Caracas, 17 mar (EFE).- Henry Alviarez, coordinador nacional de organización del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la premio nobel de la paz María Corina Machado, denunció este martes que le fue negado el beneficio de amnistía, tres semanas después de la promulgación de esta ley.
"Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA", publicó Alviarez en su cuenta de X el 17 de marzo.
También criticó la decisión de los tribunales y acusó al Gobierno de perseguir "al que piensa diferente" y de convertir al Tribunal Supremo de Justicia "en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios".
"Hablan de convivencia democrática, pero es delito ser ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos", añadió en un hilo de su publicación.
Alviarez fue detenido junto a la exdiputada Dignora Hernández en marzo de 2024 por su supuesta vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de ese año.
El 8 de febrero fue excarcelado con medidas cautelares, en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El 19 de febrero, tras su aprobación por la Asamblea Nacional, la Ley de Amnistía fue promulgada por la presidente interina Delcy Rodríguez, con lo que inició el proceso de recepción de solicitudes para la revisión de casos.
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En los últimos días, organizaciones han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo las de dos periodistas y un grupo de sindicalistas.
Los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, y condenados en agosto de 2023 por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, informó el entonces fiscal general, Tarek William Saab.
Fueron excarcelados en diciembre de 2023, dos meses después de una reanudación de negociaciones políticas, con un papel preponderante de Estados Unidos, entonces bajo la Administración Biden, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció también este día la detención de María de los Ángeles Castillo cuando se dirigía a Perú a visitar a sus hijas. Fue excarcelada a finales de febrero, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela bajo libertad plena.
Consultado por las negativas de amnistía, este martes el presidente del Parlamento dijo que todos "tienen derecho a apelar" ante los tribunales, y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la legislación seguirá analizando casos.
La Ley de Amnistía establece un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, que se concede a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.
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Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales, mientras que 253 estaban encarcelados.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizó 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, afirmando que cometieron varios delitos.
