La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, sobre la presunta "conexión mortal" entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga.
"Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga en todo caso colaborando con el gobierno de México, de manera respetuosa. Porque a México se le respeta", declaró Sheinbaum el miércoles 15 de julio, durante su conferencia matutina.
El martes 14 de julio Cole declaró durante la Sesión Plenaria de la Cumbre CADCA y "Fentanyl Free America", celebrada en Orlando, Florida que para "proteger a los estadounidenses" y mantener al país "libre de fentanilo", la lucha contra los cárteles, facilitadores y distribuidores de droga es determinante.
"Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno", recalcó el director de la DEA.
La presidenta Sheinbaum señaló que los señalamientos realizados por el funcionario estadounidense eran posturas políticas, ya que salieron al público el mismo día que el gobierno de México informó una reducción del 48 % de los homicidios dolosos.
"Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos. Es una contradicción. Si hay vínculo, hay aumento de delitos", dijo la mandataria mexicana.
"Entonces, muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización y no estar con declaraciones, que en realidad es política", agregó.
Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que el director de la DEA señala a los cárteles de la droga mexicana como una prioridad de su ofensiva contra las drogas.
"Los cárteles mexicanos de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Han destrozado familias, han devastado comunidades y han desafiado a las fuerzas del orden en todos los niveles", declaró Cole en un video publicado en redes sociales el 24 de junio.
Como contrapostura a estos señalamientos, el Gabinete de Seguridad de México emitió una hoja informativa el 14 de julio declarando que las afirmaciones realizadas por el director de la DEA el día previo "carecían de sustento" y no reflejaban los resultados que el gobierno mexicano ha mostrado "de manera pública y verificable" ante el "combate a las organizaciones criminales".
El documento señala que "la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales".
Asimismo, informa que hasta el 30 de junio de 2026, se han asegurado 498 toneladas de droga, incluyendo 2363 kilogramos y 5,546,100 pastillas de fentanilo. En cuanto a laboratorios clandestinos, menciona que se han inhabilitado 2,627 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
El gabinete también informa que se han detenido a 59,582 personas, entre las que se encuentran "líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a todas las organizaciones criminales, sin distinción alguna".
El foco rojo en Sinaloa
Pese a este informe de detenciones, la situación en Sinaloa se mantiene en el centro del debate bilateral. Un caso relevante que ha generado discrepancia entre México y EE. UU. es el de la acusación presentada en abril de 2026 por parte del Departamento de Estado de EE. UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, solicitando al gobierno de México su extradición.En lo referente al caso, la presidenta Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que no se han enviado pruebas por parte de EE. UU. que determinen la culpabilidad de los funcionarios y ha mencionado que la Fiscalía General de la República (FGR) en México realizará su propia investigación del caso. De los acusados, el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración de Finanzas de Sinaloa, se entregaron por decisión propia a las autoridades estadounidenses.
La tensión sobre este territorio coincide con un informe publicado el 7 de julio por el International Crisis Group, en Bruselas, el cual señala que la ofensiva por parte de México contra los cárteles de la droga, particularmente en Sinaloa, no ha logrado interrumpir el suministro de fentanilo a Estados Unidos.
Aunque el informe reconoce que la administración de Sheinbaum ha logrado ciertas victorias contra grupos criminales debido a la presión del gobierno de Trump, señala que el impacto en la reducción de la disponibilidad de fentanilo en EE. UU. es mínimo y que la influencia de funcionarios y empresarios, continúa presente.
"La ofensiva del gobierno mexicano ha logrado dislocar la violencia de las zonas urbanas de Sinaloa, pero las limitaciones de una respuesta militar son evidentes. Los grupos criminales siguen dominando amplias zonas del territorio y manejando el lucrativo negocio de drogas ilícitas, al tiempo que parecen seguir contando con el apoyo de figuras locales influyentes de la política y negocios", se lee en el informe.
"Ni las guerras territoriales entre grupos criminales ni la represión gubernamental parecen haber afectado el suministro de fentanilo, demostrando una vez más la extraordinaria capacidad del mercado de la droga para resistir las perturbaciones violentas", agrega.
A inicios de 2025, el gobierno de EE. UU. designó al Cártel de Sinaloa y el CJNG como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés).
Con información de Tom Ozimek y Estela Hernández.






















