El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo que el gobierno estadounidense ofreció USD 100 millones en ayuda humanitaria para Cuba, pero aseguró que el régimen cubano se negó a aceptar su distribución.
Rubio señaló que Washington ya entregó USD 6 millones en ayuda humanitaria mediante Cáritas, organismo de la Iglesia Católica encargado de distribuir los recursos en la isla, durante declaraciones a la prensa en Italia, en el marco de su visita al Vaticano el 8 de mayo,
"Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que, lamentablemente, hasta el momento no han accedido a distribuir para ayudar al pueblo de Cuba", declaró.
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Rubio responsabilizó directamente al gobierno cubano de impedir la llegada de esa asistencia. "Es el régimen el que no la acepta. Es el régimen el que se interpone en su camino", explicó.
El funcionario también sostuvo que Estados Unidos busca ampliar el apoyo humanitario a la población cubana y acusó al gobierno de La Habana de agravar la situación económica y social del país. Según dijo, el pueblo cubano "está siendo perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía".
En respuesta, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla dijo en X el 8 de mayo que la oferta de Estados Unidos es falsa y la calificó como "un intento de engañar al pueblo de Cuba y a los propios ciudadanos estadounidenses". También cuestionó si durante su reunión con el Papa, Rubio habría sido sincero sobre este tema.
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Las declaraciones ocurren en medio de una nueva escalada de presión económica de Washington contra el gobierno cubano. El 7 de mayo, Rubio anunció sanciones contra empresas estatales vinculadas al aparato económico y militar de la isla, así como contra una ejecutiva señalada por administrar activos financieros del régimen.
Las medidas se alinean con una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 1 de mayo, enfocada en sancionar a responsables de represión en Cuba y amenazas a la seguridad nacional y política exterior de EE. UU.
Entre las entidades sancionadas figura el conglomerado militar GAESA, que controla una parte significativa de la economía cubana. Rubio acusó a la organización de canalizar ingresos hacia las élites gobernantes mientras la población enfrenta carencias de alimentos, deterioro de infraestructura y problemas energéticos.
También fue incluida en las sanciones Ania Guillermina Lastres Morera, identificada por Rubio como responsable de manejar cuentas en el extranjero relacionadas con GAESA.
Otra de las empresas afectadas fue Moa Nickel S.A., vinculada al sector minero cubano. Rubio aseguró que la compañía explota recursos naturales "en beneficio del régimen a expensas del pueblo cubano" y recordó que parte de esos activos estuvieron anteriormente en manos de empresas estadounidenses antes de las confiscaciones posteriores a la revolución de 1959.
En días recientes, Rubio también rechazó versiones que atribuyen a Estados Unidos un bloqueo petrolero contra Cuba. El secretario de Estado afirmó que la reducción de suministros energéticos se relaciona con la decisión de Venezuela de dejar de enviar petróleo subsidiado a la isla.
"No existe un bloqueo petrolero a Cuba propiamente dicho", declaró el funcionario el 5 de mayo en la Casa Blanca.
Rubio sostuvo además que Washington intentó ampliar la ayuda humanitaria a través de la Iglesia Católica, pero acusó al gobierno cubano de impedirlo. "Queremos hacer más", dijo entonces. "No nos permiten brindar más ayuda humanitaria a su propia gente".
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las afirmaciones de Rubio y acusó a Washington de presionar a proveedores internacionales de petróleo para limitar el suministro hacia la isla.
"En cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba. Se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación", declaró Rodríguez en X, el pasado 5 de mayo.
Rodríguez también cuestionó la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, al considerar que las nuevas disposiciones afectan operaciones energéticas y financieras vinculadas a Cuba.
Con información de Ryan Morgan y Aldgra Fredly.
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