El Departamento de Justicia (DOJ) ha enviado cartas a los funcionarios electorales de todo el país, advirtiéndoles que podrían enfrentar cargos penales si permiten que personas que no son ciudadanas reciban boletas electorales o voten en las elecciones.
"Cualquier funcionario electoral, incluido el jefe de las elecciones estatales, que a sabiendas mantenga a personas que no sean ciudadanas en la lista de votantes del estado o facilite que las personas que no son ciudadanas reciban y emitan sus votos podría estar sujeto a responsabilidad penal", dijo Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de derechos civiles, en las cartas, que fueron enviadas el 7 de julio.
También se les informó a los funcionarios que impedir que las personas que intentan votar ejerzan su derecho al voto es un delito.
Dhillon también detalló varias leyes federales que establecen las obligaciones de los funcionarios electorales estatales y locales en lo que respecta a las listas de votantes.
"Les animamos a que se pongan en contacto con nosotros para hablar sobre las medidas que su estado debería tomar para mantener las listas de votantes limpias, tal como lo exige la ley", escribió Dhillon.
Un portavoz del Departamento de Justicia explicó a The Epoch Times por correo electrónico: "El Departamento envió estas cartas a los 50 estados y al Distrito de Columbia, solicitando el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones conforme a la ley federal para garantizar que solo los ciudadanos voten en las elecciones federales".
Las cartas se enviaron después de que el Departamento de Justicia solicitara datos sobre los votantes registrados de todos los estados. Varias docenas, incluido Utah, se negaron a cumplir con la solicitud, lo que provocó acciones legales por parte del departamento.
Hasta el momento, los jueces han fallado en contra de la agencia, incluido un juez que en junio afirmó que la solicitud pedía datos que no se ajustan a los registros que el gobierno federal puede exigir a los estados.
La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, dijo en una publicación en Threads que recibió una de las cartas de Dhillon.
"Estoy segura de que no soy la única funcionaria electoral estatal que está siendo objeto de represalias por cumplir con las leyes estatales y federales al resistirme a las exigencias del Departamento de Justicia de proporcionar datos privados de votantes, que hasta ahora han sido declarados ilegales por al menos una docena de cortes", dijo Henderson. "Este es un comportamiento verdaderamente insólito por parte de la agencia federal que se supone que protege los derechos civiles".
Dhillon también dijo el martes que el Departamento de Justicia enviará observadores electorales a seis estados (Arizona, Michigan, Massachusetts, Minnesota, Nuevo Hampshire y Virginia) durante las elecciones primarias de este año.
Los monitores se centrarán en temas como el acceso a los centros de votación para personas con discapacidad y en verificar que los lugares de votación permanecen abiertos durante el tiempo requerido por la ley federal.
"También es importante asegurarnos de que nuestro sistema de votación sea preciso para que el voto de cada ciudadano se cuente por igual y no se vea anulado por el de alguien que no debería votar", dijo Dhillon en una declaración en video.
Jesús Osete, subprocurador general adjunto principal del Departamento de Justicia para los derechos civiles, dijo en una publicación en X que el envío de los monitores electorales federales "es una práctica habitual en todas las elecciones".
