El senador mexicano Enrique Inzunza, del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró este miércoles que permanecerá en el cargo hasta la expiración de su mandato, en 2030, a pesar de que EE. UU reclama su detención urgente al acusarle de vínculos con el narcotráfico y de posesión de armas.
"Fui electo senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses (...) Esa es la responsabilidad que me otorgaron los sinaloenses y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030", publicó el senador en su cuenta de X.
Este mensaje de Inzunza se produce en medio de crecientes rumores de que podría renunciar a su cargo en la Cámara alta por la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. que pesa en su contra, algo que el senador descartó de forma rotunda al defender su inocencia.
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Él es uno de los diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador en licencia Rubén Rocha Moya o el alcalde de Culiacán, que Washington acusa de "conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE. UU. a cambio de apoyo político y sobornos".
En concreto, les señalan de colaborar con la facción de Los Chapitos, vinculada a los hijos del capo del narcotráfico Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
En su mensaje en X, Inzunza destacó la "veracidad de mi vida al servicio de las instituciones" y remarcó que su causa será "proseguir la andadura de consolidación del estado constitucional de bienestar en México" desde el Senado.
"Siempre recto, nunca enderezado", concluyó el político de Morena, mismo partido que el de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Al igual que otros funcionarios acusados por EE. UU, el senador por Sinaloa pidió a finales de mayo una licencia temporal de dos días del cargo, una decisión que justificó en la "embestida mediática" desplegada por "medios de la derecha".
No obstante, Inzunza regresó a su puesto tras el plazo estipulado.
Sobre este caso, Sheinbaum explicó esta misma semana que no existe un plazo para que Washington presente pruebas contra los políticos cuya detención reclama con fines de extradición, al tiempo que volvió a defender la negativa de su gobierno a aceptar esta solicitud por la falta de evidencias presentadas en la solicitud inicial.
