El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó el 16 de abril con recortar más de USD 200 millones en subvenciones para la seguridad pública de Houston, Dallas y Austin si las ciudades continúan con políticas locales que, según la oficina de Abbott, limitan ilegalmente la colaboración policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).
Dallas y Austin recibieron cartas de advertencia formales el 16 de abril, solo unos días después de que Abbott ya hubiera advertido a Houston que podría perder aproximadamente USD 110 millones. Dallas podría perder más de USD 32 millones en subvenciones estatales, además de más de USD 55 millones en fondos para la seguridad pública destinados a la Copa del Mundo. Austin podría perder aproximadamente USD 2.5 millones.
"Se espera que las ciudades de Texas hagan que las calles sean más seguras, no más peligrosas", afirmó Andrew Mahaleris, portavoz de Abbott, en un comunicado.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó el jueves una demanda en el condado de Fort Bend contra la ciudad de Houston, el alcalde John Whitmire, los concejales y el jefe de policía de Houston, Noe Díaz, por la misma ordenanza por la que Abbott amenazó con retirar la financiación.
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"No permitiré que ningún funcionario local impulse políticas de santuario que hagan que nuestras comunidades sean menos seguras", afirmó Paxton. "Bajo mi mandato, ninguna ciudad de Texas será un refugio seguro para los ilegales. La Legislatura de Texas aprobó una legislación firme que impide específicamente el tipo de ordenanza ilegal que adoptó Houston. Houston no tiene autoridad para ignorar la Constitución y las leyes debidamente promulgadas por la Legislatura. Exhorto a Houston a que derogue inmediatamente esta ordenanza".
La oficina de Abbott ya congeló aproximadamente USD 110 millones en subvenciones de la Oficina de Seguridad Pública después de que el Ayuntamiento de Houston votara el 8 de abril a favor de restringir las ocasiones en que el Departamento de Policía de Houston puede retener a personas en nombre del ICE, lo que, según los funcionarios estatales, viola una certificación de subvención que Whitmire firmó en abril de 2025 en la que se comprometía a cooperar plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional.
"La presente carta tiene por objeto notificarle que esta nueva ordenanza, la sección 34-41 del Código de Ordenanzas de Houston, incumple su certificación del 15 de abril de 2025 y pone en peligro todos los acuerdos de subvención entre la ciudad y la Oficina de Seguridad Pública (PSO) para el año fiscal 2026", escribió en una carta Andrew Friedrichs, director ejecutivo de la Oficina de Seguridad Pública del gobernador. "Le rogamos que responda antes del 20 de abril de 2026 para confirmar que la ciudad no aplicará la ordenanza y actuará para derogarla. De no hacerlo, la PSO podría ejercer su facultad discrecional para rescindir todas esas subvenciones".
Mahaleris señaló que, si Houston no devolviera los fondos, el contralor del estado estaría obligado a bloquear los futuros pagos estatales a la ciudad hasta que se salde la deuda.
Dallas, ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con Houston, recibió su carta de advertencia el jueves. Debe responder antes del 23 de abril.
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Ni la oficina del alcalde de Houston, John Whitmire, ni la del alcalde de Dallas, Eric Johnson, respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Austin recibió una carta el jueves en respuesta a una actualización del 4 de marzo de las Órdenes Generales del Departamento de Policía de Austin que prohibía a los agentes realizar arrestos o detenciones en virtud de órdenes administrativas del ICE. El plazo de Austin para responder a la carta es el 23 de abril. El estado argumenta que la ciudad se comprometió a cooperar con el ICE cuando los funcionarios municipales aceptaron subvenciones para la seguridad pública en febrero de 2025.
El alcalde de Austin, Kirk Watson, defendió la política de su ciudad como plenamente coherente con la ley estatal.
"La ciudad de Austin ha logrado grandes avances en materia de seguridad pública, pero nuestros agentes del APD no tienen la capacidad —ni se les debería pedir— para realizar el trabajo de otras entidades. Resulta muy irónico que el estado intente castigar a la ciudad por prestar servicios que mantienen a salvo a los habitantes de Austin amenazando con retirar las subvenciones que mantienen a salvo a Austin", afirmó Watson en una publicación en X.
"No tenemos tiempo y no vamos a entrar en este teatro político".
