La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) reforzó este martes acciones contra tres personas físicas y tres empresas con actividad en el sector de juegos y apuestas en Tamaulipas, quienes fueron previamente sancionadas por Estados Unidos por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el 14 de abril, a través de un comunicado, que la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los implicados. En él logró detectar que diversos casinos operaban bajo la misma red enviando dinero a diferentes zonas, entre las que destacaron algunas de "riesgo", conocidos también como "paraísos fiscales".
También encontraron inconsistencias entre los movimientos de dinero y los ingresos reportados, así como transacciones significativas de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. Además, se detectaron actividades sospechosas en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de dinero.
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Las empresas involucradas son el Casino Centenario en Nuevo Laredo, el Diamante Casino en Tampico y la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA), que también mantenía actividades de juegos y sorteos en Cd. Madero—todos en el estado de Tamaulipas.
Las personas involucradas en el esquema y sancionadas por el gobierno estadounidense son: Eduardo Javier Islas Valdez, alias "Crosty", Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Raymundo Ramos Vázquez, informó el Departamento del Tesoro de EE. UU. a través de un comunicado.
Tras obtener los resultados de la investigación, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por posible lavado de dinero y evasión de impuestos. Asimismo, se entregó la información a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos para suspender las actividades de los establecimientos identificados.
La Secretaría de Hacienda, reiteró su compromiso para seguir trabajando en colaboración con EE. UU. para la erradicación de estos delitos y colaborar en el bloqueo de los recursos del crimen organizado, según el comunicado.
El 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó a seis objetivos involucrados en una empresa de lavado y contrabando de dinero operada por el Cartel del Noreste, el cual fue designado en 2025 por EE. UU. como una organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).
La agencia estadounidense informó que los tres individuos sancionados, desempeñaban un papel central en el avance del dominio criminal de Cártel del Noreste sobre la plaza Nuevo Laredo en Tamaulipas.
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Detalla qué apoyaron operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión.
Sobre los casinos involucrados, la agencia subrayó que también están "afiliados" al Cártel del Noreste.
"Como ha dejado claro el presidente Trump, el Tesoro utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos que buscan hacer reinar el terror sobre los estadounidenses inocentes", dijo el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, según el comunicado del Departamento.
El Cártel del Noreste tiene su sede principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Esta organización criminal ha estado involucrada durante décadas en el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, cristal, heroína, marihuana y cocaína, informó el comunicado.
También es señalado de estar involucrado en actividades delictivas violentas en ambos lados de la frontera, incluido el secuestro y asesinato de individuos que amenazan su empresa criminal en la frontera sur de EE. UU., según el Departamento. El cartel, además, controla el tráfico de drogas y las rutas de tráfico de personas a través del terror, así como el soborno a políticos y periodistas, y la extorsión a negocios locales.
Los gobiernos de México y Estados Unidos sostienen que han intensificado su trabajo conjunto para desarticular al crimen organizado utilizando tanto la fuerza operativa, como el bloqueo de recursos.
Desde el inicio del gobierno de Trump en 2025, el presidente ha declarado la guerra contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, aplicando diferentes iniciativas tanto a nivel nacional como internacional para abordar la crisis que, según el presidente, se agravó durante la administración Biden.
Por su parte, el gobierno de Sheinbaum ha reforzado el combate contra el narcotráfico con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que contiene cuatro pilares fundamentales: la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación con las entidades federativas y la Fiscalía General de la República.
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