Funcionarios de 23 estados demandaron al gobierno federal el 3 de abril por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre elecciones federales, que apunta al voto por correo.
Trump dijo que la Orden Ejecutiva 14399, firmada el 31 de marzo, era necesaria porque "el fraude en el voto por correo es legendario".
La administración Trump argumentó que la orden es constitucional y que es necesaria para ayudar a restaurar la confianza pública antes de las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre.
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La orden, que exige la creación de una lista maestra federal de votantes elegibles en cada estado, instruye al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social a recopilar información de votantes. Prohíbe al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) enviar boletas de voto en ausencia a quienes no aparezcan en esas listas. La orden instruye al correo a enviar boletas solo a personas verificadas incluidas en las listas, con códigos de barras únicos aplicados a cada sobre —uno por votante— para facilitar el rastreo y las auditorías.
La nueva demanda llega después de que varias organizaciones de campaña del Partido Demócrata presentaran una demanda similar el 1 de abril para bloquear partes de la orden ejecutiva de Trump.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y una coalición de fiscales generales demócratas que presentaron la nueva acción legal alegaron que la orden ejecutiva alteraría los sistemas electorales estatales, restringiría el voto por correo y amenazaría con procesar a funcionarios electorales por hacer su trabajo.
"Las elecciones libres y justas son la piedra angular de nuestra democracia, y ningún presidente tiene el poder de reescribir las reglas por su cuenta", dijo James en un comunicado.
"Esta orden ejecutiva es otro intento de privar del voto a los electores y sembrar desconfianza en nuestro sistema electoral mientras nos dirigimos al próximo ciclo electoral", dijo. "Nuestras elecciones son y siempre han sido libres, justas y seguras, y no permitiremos que esta administración ataque el fundamento mismo de nuestra nación".
La demanda, que también incluye como demandantes al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y al Distrito de Columbia, se presentó en un tribunal federal de distrito en Massachusetts. Entre los otros estados que participan en la demanda como demandantes están California, Massachusetts, Nevada, Nueva York y Virginia.
La acción legal alegó que la orden ejecutiva viola la Constitución de Estados Unidos y la ley federal al intentar quitar a los estados y al Congreso el control de las elecciones. Los demandantes piden al tribunal que invalide partes de la orden y prohíba a las agencias federales ejecutar sus directrices.
La demanda describió la orden ejecutiva como una "toma de poder sin precedentes".
La Constitución establece que el presidente "no tiene autoridad para restringir la elegibilidad de los votantes ni el voto por correo a listas de votantes preautorizadas por el gobierno federal", afirma la demanda. Los demandantes dijeron que presentaron la demanda para proteger la "autoridad constitucional" de los estados para administrar elecciones estatales y federales.
La demanda alegó que la orden de Trump crea "listas paralelas de elegibilidad de votantes" y amenaza a funcionarios estatales con investigación y procesamiento para obligar a los estados a "privar del voto a votantes que falten en esas listas". También interfiere con el voto por correo al exigir que el USPS se abstenga de entregar boletas emitidas, a menos que los votantes aparezcan en la lista preaprobada del servicio postal, la cual se administra fuera del control de los estados que organizan elecciones federales, según la demanda.
La orden también amplía el período que los funcionarios electorales tienen para conservar registros electorales con el fin de acomodar posibles procesos judiciales, lo que, según la demanda, viola requisitos actuales en la ley estatal y federal.
La demanda dijo que si el tribunal no bloquea la orden, esta perjudicará a los estados al obligarlos, con poco tiempo, a revisar rápidamente leyes y políticas electorales, así como a realizar capacitaciones y campañas estatales de educación al votante.
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"Estos cambios obligarán a los estados demandantes a invertir enormes cantidades de tiempo y recursos, desviando esos recursos de otras prioridades electorales críticas", dijo la demanda, en un momento en que algunos estados ya celebraron sus elecciones primarias y a solo meses de que comiencen a implementarse los procedimientos de voto por correo para la próxima elección general.
Incluso con los mejores esfuerzos de los estados, la orden "ha sembrado y sembrará confusión y caos en sus sistemas electorales, junto con la amenaza de privar del voto a los votantes de los estados", dijo la demanda.
Los demandantes pidieron al tribunal que bloquee las partes de la orden ejecutiva que ordenan la creación de listas estatales de ciudadanía y la conservación de registros. También pidieron que se suspendan las disposiciones de la orden que dan al USPS, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social un papel en el proceso electoral.
The Epoch Times solicitó comentarios al Departamento de Justicia de Estados Unidos. No recibió respuesta hasta el momento de publicación.
Trump firmó la orden el 31 de marzo después de que el Congreso no aprobara recientemente la SAVE America Act, que habría impuesto requisitos de identificación de votantes y medidas de integridad electoral. Funcionarios de la administración dijeron que la orden era un paso necesario para restaurar la confianza pública antes de las elecciones de medio mandato en noviembre.
"Si no hay votación honesta, realmente no puede haber una nación", dijo Trump al firmar la orden.
El presidente dijo que anticipaba desafíos legales.
"No sé cómo se podría impugnar. Probablemente se podría impugnar si encuentra a un juez desviado", dijo. "Apelaremos si eso ocurre, pero no veo cómo alguien más podría impugnarla".
El secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, dijo que las disposiciones de la orden impedirán que se repitan problemas del pasado.
"Creemos que, en conjunto, las medidas de esta orden ayudarán a asegurar las elecciones en el futuro y garantizarán que los muchos abusos de nuestras elecciones en el pasado no se repitan en futuras elecciones", dijo Scharf.
Con información de Travis Gillmore.
