SURPRISE, Arizona — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compró en enero un gran almacén en Surprise, Arizona, para albergar hasta 1500 inmigrantes ilegales.
El DHS gastó 70 millones de dólares en efectivo para adquirir el edificio, como parte de la iniciativa de la administración Trump de transformar emplazamientos de todo el país en centros de detención federales.
“Mi esposa y yo no estamos contentos con ello. Nos tomó por sorpresa” —dijo John Weston, propietario de un inmueble en Surprise a unos cinco kilómetros del almacén vacío.
El 12 de febrero, Weston estaba visitando a su amigo Herb, propietario de una casa frente a la propiedad del DHS, cerca de un distrito industrial-comercial que incluye un bullicioso Walmart.
Herb no quiso revelar su apellido, pero dijo que solo se enteró del proyecto por sus vecinos y viendo las noticias.
Dijo que, al igual que muchos de sus amigos y vecinos, se opone a la instalación.
"Más vale que los envíen a todos de vuelta, porque todos somos inmigrantes", dijo Herb a The Epoch Times.
Otros vecinos que hablaron con The Epoch Times dijeron que les molesta que el DHS haya adquirido la propiedad sin previo aviso ni consulta pública.
La compra tomó por sorpresa a muchos residentes y funcionarios municipales, dijeron Darren y Sally, que han sido propietarios de su casa al otro lado de la calle durante 28 años.
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La pareja prefirió no dar su apellido.
"No creo que vaya a ser positivo. Lo oigo por todas partes", dijo Sally.
Darren dijo que la adquisición ha inquietado a los residentes. Les preocupa que estar tan cerca pueda perturbar la paz de la comunidad, reducir el valor de las propiedades e incluso empujar a la gente a vender sus casas y marcharse.
"Va a perjudicar el valor de las propiedades porque es ICE", dijo Darren, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. "Creo que va a traer muchos problemas. Ya tenemos otros problemas".
"Es un desperdicio del dinero de los contribuyentes", añadió. "Así que la gente se pregunta: ¿para qué se están preparando?".
Los registros del condado obtenidos por The Epoch Times muestran que el DHS compró el almacén de 418,800 pies cuadrados a RG Surprise por 70,035,000 dólares en efectivo el 23 de enero.
La propiedad está situada en el 13290 de W. Sweetwater Ave. Sin embargo, el valor total de la propiedad en 2026 era de 46,581 111 dólares, según los registros del tasador del condado.
El DHS no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
"La gente empieza a entender que no es un tema de razas, sino de dinero", dijo Weston a The Epoch Times.
“Puedo entender que se persiga a los delincuentes, [pero] se supone que somos Estados Unidos. Se supone que debemos ser un faro brillante”.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, participa en una operación de control de inmigración en Minnesota con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 6 de enero de 2026, que dio lugar a la detención de Tomás Espín Tapia, un fugitivo buscado por asesinato y agresión sexual en Ecuador. (DHS)Los legisladores apoyan la medida
Varios legisladores republicanos de Arizona dicen que las nuevas instalaciones encajan con los esfuerzos del DHS para hacer cumplir la ley de inmigración. "Si el Departamento de Seguridad Nacional determina que es necesario ampliar las instalaciones en Arizona para procesar y expulsar de manera eficiente a las personas que se encuentran en situación irregular, entonces lo apoyo plenamente", dijo a The Epoch Times el representante estatal de Arizona Leo Biasiucci, republicano."Toda nación soberana protege sus fronteras. Una nación sin fronteras seguras es una nación que no puede ejercer plenamente su soberanía".
El representante republicano Nicholas Kupper dijo que, desde el punto de vista logístico, "no puedo decir que sea necesariamente el mejor o el peor lugar para ello".
“Mi instinto me dice que este almacén en particular puede que no sea la mejor ubicación en lo que respecta a la ciudad. Sin embargo, no sé cuáles son las necesidades exactas del DHS”, declaró Kupper a The Epoch Times.
Kupper dijo que si el DHS puede hacer que funcione logísticamente sin que sea negativo para la ciudad, “entonces adelante. Tienen un trabajo que hacer”.
El senador estatal John Kavanagh, republicano, dijo que las preocupaciones sobre cómo el centro de detención del DHS en Surprise podría afectar a la comunidad podrían no estar justificadas.
"No creo que sea tan intrusivo, porque estas personas no van a ir y venir como si fuera un hotel", dijo Kavanagh a The Epoch Times. "Creo que la oposición puede ser un poco más política que real, o si no política, quizás malinterpretada".
Kavanagh patrocina el proyecto de ley 1635 del Senado de Arizona, que pretende ilegalizar advertir a otras personas sobre las acciones de la policía o de inmigración si esas personas están a punto de ser detenidas.
"Y deben ser detenidos, retenidos, sometidos a un proceso justo y, si son deportables, deportados", dijo Kavanagh en referencia a las instalaciones del DHS.
