La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles en lo general el dictamen que expide una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.
Tras más de seis horas de discusión el dictamen fue aprobado con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.
La iniciativa, de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos, ordena las concesiones, y asegurar su disponibilidad para toda la población.
En la sesión el bloque de mayoría integrado por los diputados de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) defendió que iniciativa respeta el derecho de las concesiones y combate el acaparamiento del líquido y el mercado negro.
En tanto, los opositores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) acusaron que el gobierno busca controlar ese recurso y usarlo con fines políticos.
En la discusión en lo particular, que llegará hasta la madrugada del jueves, se discutirán 529 reservas con una lista de 154 oradores.
Según el dictamen, con las modificaciones aprobadas el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).
Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
También integra un catálogo de conceptos sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
En la discusión el diputado Marcelo de Jesús Torres (PAN) consideró que la nueva ley "es una ley rígida, sospechosa y hostil" que carece de presupuesto, pero tiene control político, recorta derechos, debilita al productor, asfixia a la industria, rompe con la certeza jurídica, "convierte el agua en la moneda de control político, no contribuye a la política hídrica y no moderniza nada sino centraliza".
Mientras que la diputada Laura Ballesteros (MC) llamó a tener justicia hídrica para millones de mexicanos "pues 20 millones de personas no tienen agua, el 1 % de la población" y "hoy se pretende hacer un botón político, en lugar de una ley profunda que resuelva problemas".
