Un ciudadano mexicano extraditado a Estados Unidos fue condenado a 87 meses de prisión por su participación en una red de contrabando de personas que operó durante varios años en la frontera entre Estados Unidos y México.
Raúl Saucedo-Huipio, de 51 años y residente de Mexicali, Baja California, junto con otros conspiradores, facilitó entre 2018 y 2022 el traslado de un gran número de personas de diversas nacionalidades hacia Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado publicado el 15 de junio. La organización cobraba hasta decenas de miles de dólares por cruzar ilegalmente la frontera.
Las autoridades señalaron que Saucedo-Huipio desempeñó funciones de supervisor dentro de la red de tráfico de personas y que con frecuencia portaba un arma de fuego en la cintura antes de que los migrantes cruzaran la frontera.
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Según la investigación, la organización trasladó a personas procedentes de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. La conspiración movió a más de 200 personas, aunque las autoridades consideran que la cifra real podría ser mucho mayor.
"El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo contra nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo", afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Las autoridades indicaron que Saucedo-Huipio y sus cómplices dirigían a los migrantes para cruzar la frontera mediante distintos métodos. Les proporcionaban escaleras para superar la valla fronteriza, señalaban agujeros en el cerco y facilitaban tablones para cruzar cuerpos de agua.
En uno de los eventos de tráfico supervisados por Saucedo-Huipio, tres niños pequeños tuvieron que cruzar sobre una tabla de madera colocada sobre un cuerpo de agua.
Además del traslado ilegal, la organización robaba dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias a los migrantes. De acuerdo con la acusación, los integrantes del grupo cometían estos robos mientras portaban armas de fuego y cuchillos.
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Saucedo-Huipio y Ofelia Hernández-Salas fueron arrestados en México en marzo de 2023 tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Hernández-Salas se declaró culpable en diciembre de 2024 de un cargo de conspiración para introducir a una persona a Estados Unidos y de tres cargos por introducir personas al país con fines de beneficio comercial o ganancia económica privada. El 13 de mayo fue sentenciada a 11 años de prisión por su participación en la organización.
En marzo de 2026, Saucedo-Huipio se declaró culpable de conspiración para introducir a una persona a Estados Unidos y de introducir a una persona al país.
La investigación estuvo a cargo de HSI Yuma con apoyo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, ICE, el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, HSI Tijuana, INTERPOL y otras agencias estadounidenses y mexicanas.
El Departamento de Justicia informó que la Oficina de Asuntos Internacionales desempeñó un papel clave para lograr el arresto y la extradición del acusado desde México.
También agradeció la colaboración de las autoridades mexicanas, incluida la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por hacer posible la extradición.
"Cuando nuestros países trabajan juntos para combatir el tráfico de personas, ayudamos a salvar vidas y desmantelamos redes criminales" reaccionó en X, el embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson.
El diplomático también resaltó que el caso expone los riesgos que enfrentan los inmigrantes ilegales así como el alcance global de estas redes criminales, y subrayó que a través de una fuerte cooperación los traficantes están rindiendo cuentas.
Agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la frontera entre Estados Unidos y México cerca de San Diego el 27 de mayo de 2026. Una política del Gobierno de Trump permite a las autoridades detener sin fianza a los inmigrantes ilegales que llevan años en el país. (John Fredricks/The Epoch Times).Desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, las autoridades migratorias de Estados Unidos intensificaron las acciones para contener los cruces irregulares en la frontera. Paralelamente, el gobierno endureció las medidas contra las redes de tráfico de personas, incluida la cancelación de visas a individuos relacionados con estas actividades.
En febrero, el centro de investigación Pew Research reportó que los encuentros de inmigrantes indocumentados con la Patrulla Fronteriza en la frontera con México descendieron a su nivel más bajo en más de 50 años.
Según la organización, durante el año fiscal 2025 la Patrulla Fronteriza registró 237,538 encuentros en la frontera sur, una cifra muy inferior a los 1.5 millones contabilizados en 2024 y por debajo del máximo histórico de 2.2 millones alcanzado en 2022.
El 13 de mayo, el vicepresidente JD Vance afirmó que los contribuyentes estadounidenses destinan cada año cientos de miles de millones de dólares a cubrir costos relacionados con la inmigración ilegal, incluidos beneficios obtenidos de forma fraudulenta y gastos judiciales asociados con personas detenidas por delitos.
"He visto intentos de cuantificar esto. Creo que la respuesta es cientos de miles de millones de dólares al año", declaró Vance al responder una pregunta de The Epoch Times durante una conferencia de prensa.
El vicepresidente señaló que, independientemente de si la cifra asciende a 300,000 millones o 600,000 millones de dólares, se trata de recursos que se destinan a programas como Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, el sistema penitenciario, tarifas administrativas y otros costos vinculados con el procesamiento de inmigrantes indocumentados que cometen delitos.
Vance añadió que resulta difícil determinar un monto exacto debido a la participación de distintos actores que, según dijo, contribuyen a ocultar el estatus migratorio de algunos extranjeros.
También sostuvo que el costo anual de encarcelar a un inmigrante ilegal que comete un delito oscila entre 60,000 y 120,000 dólares por recluso.
Con información de Estela Hernández.
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