"Esto forma parte de la justicia penal en general, o si se trata de un delito civil, del proceso de justicia civil en materia de inmigración".
La secretaria del DHS, Kristi Noem, se une al Equipo de Operaciones contra Fugitivos del ICE durante una acción policial en la ciudad de Nueva York, el 28 de enero de 2025. (ICE vía Getty Images)Los legisladores se oponen al acuerdo
Varios funcionarios estatales y federales de Arizona han escrito al DHS sobre el centro de detención propuesto en Surprise, pidiendo transparencia y rendición de cuentas."El DHS tiene la obligación de colaborar con los funcionarios estatales y locales, especialmente cuando se toman decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de una ciudad en crecimiento como Surprise", escribió el representante Paul Gosar (R-Ariz.) en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, el 4 de febrero.
"Incluso cuando la capacidad de detención es necesaria, debe implementarse de manera responsable, con una revisión adecuada y una comunicación abierta".
Gosar hizo hincapié en que la supervisión del Congreso desempeña un papel fundamental para ganarse la confianza del público y facultar a las autoridades de inmigración para que cumplan con sus responsabilidades legales.
Aunque apoya la aplicación de las leyes de inmigración, dijo que debe "llevarse a cabo de manera eficaz, respetando los intereses legítimos de las comunidades que sufren sus repercusiones locales".
"Confío en que el DHS dará respuestas claras y colaborará con las partes interesadas locales en el futuro", dijo Gosar.
Agentes federales frente al edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis el 9 de enero de 2026. (John Fredricks/The Epoch Times)El 9 de febrero, el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, demócrata, envió una carta a Noem en la que expresaba su preocupación por la ubicación del edificio, cerca de barrios residenciales y de una escuela secundaria con muchos estudiantes hispanos.
"Antes de iniciar cualquier actividad de construcción u operativa, el DHS debe responder a preguntas básicas sobre el uso de las instalaciones y su impacto en la comunidad local", escribió Mayes.
Mayes señaló que no se informó a las autoridades locales de la compra con antelación y que más de 80 residentes expresaron su preocupación en una reunión del Ayuntamiento de Surprise celebrada el 3 de febrero.
La máxima autoridad legislativa del estado se unió a un grupo bipartidista de legisladores federales para solicitar información al DHS sobre las instalaciones, que podrían albergar hasta 1500 inmigrantes ilegales.
En su carta, plantea 10 preguntas sobre cómo el proyecto podría afectar a las escuelas locales, el tráfico, el ruido, el suministro de agua, la recogida de basura, la atención médica de los detenidos y la necesidad de servicios de bomberos, policía y emergencias.
Según los registros de propiedad del condado de Maricopa, el almacén tiene una superficie de más de 93,000 metros cuadrados en el distrito escolar unificado de Dysart. Construido en 2024, tiene capacidad para 584 personas.
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La carta de Gosar plantea 15 preguntas, como cuántas personas se alojarían en las instalaciones, durante cuánto tiempo, quién las gestionaría y si se consultó a las autoridades municipales.
La carta también pregunta por los planes de seguridad para los residentes, escuelas y negocios cercanos, los costos de funcionamiento de las instalaciones y el plazo desde la conversión hasta su uso.
El 10 de febrero, los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego, ambos demócratas, escribieron a Noem y al director en funciones del ICE, Todd Lyons, para expresar su "grave preocupación" por el centro de detención propuesto.
"Esta adquisición parece formar parte de un esfuerzo más amplio a nivel nacional por parte del departamento para ampliar rápidamente la capacidad de detención mediante la compra y conversión de mega almacenes comerciales a una escala y velocidad sin precedentes", escribieron los legisladores.
"En algunas instalaciones, el departamento tiene previsto retener hasta 10,000 personas, más del doble de la capacidad del mayor centro de detención existente del ICE, a partir de dentro de solo un par de meses y sin apenas participación pública".
El ICE tiene previsto abrir todas las instalaciones antes del 30 de noviembre de 2026.
Una zona común y las puertas de las celdas del centro de detención Caroline en Bowling Green, Virginia, el 13 de agosto de 2018. El centro, una antigua cárcel regional, ha sido contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para albergar a inmigrantes ilegales detenidos. (Foto de Saul Loeb/AFP/Getty Images)Los senadores dijeron que el gran tamaño de las instalaciones previstas, el breve plazo para su apertura y la supuesta falta de transparencia suscitan dudas sobre si los proyectos se han planificado y revisado adecuadamente en cuanto a su impacto medioambiental.
Como resultado, afirmaron que ciudades como Surprise y personas de todo el país no saben cómo afectarán estas instalaciones a sus comunidades.
The Epoch Times se puso en contacto con el alcalde de Surprise, Kevin Sartor, y con tres concejales para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta.
