El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el martes que llegó a un acuerdo de 68 millones de dólares con una empresa promotora inmobiliaria y prestamista con sede en Houston acusada de llevar a cabo una estafa dirigida a los hispanos.
El DOJ alegó que la actuación de Colony Ridge Land LLC contra los hispanos violaba las leyes de Igualdad de Oportunidades de Crédito y Vivienda Justa. Según un comunicado de prensa, las supuestas prácticas crediticias engañosas de la empresa se aprovechaban de la barrera del idioma y creaban un ciclo de ejecuciones hipotecarias.
La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, promulgada en 1974, prohíbe a los acreedores discriminar a los solicitantes por motivos de raza, religión, sexo, estado civil, edad o si dependen de ingresos de asistencia pública. Del mismo modo, la Ley de Vivienda Justa, que entró en vigor en 1968, prohíbe la discriminación por parte de los proveedores directos de vivienda, incluidos los propietarios, las empresas inmobiliarias, las compañías de seguros de vivienda y los bancos u otros prestamistas.
Debido a que Colony Ridge se dirigía específicamente a los hispanos, según alegaba la demanda, la empresa incurrió en discriminación ilegal, infringiendo estas leyes.
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“Dirigirse intencionadamente a prestatarios vulnerables con el sueño americano de ser propietarios de una vivienda y luego atraparlos en una trama abusiva no solo es incorrecto, sino que también viola nuestras leyes de derechos civiles”, dijo el fiscal general adjunto Harmeet K. Dhillon en el comunicado de prensa. “Este Departamento de Justicia perseguirá a todos los prestamistas, financieros y promotores inmobiliarios que participen en tramas que, en última instancia, fomenten la inmigración ilegal”.
La comunidad de Colony Ridge es una zona residencial no incorporada de 33,000 acres situada en el condado de Liberty, Texas, a unas 40 millas al noreste de Houston. También se la conoce como la comunidad de Terrenos Houston, un supuesto refugio para inmigrantes ilegales.
En mayo de 2023, un artículo publicado por el Centro de Estudios sobre Inmigración afirmaba que una parte significativa de los residentes de la urbanización Colony Ridge eran inmigrantes ilegales, y añadía que los cárteles del Golfo y de Sinaloa operaban en la comunidad. El director ejecutivo de la empresa, John Harris, había declarado anteriormente que la "gran mayoría" de quienes compran terrenos en Colony Ridge lo hacen con un documento de identidad de Texas o de Estados Unidos.
Sin embargo, en octubre de 2023 también reconoció que la empresa vende a personas que no son ciudadanas estadounidenses.
Ni la denuncia inicial de diciembre de 2023 ni el acuerdo extrajudicial hacen referencia alguna a que Colony Ridge albergue a inmigrantes ilegales o miembros de cárteles.
Pero el Departamento de Justicia dijo que la investigación de su División de Derechos Civiles encontró pruebas que demostraban que la promotora inmobiliaria se dirigía intencionadamente a los consumidores hispanos con un plan engañoso y abusivo que utilizaba anuncios y métodos de venta engañosos. El comunicado de prensa afirma que Colony Ridge Land LLC también habría falseado los riesgos de inundación de sus promociones.
Al parecer, también se utilizaron otras tácticas engañosas, como anunciarse principalmente en español, pero realizar las transacciones y la documentación importantes en inglés.
Colony Ridge no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero su director general calificó las acusaciones de “infundadas, indignantes e incendiarias” en diciembre de 2023, tras el anuncio de la demanda inicial del Departamento de Justicia.
Colony Ridge Land LLC y su filial presuntamente utilizaron préstamos financiados por el vendedor sin comprobar si el prestatario tenía capacidad para devolverlos, lo que aumentó significativamente la probabilidad de impago y provocó altas tasas de ejecución hipotecaria, según el Departamento de Justicia.
Del total de 68 millones de dólares del acuerdo, Colony Ridge invertirá 48 millones en mejoras de infraestructura. En concreto, 18 millones se destinarán a problemas de drenaje que causaron graves daños por inundaciones en las viviendas. Los 30 millones restantes se destinarán a otras mejoras de infraestructura.
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Otros 20 millones de dólares se destinarán a aumentar la presencia y la eficacia de las fuerzas del orden en las urbanizaciones de Colony Ridge.
“Los cambios que exige este acuerdo promoverán la seguridad pública y la propiedad de viviendas asequibles y sostenibles en Estados Unidos, prioridades clave de esta Administración”, afirmó el fiscal general adjunto Dhillon en una declaración del 10 de febrero.
Colony Ridge también acordó corregir la información engañosa que proporcionaba a los consumidores sobre las propiedades y describir con precisión su estado. La empresa también exigirá a los compradores que tengan un permiso de conducir, una tarjeta de identificación, un pasaporte válido o un visado renovado después del 1 de enero de 2025, todos ellos expedidos por el estado de Texas.
En lo que posiblemente sea la condición más importante del acuerdo, la empresa aceptó suspender durante tres años la promoción de nuevas parcelas residenciales destinadas a la venta directa al consumidor.
El acuerdo resuelve la demanda presentada inicialmente en diciembre de 2023 por la División de Derechos Civiles y la Oficina de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, y también concluye una demanda posterior presentada en 2024 por la Oficina del Fiscal General del Estado de Texas.
