La presidenta de México Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la conclusión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) que califica a las desapariciones forzadas en México como crímenes de lesa humanidad, argumentando que el informe tiene otro propósito más allá de la oferta de ayuda.
“Si lo único que concluyera el reporte fuera: '¿cómo apoyamos?'. Ah: 'bienvenido, adelante'; aun cuando no estemos de acuerdo en algunos temas. No, el documento tiene otra orientación: de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del Gobierno de México. Entonces, eso ya es otra cosa”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina de hoy.
Sheinbaum aclaró que su gobierno no ha roto relaciones con la ONU. Detalló que, si bien rechazan el análisis del CED, mantienen un trabajo "muy cercano" con otras áreas del organismo. Enfatizó que el comité "no es precisamente uno de las organizaciones de Naciones Unidas", asegurando que tras dar lectura a su análisis es evidente que tiene otro propósito.
"Que es criticar al gobierno de México, esencialmente, y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida. Y la manera en que estructuran el informe, pues tiene muchas debilidades”, explicó la mandataria.
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Al ser cuestionada si la orientación del análisis del CED era político, la mandataria expresó que no entienden porqué hicieron la extrapolación “de crimen de lesa humanidad, cuando el gobierno está actuando”.
“Si no estuviéramos actuando, estuviéramos cruzados del brazo, no nos importara, no reconociéramos que hubiera una situación como esta, no hubiéramos hecho leyes que modifiquen, fortalecido instituciones, atendiendo a los familiares; si no hubiéramos hecho nada, bueno. Pero ¿por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el Gobierno de México?”, cuestionó Sheinbaum.
Como lo planteó desde ayer, la presidenta cuestionó la metodología del Comité y señaló que el análisis se basó solo en cuatro estados entre 2009 y 2017, proyectando esas cifras hasta el 2025.
La presidenta prometió una próxima conferencia de prensa para abordar en profundidad el documento del CED, asegurando que participarán expertos de todas las áreas pertinentes para detallar puntualmente por qué su gobierno rechaza el informe.
Las declaraciones de la mandataria se dan a un día de que Juan Pablo Albán, abogado presidente del CED respondiera al rechazo que expresó el gobierno mexicano a través de un comunicado, así como la misma presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina del 6 de abril sobre las conclusiones del comité.
Fotografía de archivo del 10 de enero de 2024 que muestra a familiares de personas desaparecidas durante una manifestación en Acapulco (EFE/ David Guzmán)Albán reafirmó la legitimidad e independencia como parte integral del Sistema de la ONU, defendiendo la decisión de elevar la crisis de México ante la Asamblea General bajo el Artículo 34.
Frente a los cuestionamientos del gobierno, el abogado aclaró que su análisis evalúa la gravedad de la situación actual —con más de 132,400 desaparecidos y 72,000 restos sin identificar para principios de 2026— y subrayó que, si bien las discrepancias jurídicas son válidas, la descalificación institucional es inaceptable.
Finalmente, hizo un llamado a no politizar el tema, exigiendo respeto al mandato del Comité y priorizando la cooperación para prevenir, investigar y erradicar este delito en favor de las víctimas.
En la conferencia matutina del 6 de abril, la mandataria ya había abordado el tema. Subrayó que dicho análisis queda fuera de los parámetros oficiales de la ONU, ya que ignora que la desaparición forzada se define estrictamente como un acto perpetrado por el Estado, generalmente por motivos políticos.
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Explicó que su gobierno presentó al comité meses atrás documentos del avance de su gobierno en materia de desapariciones, no obstante, dicha información no fue considerada por la comisión.
El CED hace un llamado de urgencia ante desapariciones en México
En su análisis, el CED —integrado por expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención sobre las desapariciones forzadas— concluyó haber recibido información con “indicios fundados de que [en México] se han cometido y se siguen produciendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad". Según el comunicado esto se basa en la existencia de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos.El documento informa que el Comité tomó en cuenta la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Por tanto, el CED decidió solicitar al Secretario General la remisión urgente de la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. El objetivo es que esta última considere medidas para apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Destacando la investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Según el comunicado, la decisión del CED se basó en la información presentada por la sociedad civil, además de la respuesta del gobierno de México tras la petición del Comité, así como la información recopilada por el órgano desde el 2012 y las solicitudes de ayuda urgentes por parte de las víctimas, informa el comunicado de la ONU.
Subraya que la "guerra contra las drogas" creó el escenario perfecto para que ocurrieran las desapariciones, asegurando que no encontró pruebas de que el gobierno de México tenga una orden oficial o un plan ideado desde la cúpula para desaparecer personas. No obstante, las desapariciones en los estados son tan graves y repetidas que siguen siendo un crimen internacional, aunque no pasen en todo el país.
"El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil", afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité según el artículo.
Según información de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, una desaparición forzada consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Mientras que el crimen de lesa humanidad, según el Artículo 7 del Estatuto de Roma —un tratado que creó la Corte Penal Internacional—, es un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, cometido como parte de una política de Estado o de una organización. Dentro de esta categoría, la ONU incluye actos como el asesinato, la tortura y, de manera crítica para el caso de México, la desaparición forzada de personas. Este último clave en la controversia actual.
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