enero de 2025, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial confirmó una decisión de 2022 de una corte federal estadounidense según la cual Venezuela debe pagar USD 8500 millones a ConocoPhillips.
El tercer gran impedimento es la falta de un gobierno y un sistema legal estables bajo los cuales las empresas puedan operar.
"Las empresas estadounidenses no comprometerán capital importante en Venezuela sin un restablecimiento creíble del estado de derecho", declaró Jason Isaac, director ejecutivo del American Energy Institute, a The Epoch Times. "Eso significa protecciones contractuales vinculantes, resolución de disputas ejecutable y un marco de acuerdo para la expropiación heredada y las deudas impagadas de empresas conjuntas".
Desde la elección del régimen socialista de Chávez en 1998, Venezuela pasó de ser el país más rico de Sudamérica y uno de los 20 más ricos del mundo a convertirse en "el arquetipo de un petroestado fallido", según un informe de 2024 del Consejo de Relaciones Exteriores. El producto interior bruto (PIB) de Venezuela se redujo en aproximadamente tres cuartas partes entre 2014 y 2021, repuntando ligeramente en 2023 cuando la administración Biden suavizó las sanciones existentes sobre las exportaciones de petróleo del país.
Bajo un régimen socialista, el país experimentó hiperinflación, escasez de artículos esenciales, incluidos alimentos y medicinas, una afluencia de cárteles de la droga y una salida de refugiados.
Venezuela también fue acusada por la administración Trump de actuar en connivencia con los adversarios de Estados Unidos y de dar cobijo a grupos terroristas extranjeros.
Durante una entrevista en la NBC, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Venezuela como "una encrucijada para las actividades de todos nuestros adversarios en todo el mundo".
Trump declaró que su objetivo es estabilizar la situación política en Venezuela para que las empresas privadas puedan aportar capital y tecnología a las reservas petroleras del país.
El gobierno de Estados Unidos, declaró Trump el domingo, "no va a invertir nada".
"Solo vamos a ocuparnos del país", dijo. "Vamos a ocuparnos, lo que es más importante, de las personas, incluidos los venezolanos que viven en nuestro país y que se vieron obligados a abandonar el suyo. Se les va a cuidar muy bien".
Con información de Reuters.
