La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) está cerrando alguna de las instalaciones que albergaban a inmigrantes ilegales, lo que podría suponer un ahorro de millones de dólares para la agencia.
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Un inmigrante ilegal de Colombia se declaró culpable el 17 de marzo de un cargo federal por ayudar a una banda de ladrones que apuntó con una pistola a la cabeza de un hombre antes de robarle un reloj de un millón de dólares mientras cenaba con su esposa y sus gemelas de 5 años en el patio de un restaurante de hotel en Beverly Hills, California, el año pasado.
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Una operación policial en el norte de Virginia llevó a la detención de 214 inmigrantes ilegales criminales, incluidos los relacionados con bandas internacionales, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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El 14 de marzo, el Departamento de Justicia retiró las demandas de la era Biden que impugnaban las leyes estatales de Oklahoma y Iowa que autorizaban a esos estados a detener y aplicar consecuencias a los inmigrantes ilegales.
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Un juez federal bloqueó los esfuerzos del presidente Donald Trump para deportar rápidamente a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua mediante el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
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La administración Trump pagará a El Salvador 6 millones de dólares para mantener en sus cárceles, durante un año, a unos 300 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y a dos presuntos miembros de la pandilla MS‑13. Ambas pandillas han sido designadas como organizaciones terroristas.
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El 15 de marzo, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que permite la deportación rápida de extranjeros en tiempos de guerra o invasión, y ordenó la detención inmediata y la expulsión de los Estados Unidos de todos los ciudadanos venezolanos considerados miembros de la banda Tren de Aragua, que ahora son considerados «enemigos extranjeros».
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Una tripulación de helicópteros de la Guardia Costera de EE. UU. rescató a 15 inmigrantes ilegales el 11 de marzo de una embarcación a la deriva frente a la costa más meridional de California, informaron las autoridades.
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El número de inmigrantes ilegales detenidos por las autoridades disminuyó significativamente bajo la administración Trump, según las últimas cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
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Venezuela acordó reanudar los vuelos para traer a sus ciudadanos de regreso a casa desde Estados Unidos a partir del 14 de marzo, según el alto diplomático estadounidense y enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell.
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Los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos alcanzaron su capacidad de unas 47,600 camas, dijo el miércoles un funcionario de alto nivel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en una llamada con periodistas.
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Según la Guardia Costera de Estados Unidos, decenas de inmigrantes ilegales fueron introducidos en barcos, de manera ilegal a Estados Unidos desde México, en seis eventos separados, en el plazo de una semana.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó el lunes una nueva aplicación que, según dijo, facilitaría la autodeportación de inmigrantes ilegales.
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La Administración de Pequeños Negocios (SBA) anunció que trasladará varias oficinas de ciudades con políticas santuario para inmigrantes ilegales, como parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para frenar la inmigración ilegal.
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La Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Central de California informó esta semana sobre la detención de un inmigrante ilegal de Guatemala que presuntamente lideraba una red de tráfico de inmigrantes ilegales que introdujo cerca de 20,000 personas a los EE. UU. en los últimos 5 años.
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Agentes de la patrulla fronteriza de Tucson, Arizona arrestaron esta semana a tres presuntos exploradores del Cártel de Sinaloa al sur del estado, los hombres tenían en su poder dispositivos de comunicación y observación que comúnmente son utilizados para las actividades de exploración, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
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El 7 de marzo, un juez federal se negó a bloquear una nueva política federal de aplicación de la ley de inmigración que permite a los agentes ingresar a las escuelas para arrestar a inmigrantes ilegales.
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Una jueza federal rechazó el 5 de marzo un intento de la ciudad de Nueva York de obligar a la administración Trump a devolver inmediatamente sus 80,5 millones de dólares en subvenciones, que estaban destinadas a financiar parte de los gastos de la ciudad para alojar a inmigrantes ilegales.
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Las audiencias del Congreso suelen caracterizarse por un intenso debate y marcados desacuerdos entre demócratas y republicanos, pero los legisladores suelen encontrar al menos algún terreno común para llegar a un compromiso y hacer avanzar el proceso legislativo.
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Cuatro alcaldes de importantes ciudades testificaron en el Capitolio el 5 de marzo, defendiendo sus políticas que protegen a los inmigrantes ilegales de las autoridades federales de inmigración, conocidas como políticas de santuario.
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