Una coalición de 24 estados presentó el 5 de marzo una demanda ante una corte federal contra los nuevos aranceles globales del presidente Donald Trump.
Los fiscales generales y gobernadores demócratas argumentan en la demanda, presentada ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos con sede en Nueva York, que los nuevos aranceles, que se están aplicando en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, exceden la autoridad del presidente.
El tipo arancelario actual se ha fijado en el 10 %, pero Trump ha dicho que lo aumentará al 15 %.
Entre los estados incluidos como demandantes en el juicio se encuentran Oregón, California, Nueva York, Illinois, Minnesota y Virginia.
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El nuevo litigio se produce después de que la Corte Suprema, el 20 de febrero, anulara los aranceles que Trump había impuesto en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El presidente impuso los nuevos aranceles, que ahora se impugnan en la Corte de Comercio Internacional, poco después de que actuara la máxima corte del país.
En la nueva demanda, conocida como Oregón contra Trump, los estados argumentan que el Congreso solo ha delegado una autoridad limitada al presidente para imponer aranceles y solo "en circunstancias cuidadosamente definidas".
Durante más de un año, Trump ha “impuesto, modificado, aumentado y suspendido aranceles mediante órdenes ejecutivas, memorandos, publicaciones en redes sociales y decretos de agencias, sin tener autoridad legal para hacerlo”, según la demanda judicial.
Después de que la Corte Suprema dictaminara el mes pasado que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que nunca se había utilizado para imponer aranceles, no podía utilizarse para tal fin, Trump invocó la sección 122 de la Ley de Comercio, que tampoco "se ha utilizado nunca para imponer aranceles", según la demanda.
Contrariamente a la sección 122, Trump invocó la Ley de Comercio para “imponer aranceles inmensos y siempre cambiantes a cualquier mercancía que entre en Estados Unidos que él elija y por cualquier motivo que le resulte conveniente”, afirma la demanda.
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Alega que el presidente está ejerciendo una autoridad arancelaria que no posee, utilizando una ley que no autoriza esos aranceles, “para trastocar el orden constitucional y sembrar el caos en la economía mundial”.
La demanda solicita a la corte que declare ilegal la imposición de aranceles por parte del presidente y que emita una orden que exija al gobierno federal reembolsar cualquier arancel pagado en virtud de la Sección 122.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, afirmó en un comunicado que la administración Trump debería dar prioridad a la emisión de reembolsos por los aranceles que la Corte Suprema invalidó, en lugar de “redoblar los aranceles ilegales”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que los aranceles son un ejemplo de cómo el presidente Trump "ignora la ley y la Constitución para aumentar efectivamente los impuestos a los consumidores y las pequeñas empresas".
“Estos aranceles solo aumentarán el costo de vida”, afirmó en un comunicado.
Un portavoz del Departamento de Justicia de EE. UU. declaró a The Epoch Times que el departamento no tenía comentarios sobre la nueva demanda presentada.
Con información de The Associated Press.
