La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que emita una orden de protección que prohíba a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de Maduro compartir el material de la fase de presentación de pruebas con los otros cuatro acusados en el caso, que aún no han sido detenidos.
A través de una carta presentada por la Fiscalía, el gobierno estadounidense solicitó a la corte la emisión de una orden de protección previendo que las pruebas obtenidas en la investigación contra los acusados y sus cómplices —que incluye grandes volúmenes de información sensible— sea divulgada a los no detenidos y esto conlleve a un "perjuicio claramente definido, específico y grave" hacia los testigos.
"Existe una causa justificada (...) entre otras cosas porque el hecho de que los demandados compartan el material de la investigación con los demandados que aún no han sido detenidos supondría un riesgo inaceptable de, primero, daño a los testigos y sus familias, segundo, destrucción de pruebas y, tercero, obstrucción de las investigaciones en curso", dice la carta firmada por el Fiscal Jay Clayton que sigue el caso.
Los otros acusados que aún no han sido detenidos son Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Ernesto Maduro Guerra (hijo de Maduro) y Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias "Niño Guerrero".
Historias relacionadas
La evidencia obtenida incluye informes policiales de Estados Unidos y otros países, datos de redes sociales y dispositivos electrónicos, registros financieros, órdenes judiciales y material de inteligencia, entre otros, que compromete a varios testigos del caso.
La solicitud de orden de protección se basa en el hecho de los acusados ya han cometido actos de violencia en contra de personas que consideran sus oponentes, y los que aún no han sido detenidos tienen la capacidad de ejercer violencia contra los testigos del caso.
"Tal y como se describe en la acusación, Maduro Moros y Flores de Maduro participaron en actos de violencia, entre los que se incluyen 'ordenar secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero por drogas o que de alguna otra forma socavaban su operación de tráfico de drogas, incluyendo el asesinato de un capo local de la droga en Caracas, Venezuela'", dice la carta.
Adjunto a la carta, el gobierno puso a consideración del tribunal un anexo con una orden de protección propuesta que estipularía en el párrafo 13 que "el material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados" y se limitaría al conocimiento de los abogados de la defensa del caso.
Según la carta de la Fiscalía, los abogados de la defensa ya dieron su consentimiento a la emisión de la orden de protección propuesta, pero se opusieron a lo consignado en el párrafo 13.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores (al fondo), son escoltados por agentes federales tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, mientras se dirigen a un vehículo blindado para dirigirse a un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, el 5 de enero de 2026. (XNY/Star Max/GC Images)El 20 de febrero, el abogado de Maduro y Flores, Barry J. Pollack, envió una carta al juez Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York pidiendo que se alivien las sanciones a Venezuela que impiden pagar los costos de representación judicial a Maduro y Flores.
"Según la legislación y la costumbre venezolana, el gobierno de Venezuela cubre los gastos del presidente y la primera dama. En consecuencia, las solicitudes de licencia buscaban específicamente la autorización para representar a los respectivos clientes y aceptar fondos del gobierno de Venezuela para sus respectivas representaciones", decía la carta.
"El 9 de enero de 2026, la OFAC otorgó ambas licencias. Sin embargo, menos de tres horas después, la OFAC, de oficio y sin dar explicaciones, modificó la licencia relacionada con la representación del Sr. Maduro (pero no la relacionada con la representación de la Sra. Flores). La licencia modificada relacionada con el Sr. Maduro no autoriza el cobro de los costos de defensa al gobierno de Venezuela", se añadió.
En una nueva carta presentada ante la corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 25 de febrero, Pollack dijo que el gobierno de Estados Unidos estaba obstaculizando el pago de los honorarios de representación legal de Maduro y Cilia, e instó al juez Hellerstein desestimar la acusación por falta de fondos de representación.
Historias relacionadas
Los fiscales estadounidenses respondieron el 13 de marzo que Maduro y Flores no deberían poder utilizar fondos del gobierno venezolano para defenderse de los cargos de narcotráfico que les imputa Estados Unidos.
"Aunque ambos acusados alegan que tienen derecho a esos fondos en virtud de la Constitución venezolana (...) ambos acusados sabían sin duda que el Gobierno de EE. UU. no consideraba que ocuparan cargos legítimos", escribieron los fiscales, señalando que uno de los objetivos de las sanciones estadounidenses era expulsar del poder a Maduro y Flores.
The Epoch Times contactó al juez Hellerstein para solicitar comentarios, pero no ha recibido respuesta.
Naveen Athrappully y Reuters contribuyeron a este artículo.
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
