El estado de Minnesota presentó el 24 de marzo una segunda demanda contra la administración Trump en relación con el acceso a las pruebas de los tiroteos que acabaron con la vida de dos manifestantes y un inmigrante indocumentado durante una operación federal de inmigración llevada a cabo en enero.
Las autoridades estatales presentaron la demanda federal ante un tribunal de Washington, D.C., solicitando a un juez que ordene al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entregar las pruebas relacionadas con las muertes de Renee Good, Alex Pretti y Julio Sosa-Celis para permitir que el estado inicie una investigación independiente.
Según la demanda, la administración Trump se negó a llevar a cabo una investigación conjunta con Minnesota sobre los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti. Ambos recibieron disparos de agentes federales de inmigración durante las protestas de la "Operación Metro Surge".
Sosa-Celis, un inmigrante ilegal, recibió un disparo en la pierna durante un forcejeo con las fuerzas policiales en Minneapolis el 15 de enero, según el DHS.
"Es sorprendente que esta demanda sea siquiera necesaria, pero en Minnesota nadie está por encima de la ley", dijo el fiscal general Keith Ellison en una publicación de Facebook. "La decisión de las autoridades federales de no compartir pruebas con nosotros es arbitraria y caprichosa, y carece de fundamento racional", añadió en una declaración separada.
En la demanda, las autoridades estatales y locales alegan que el gobierno federal impidió a los investigadores forenses estatales acceder a la escena del crimen tras el tiroteo de Pretti y se negó a cumplir con una orden judicial. El estado también alegó que los agentes federales comunicaron a los investigadores estatales que se les había ordenado permitir únicamente que el FBI procesara la escena del crimen.
Los investigadores estatales afirman que también se les dijo que no podían participar en las entrevistas con los agentes federales.
Según la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, se produjeron acciones similares tras el tiroteo de Sosa-Celis.
"Todas las personas en este país merecen transparencia y rendición de cuentas por parte de su gobierno", declaró Moriarty en una conferencia de prensa el 24 de marzo. "Estamos preparados para luchar por la transparencia y la rendición de cuentas que el gobierno federal está desesperado por evitar. Lucharemos todo el tiempo que sea necesario".
El estado afirma en la demanda que tiene la responsabilidad de recabar las pruebas, evaluar los hechos y decidir si se infringió la ley penal de Minnesota.
"El estado de Minnesota tiene la autoridad y la responsabilidad de proteger contra la violencia y abordarla dentro de sus fronteras, incluso mediante el enjuiciamiento de homicidios, intentos de homicidio y agresiones", escribió el estado en la última demanda.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, testifica ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington, el 4 de marzo de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)El estado presentó su primera demanda en enero, solicitando al tribunal que dictara una orden de restricción contra el gobierno federal para impedir que destruyera pruebas relacionadas con el tiroteo. La orden fue concedida, pero posteriormente fue revocada por el juez federal de distrito Eric Tostrud, con sede en Minnesota, quien dijo que no era necesaria.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testificó ante una audiencia del Congreso el 4 de marzo sobre los tiroteos, defendiendo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras enfrentar críticas de los legisladores demócratas por sus tácticas en Minneapolis.
El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la demanda el 24 de marzo.
Noem dijo a los legisladores que los agentes del ICE operaban en un "entorno peligroso" y se enfrentaban a amenazas cada vez mayores alimentadas por la retórica política.
El presidente Donald Trump ha nombrado al senador Markwayne Mullin (R-Oka.) como nuevo secretario de Seguridad Nacional. Tomó posesión de su cargo el 24 de marzo para sustituir a Noem, quien dejará el cargo el 31 de marzo.
