El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector del oro en Nicaragua, incluyendo a dos hijos de la pareja gobernante Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las medidas buscan afectar estructuras que, según Washington, permiten al gobierno nicaragüense generar ingresos y sostener su control político, de acuerdo con un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publicado el 16 de abril.
"El régimen Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas compañías de oro y coconspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos que mantengan su poder político", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Entre los sancionados figuran Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para asuntos deportivos, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, jefe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Ambos fueron designados por su papel como funcionarios del gobierno nicaragüense.
El Tesoro también incluyó a varias empresas del sector minero, señaladas por operar dentro de una red que, según la autoridad estadounidense, ha sido reorganizada desde 2020 para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político del Ejecutivo.
Según la agencia estadounidense, estas estructuras han permitido canalizar ingresos provenientes del oro hacia actores vinculados al poder. En ese contexto, se menciona el papel de la empresa estatal ENIMINAS en la asignación de concesiones y en la distribución de beneficios dentro del sector.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, habla durante una rueda de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca, el 15 de abril de 2026. (Brendan Smialowski/AFP vía Getty Images)Entre las compañías sancionadas se encuentran la Exportadora de Metales S.A. (EMSA), Grupo Minero Xiloa S.A., Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A. y Brother Metal S.A., todas señaladas por operar en el sector aurífero nicaragüense.
El Departamento del Tesoro indicó que algunas de estas entidades habrían utilizado el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos y financiar operaciones del régimen.
Además, la acción incluye a empresas y personas presuntamente involucradas en la confiscación de activos vinculados a inversión estadounidense. Según el comunicado, en 2025 se produjo la ocupación de una planta perteneciente a BHMB Mining Nicaragua S.A., una compañía con capital extranjero.
"Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos propiedad de estadounidenses y continuará apuntando a las fuentes de ingresos que empoderan al corrupto régimen Murillo-Ortega", señaló Bessent.
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EE. UU. sanciona al director de prisiones de Nicaragua
Otro caso de sanciones ocurrió en febrero de este año cuando el Departamento de Estado sancionó al director de prisiones del país centroamericano, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su papel en la violación de derechos humanos.Guevara fue designado por la agencia estadounidense como un individuo al que se le niega la entrada a Estados Unidos. Esta designación busca que el régimen sandinista rinda cuentas por los abusos cometidos contra los presos políticos.
"Seguimos exigiendo la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por la dictadura de Murillo-Ortega e instamos a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua", escribió el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en una publicación de X, el 18 de febrero.
Al menos 150 reclusos han sido sometidos a tratos crueles y degradantes, según reveló un último informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre los derechos humanos en Nicaragua.
Una pareja de dictadores
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, levantan los puños durante la conmemoración del 51.º aniversario de la campaña guerrillera de Pancasan en Managua, el 29 de agosto de 2018. (INTI OCON/AFP a través de Getty Images).La medida del jueves es el último intento de Washington por presionar a un régimen que ha convertido a Nicaragua en lo que los funcionarios estadounidenses denominan una "dictadura familiar".
El veterano líder Ortega nombró oficialmente a Murillo —su esposa y exvicepresidenta— copresidenta hace un año. Según los observadores, la medida parecía destinada a consolidar el control de la familia sobre Nicaragua y a garantizar que el poder se transmita a sus hijos.
El cambio constitucional elevó a Murillo de vicepresidenta a copresidenta, institucionalizando lo que el Tesoro de EE. UU. describe como un Estado totalitario y subordinando al pueblo nicaragüense a la pareja dictatorial.
El régimen de Nicaragua ha estado llevando a cabo una represión contra la disidencia desde las protestas sociales masivas de 2018, que el Estado reprimió violentamente. Desde entonces, ha cerrado más de 5000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país, según Amnistía Internacional. El informe del Departamento de Estado de EE. UU. "Informes por países sobre prácticas de derechos humanos: Nicaragua 2018" señaló que el conflicto dejó al menos 325 muertos, más de 2000 heridos y cientos de personas detenidas ilegalmente y torturadas.
El mes pasado, las Naciones Unidas afirmaron que el régimen utilizaba la corrupción como herramienta para financiar la represión política sistémica y mantenerse en el poder.
En marzo de 2024, Estados Unidos sancionó a la fiscal general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, describiéndola como "una figura clave en la persecución injusta que el régimen nicaragüense ejerce contra los presos políticos y la sociedad civil en el país".
La amplia acción del jueves —dirigida contra miembros de la propia familia gobernante— señala una escalada más aguda bajo la actual administración estadounidense.
Con información de Yeny Sora.
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