El zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan, dijo que el Departamento de Justicia inició una investigación sobre las fuentes de financiación de lo que él denominó ataques "organizados" contra los agentes federales de control de la inmigración, en medio de los crecientes enfrentamientos en las principales jurisdicciones denominadas "santuario".
En una entrevista concedida al programa The Alex Marlow Show, Homan afirmó que la reciente violencia dirigida contra el personal y las instalaciones del ICE en Portland, Los Ángeles y el suburbio de Broadview, en Chicago, va más allá de una protesta espontánea y refleja una logística coordinada, que incluye equipamiento y armamento estandarizados entre los manifestantes.
"Las amenazas de muerte y los ataques aumentaron más de un 1000 por ciento", dijo Homan, atribuyendo la escalada a la "retórica de odio" de algunas figuras de los medios de comunicación y políticos que comparan al ICE con los nazis o la Gestapo.
"Hay 300 personas que aparecen con las mismas máscaras, los mismos escudos, las mismas armas... ¿Acaso van todos al mismo minimercado y compran las mismas cosas? No, alguien les está suministrando todo eso. Les pagan por hacerlo", afirmó Homan.
Homan dijo que los funcionarios del Departamento de Justicia "están al tanto de todo esto" y están trabajando para identificar a quienes podrían estar financiando los disturbios organizados contra los agentes federales.
Cuando se le preguntó si los fiscales están sopesando el uso de las leyes contra las organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado (RICO), Homan se negó a comentar, alegando deliberaciones internas.
"Descubrirán quién está financiando esto y se les pedirá cuentas", dijo, añadiendo que los disturbios están "absolutamente organizados".
Los disturbios son una respuesta al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración por parte del presidente Donald Trump, quien prometió frenar la inmigración ilegal y autorizó intervenciones federales en jurisdicciones con políticas de santuario.
La administración hizo hincapié en las detenciones de "los peores delincuentes inmigrantes ilegales". Las recientes operaciones del ICE en Portland, por ejemplo, dieron como resultado la detención de personas condenadas por distribución de fentanilo, abuso sexual y captación de menores.
"Estamos ahí fuera haciendo cumplir las leyes", afirmó Homan en The Alex Marlow Show.
"Aquí no hay pases libres. Si estás aquí ilegalmente, si cruzas la frontera ilegalmente, es un delito y te estamos buscando".
Homan añadió que las iniciativas nacionales de aplicación de la ley tienen por objeto enviar un "mensaje contundente", disuadir los cruces ilegales y reforzar la idea de que todos los inmigrantes ilegales siguen estando sujetos a expulsión.
Sin embargo, los líderes estatales y locales acusaron a la administración de organizar enfrentamientos con fines políticos.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, cuyo estado está tratando de bloquear la federalización de las unidades de la Guardia Nacional a las que se ordenó ayudar al ICE, dijo que el despliegue de agentes fuertemente equipados en las zonas urbanas tiene como objetivo "provocar algo" en lugar de proteger la seguridad pública.
"Visten uniformes de combate, llevan armas largas... en el centro de Chicago, en Michigan Avenue. ¿Cuál es el propósito de eso? Todo es un espectáculo", dijo Pritzker en una conferencia de prensa el 9 de octubre.
Pritzker dijo que la mayoría de las protestas en Illinois fueron pacíficas y acusó a los agentes federales de atacar a las minorías en los barrios de inmigrantes.
"Detener a personas al azar por su apariencia y exigirles que demuestren su ciudadanía es simplemente incorrecto. Por eso vamos a oponernos en todo momento", afirmó.
Las impugnaciones legales se están multiplicando en varios estados. En Oregón, la gobernadora Tina Kotek decidió retirar al personal de la Guardia Nacional después de que un juez federal dictaminara que la orden de activación de Trump violaba la Décima Enmienda. El alcalde de Portland, Keith Wilson, se hizo eco de la preocupación por las tácticas "preocupantes y probablemente inconstitucionales" del personal federal destinado fuera de las instalaciones del ICE.
En respuesta a la oposición de los líderes locales, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que sus operaciones dieron lugar a una disminución de las detenciones en la frontera suroeste hasta el nivel más bajo desde 1970.
"Hemos tenido la frontera más segura de la historia de Estados Unidos", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, atribuyéndolo a la mejora de las competencias policiales y a la coordinación entre agencias.
"Bajo la presidencia de Trump, empoderamos y apoyamos a nuestras fuerzas del orden para que hagan su trabajo, y lo han cumplido".
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