Un juez federal emitió el miércoles una orden para impedir la deportación de los familiares de un hombre acusado del ataque con bombas incendiarias en Boulder, Colorado.
El juez Gordon Gallagher, de la Corte de Distrito de Colorado, concedió una solicitud de la familia de Mohamed Sabry Soliman para bloquear los procedimientos de deportación, después de que las autoridades de inmigración los pusieran bajo custodia.
El gobierno «no expulsará» a la esposa y los cinco hijos de Soliman de Colorado «a menos que este tribunal o la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito revoque esta orden», escribió Gallagher en su orden judicial.
«Además, el tribunal considera que la deportación sin proceso podría causar un daño irreparable y que se debe emitir una orden sin previo aviso debido a la urgencia de la situación», reza la orden.
Soliman, ciudadano egipcio de 45 años, fue acusado de un delito federal de odio tras el ataque incendiario perpetrado el 1 de junio en una concentración para expresar su solidaridad con los rehenes secuestrados en Israel por el grupo terrorista Hamás. Las autoridades del condado de Boulder informaron en su última actualización que ocho mujeres y siete hombres, de entre 25 y 88 años, resultaron heridos.
Los investigadores alegan que Soliman gritó «Palestina libre» antes de lanzar cócteles Molotov contra la multitud, y que había planeado el ataque durante más de un año, esperando hasta después de la graduación de su hija para llevarlo a cabo. También recuperaron al menos 14 cócteles Molotov sin usar y un pulverizador de mochila, que se cree que fue modificado para convertirlo en un lanzallamas improvisado.
Además de los cargos federales por delito de odio, Soliman se enfrenta a docenas de cargos a nivel estatal, entre los que se incluyen 16 cargos de intento de asesinato en primer grado, así como múltiples cargos de agresión en primer grado, posesión de un artefacto incendiario e intento de posesión de un artefacto incendiario. Solo los cargos de asesinato podrían suponer 384 años de prisión si se le declara culpable.
La esposa y los cinco hijos de Soliman no han sido acusados de ningún delito. Sin embargo, el 3 de junio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que habían sido puestos bajo custodia federal.
«Estamos investigando hasta qué punto su familia sabía de este atroz ataque, si tenían conocimiento del mismo o si le prestaron apoyo», escribió Noem en una publicación en la plataforma de redes sociales X.
Pocas horas después, la Casa Blanca afirmó que la familia podría ser deportada de Estados Unidos.
«Seis boletos de ida para la esposa y los cinco hijos [de Soliman]. Pronto se realizará la última llamada para embarcar», publicó la Casa Blanca en X.
Las oficinas de Washington y Colorado del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
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