El 11 de febrero, Sartor escribió a Noem y Lyons para solicitar más información sobre la compra del DHS y sus planes para el almacén como centro de detención federal.
"La ciudad es consciente de que no podemos interferir en las operaciones federales; sin embargo, la ciudad debe poder planificar de forma responsable, proteger la seguridad pública y proporcionar información precisa a los residentes", dijo Sartor.
"Proceder sin una coordinación significativa supone una carga indebida para los recursos locales y socava la confianza pública".
El 6 de febrero, los representantes demócratas Greg Stanton, Yassamin Ansari y Adelita Grijalva enviaron dos cartas al DHS exigiendo una mayor transparencia sobre la compra del almacén en Surprise.
"Los habitantes de Arizona no quieren un centro de detención frente a su casa o al instituto de su barrio", escribió Stanton.
"El DHS no ha hecho lo mínimo para comunicarse con los funcionarios locales y del condado sobre cómo mitigarán los impactos en la comunidad de West Valley, y no han comunicado al Congreso cómo harán que un almacén industrial sea apto para albergar a seres humanos".
Ansari escribió: "La compra de un almacén en Surprise para su uso por parte del ICE es extremadamente alarmante. He escuchado a innumerables conservadores, libertarios e independientes de todo nuestro estado que no quieren al ICE en sus comunidades".
Grijalva añadió: "Las comunidades están despertando a la realidad de que se están instalando centros de detención masivos en sus barrios sin previo aviso, sin transparencia y sin rendir cuentas".
Actualmente hay cuatro centros de detención del ICE en Arizona. Dos se encuentran en Florence y los otros dos en San Luis y Eloy.
En junio de 2025, Ansari envió una carta a Noem y Lyons en la que detallaba su "profunda preocupación" por las supuestas condiciones inhumanas denunciadas por los detenidos en las instalaciones de Eloy.
Ansari dijo que el 29 de mayo de 2025 habló con más de 20 migrantes detenidos, quienes describieron que los guardias les obligaban a caminar en círculos hasta que se sentían "mareados y enfermos"
Otros centros de detención
El sitio web del DHS enumera 142 centros de detención activos en todo Estados Unidos. Siete se encuentran en California y 23 en Texas.USAFacts dijo que se añadieron al menos 59 nuevos centros en los primeros meses de 2025 bajo la administración Trump.
En diciembre de 2025, USAFacts informó de que había 212 centros de detención en uso, 108 más que en enero de 2025.
Se prevé la construcción de un nuevo centro de detención del DHS con 400 a 600 camas y 324,395 pies cuadrados en Merrimack, Nuevo Hampshire, como parte de una iniciativa federal de 38,300 millones de dólares, según se documenta en el sitio web oficial de la gobernadora Kelly Ayotte.
Según el sitio web, el ICE tiene previsto introducir un nuevo modelo de detención para finales del año fiscal 2026 a través de la Iniciativa de Reingeniería de la Detención.
El proyecto tiene como objetivo ampliar el espacio de camas a 92,600 y mejorar la eficiencia de la detención y la expulsión utilizando instalaciones diseñadas para el nuevo modelo.
Una hoja informativa del ICE del mismo sitio web indica que los inmigrantes ilegales permanecen en cada instalación durante unos 60 días en promedio. Estas instalaciones también servirán como solución a largo plazo.
El nuevo modelo implica la adquisición y actualización de ocho grandes centros de detención y 16 centros de tramitación. El ICE también se hará cargo de 10 instalaciones llave en mano ya existentes en las que ya opera.
El 4 de febrero, el senador Roger Wicker (R-Miss.) envió una carta a Noem para oponerse al plan del DHS de comprar un almacén en Byhalia, Misisipi, y convertirlo en un centro de detención con 8500 camas para inmigrantes ilegales.
Dijo que el almacén se construyó para atraer nuevas empresas y puestos de trabajo a Misisipi. Convertirlo en un centro de detención del ICE supondría una presión excesiva para los servicios locales e impediría que llegaran mejores oportunidades de empleo a la zona, afirmó.
“La conversión propuesta también plantea serias dudas sobre su viabilidad”, añadió Wicker. “Las instalaciones de detención imponen exigencias sustanciales y especializadas en materia de infraestructura, como el acceso al transporte, los costos de agua, alcantarillado y energía, la dotación de personal, la atención médica y los servicios de emergencia”.
Mientras tanto, el aumento de los esfuerzos de contratación ha sumado 12,000 nuevos agentes del ICE para hacer frente al aumento previsto de las medidas de control y las detenciones en 2026.
TRACreports, un centro de intercambio de datos gubernamentales, informó que, a fecha de 7 de febrero, el ICE tenía bajo custodia a 68,289 inmigrantes ilegales, de los cuales el 73.6 % no tenía condenas penales.
