El jueves, un juez federal ordenó la suspensión temporal de cualquier desarrollo adicional en el centro de detención de inmigrantes "Alligator Alcatraz" de Florida.
La jueza federal Kathleen Williams ordenó que se prohíba a los trabajadores realizar cualquier nuevo desarrollo en las instalaciones, como nuevas construcciones, pavimentación o infraestructura, durante los próximos 14 días. Mientras tanto, las instalaciones seguirán funcionando y albergando a los detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las instalaciones de Florida, construidas en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier y que reúnen en un solo lugar la detención, el procesamiento y la deportación de inmigrantes ilegales, se inauguraron el 1 de julio, ocho días después de que las autoridades estatales anunciaran el inicio de las obras.
Los planes de desarrollo fueron propuestos y ejecutados por la División de Gestión de Emergencias de Florida, bajo la dirección ejecutiva de Kevin Guthrie, quien hizo uso de los poderes de emergencia que le otorgó el gobernador Ron DeSantis, tras recibir el visto bueno de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Utilizando estructuras temporales diseñadas para resistir huracanes de categoría 2, las instalaciones se construyeron exclusivamente en terrenos previamente urbanizados y, en lugar de ampliar la superficie, los operadores recurrieron a un flujo continuo de camiones para transportar combustible y agua potable y eliminar todos los residuos.
Con el fin de acelerar la construcción, el gobierno del estado de Florida se hizo cargo de las instalaciones del condado de Miami-Dade, tras fracasar los intentos de comprar la pista de aterrizaje antes de la construcción.
Friends of the Everglades y sus co-demandantes alegaron en su demanda judicial que el desarrollo de la zona eludió un proceso de revisión obligatorio y que se proporcionó "muy poca información" al público.
"Este proyecto se ha llevado a cabo de forma precipitada, sin analizar en absoluto el impacto de todos los vehículos y las miles de personas que se verán retenidas o trabajarán en el lugar", dijo la co-abogada Alisa Coe, de Earthjustice, durante una rueda de prensa celebrada el 1 de julio.
Se presentaron cuatro cargos contra el condado, el estado y los demandados federales por la rápida construcción y puesta en funcionamiento de Alligator Alcatraz, entre ellos la presunta violación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) por no emitir una declaración de impacto ambiental y no dar tiempo para que el público presentara comentarios y la violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al no someter sus acciones a una revisión judicial.
Los demandados estatales y federales rechazaron las alegaciones de los demandantes, afirmando que Florida actuó por su cuenta para planificar y desarrollar el emplazamiento utilizando sus propios fondos por adelantado, haciendo uso de los poderes de emergencia del estado y de la autoridad federal en materia de inmigración preestablecida.
Los demandados negaron que se hubiera pagado ningún financiamiento federal a Florida para la construcción de las instalaciones y argumentaron que los organismos estatales no están sujetos a la NEPA ni a la APA y que los demandantes no han presentado pruebas de que las instalaciones vayan a causar daños.
El juez declaró el 7 de agosto que Alligator Alcatraz era, como mínimo, una asociación conjunta entre los gobiernos federal y estatal.
Con información de Associated Press.
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