Las organizaciones sin ánimo de lucro Catholic Legal Immigration Network, Inc. y African Communities Together, junto con varias personas, presentaron el lunes una demanda contra la administración Trump por una política que suspendía las visas de inmigrante a ciudadanos extranjeros de varios países.
El mes pasado, el Departamento de Estado suspendió la tramitación de visas de inmigrante de 75 países “cuyos migrantes reciben ayudas sociales del pueblo estadounidense a un ritmo inaceptable”, según afirmó el departamento en una publicación del 14 de enero en X. Entre los países afectados se encuentran Afganistán, Bangladesh, Brasil, Camboya, Cuba, Egipto, Georgia, Guatemala, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Siria, Tailandia y Uruguay.
La suspensión afecta a los países “cuyos inmigrantes suelen convertirse en una carga pública para Estados Unidos al llegar”. Ser una “carga pública” significa que es probable que el solicitante de la visa dependa de las prestaciones del gobierno. Esta determinación es motivo para denegar las solicitudes de visa.
“Estamos trabajando para garantizar que ya no se abuse de la generosidad del pueblo estadounidense”, dijo el departamento. La congelación de visas “permanecerá activa hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.
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La norma entró en vigor el 21 de enero.
La demanda, presentada en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York contra el Departamento de Estado y el secretario de Estado Marco Rubio, criticaba la prohibición de las visas.
“Como el Congreso y las cortes han reconocido desde hace tiempo, la ‘carga pública’ se refiere únicamente a una determinación individualizada de que un no ciudadano probablemente dependerá de manera principal y permanente del gobierno para su subsistencia, lo cual se demuestra por su dependencia de la asistencia en efectivo o la atención institucional a largo plazo a cargo del erario público”, se afirma en la demanda.
“La ley nunca ha considerado inadmisible a una persona por el mero hecho de haber recibido, o de poder necesitar algún día, prestaciones públicas no monetarias o asistencia caritativa privada”.
En todo el país, muchos solicitantes de visas de inmigrante no tienen derecho a recibir ayudas sociales en efectivo y siguen sin tenerlo durante varios años, según la demanda.
La prohibición deniega las visas únicamente por motivos de nacionalidad y acaba "negando y privando ilegalmente" a los trabajadores y a las familias de una evaluación individualizada de sus casos, según la demanda.
La demanda también critica un cable consular emitido en noviembre que apoya la aplicación de motivos de inadmisibilidad por carga pública en Estados Unidos.
“Este caso busca preservar lo que pretendía el Congreso: un sistema de inmigración individualizado que respete el compromiso legal de la INA con la unidad familiar y que impida al Ejecutivo reescribir la ley de inmigración por decreto”, dice la demanda, en referencia a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Los demandantes interpusieron la demanda en virtud de la INA, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, con el fin de anular la prohibición de visas, el cable consular y las medidas relacionadas, solicitando que se declararan ilegales.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Estado para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
En una actualización del 2 de febrero, el Departamento de Estado dijo que estaba “llevando a cabo una revisión completa de todas las políticas de selección y verificación para garantizar que los inmigrantes de países de alto riesgo no utilicen ilegalmente la asistencia social en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública”.
“El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes y no suponer una carga financiera para los estadounidenses”.
El departamento aclaró que, hasta el momento, no se ha revocado ninguna visa de inmigrante en virtud de esta directriz específica. La congelación de visas solo se aplica a las solicitudes de visas de inmigrante. La norma no se aplica a las visas de turista.
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Uso de las prestaciones sociales por parte de los inmigrantes
Según los datos de la Oficina del Censo, el 54 % de los hogares encabezados por inmigrantes —legales, ilegales y naturalizados— utilizaron uno o más programas de prestaciones sociales importantes en 2022, una cifra superior al 39 % de los hogares nacidos en Estados Unidos.
En una publicación del 4 de enero en Truth Social, el presidente Donald Trump compartió datos sobre el porcentaje de hogares de inmigrantes que reciben ayuda del gobierno por nacionalidad.
Los inmigrantes de Bután encabezaban la lista, con más del 81 % de los hogares recibiendo prestaciones. Entre los hogares dirigidos por inmigrantes de Somalia, Yemen y las Islas Marshall, más del 70 % recibía asistencia.
En noviembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos criticó las políticas de inmigración de la administración Trump, afirmando que estaba “preocupada” por el clima de miedo y ansiedad que reina entre los fieles de la Iglesia en relación con las cuestiones de la elaboración de perfiles y la aplicación de las leyes de inmigración.
El zar fronterizo Tom Homan desestimó estas preocupaciones mientras hablaba con los periodistas el 14 de noviembre.
“Una frontera segura salva vidas. Ojalá la Iglesia católica lo entendiera. Tenemos derecho a proteger nuestras fronteras, al igual que ustedes tienen derecho a proteger sus instalaciones”, afirmó.
