Diecisiete estados presentaron una demanda federal el 11 de marzo con el fin de bloquear la política del Departamento de Educación de Estados Unidos que exige a las universidades recopilar datos que demuestren que no tienen en cuenta la raza en las admisiones.
En la demanda, presentada en una Corte federal de Boston, los estados impugnan un nuevo componente añadido a las encuestas anuales obligatorias realizadas por el Departamento de Educación, que se utilizarían para evaluar el cumplimiento por parte de las universidades de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2023 que pone fin a la discriminación positiva en la educación superior.
El presidente Donald Trump ordenó la nueva política en agosto después de expresar su preocupación por el hecho de que las universidades estuvieran utilizando declaraciones personales y otros indicadores para tener en cuenta la raza, lo que, según él, constituía una discriminación ilegal.
Según el memorándum, el 18 de marzo se deberá presentar información adicional, como las tasas de aceptación, las cifras de matriculación, los ingresos, la media de las calificaciones de los solicitantes y las puntuaciones de las pruebas estandarizadas o SAT (Scholastic Aptitude Test) por raza y género.
Historias relacionadas
"Las prácticas de admisión basadas en la raza no solo son injustas, sino que también amenazan nuestra seguridad nacional y nuestro bienestar", escribió el presidente en el memorándum del 7 de agosto. "Por lo tanto, la política de mi administración es garantizar que las instituciones de educación superior que reciben ayuda financiera federal sean transparentes en sus prácticas de admisión".
La encuesta se modificó después de que el memorándum del presidente citara la falta de datos para evaluar si la raza seguía siendo un factor de admisión tras la decisión de la Corte Suprema, dado el "uso generalizado de "declaraciones de diversidad" y otros indicadores raciales evidentes y ocultos".
El memorándum ordena a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que exija a las universidades que comuniquen más datos "para proporcionar una transparencia adecuada en las admisiones". El Centro Nacional de Estadísticas Educativas se encargó de recopilar los nuevos datos, incluyendo la raza y el sexo de los solicitantes, los estudiantes admitidos y los estudiantes matriculados en las universidades. McMahon dijo en agosto que los datos deben desglosarse por raza y sexo y comunicarse retroactivamente para los últimos siete años.
Si las universidades no presentan datos oportunos, completos y precisos, McMahon puede tomar medidas en virtud del título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, que establece los requisitos para que las universidades reciban ayuda financiera federal para los estudiantes, según el memorándum.
Desde 1986, el gobierno utiliza el Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria (IPEDS) para recopilar información de miles de universidades que reciben ayuda federal.
Los estados argumentan que el departamento carecía de autoridad legal para añadir nuevos componentes a las encuestas y violó la Ley de Procedimiento Administrativo al no realizar evaluaciones de impacto en la privacidad para sus planes de recopilar datos sobre la raza y el sexo de los estudiantes, tal y como exige la Ley de Administración Electrónica de 2002 y la Ley de Reducción de Trámites.
Historias relacionadas
Los estados afirman que los nuevos requisitos convierten al IPEDS "de una herramienta fiable para la elaboración de informes estadísticos metódicos en un mecanismo para la aplicación de la ley y la promoción de objetivos políticos partidistas". La coalición también argumenta en la demanda que las nuevas exigencias de recopilación de datos ponen en peligro la privacidad de los estudiantes.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, afirmó en un comunicado: "No hay forma de que las instituciones puedan proporcionar datos precisos de forma razonable en el plazo apresurado y arbitrario del Gobierno federal, y es injusto que las escuelas se vean amenazadas con multas, posibles pérdidas de financiación e investigaciones infundadas si no cumplen con la solicitud de la Administración".
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó en un comunicado que la Administración está intentando ampliar la autoridad del Gobierno federal para servir a su propia agenda política y atacar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
El fiscal general de California, Rob Bonta, describió las exigencias como "prácticamente imposibles de cumplir para que las universidades presenten datos útiles para su revisión".
Advirtió que los datos poco fiables podrían desencadenar "investigaciones costosas y perjudiciales y medidas coercitivas contra las universidades con fines políticos partidistas".
Un portavoz del Departamento de Educación defendió la recopilación de datos.
"Los contribuyentes estadounidenses invierten más de USD 100 mil millones en educación superior cada año y merecen transparencia sobre cómo se gastan sus dólares", afirmó el portavoz en un comunicado. "Los esfuerzos del Departamento ampliarán una herramienta de transparencia ya existente para mostrar cómo las universidades tienen en cuenta la raza en las admisiones. ¿De qué están tratando de proteger a las universidades los fiscales generales estatales?".
Con información de Aaron Gifford, Reuters y The Associated Press.
