20 fiscales generales demandan a Admón. Trump por mandatos de DEI para contratistas federales

La Corte de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, el 21 de febrero de 2019. (Mark Wilson/Getty Images)

La Corte de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, el 21 de febrero de 2019. (Mark Wilson/Getty Images)

12 de junio de 2026, 6:39 p. m.
| Actualizado el12 de junio de 2026, 7:38 p. m.

Una coalición de 20 fiscales generales presentó el miércoles una demanda contra la Administración Trump, alegando que las agencias federales ignoraron los procedimientos exigidos por la ley e impusieron restricciones poco claras a los contratistas como parte de los esfuerzos de la Administración por poner fin a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las operaciones gubernamentales.

La demanda, presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland, impugna una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 26 de marzo que prohíbe la discriminación racial.

La orden exige a las agencias que incluyan cláusulas específicas en los contratos y subcontratos federales para prohibir a los contratistas llevar a cabo “actividades de DEI discriminatorias por motivos raciales” mientras realizan trabajos en virtud de contratos federales.

Las instituciones que incumplan la orden se enfrentan a sanciones en forma de cancelación de contratos, rescisión, suspensión, exclusión de futuras licitaciones y posible responsabilidad en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.

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La coalición de estados liderados por demócratas sostiene que las agencias infringieron la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes federales de contratación pública al no publicar un aviso público ni solicitar comentarios sobre los nuevos requisitos.

Los fiscales generales alegan que las agencias actuaron fuera de los límites de su autoridad legal y no explicaron ni justificaron adecuadamente las nuevas políticas.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda busca una declaración de que las acciones de las agencias son ilegales y una orden judicial que prohíba la aplicación de las nuevas condiciones contractuales.

“Este es otro ejemplo más de acciones improvisadas diseñadas para confundir e intimidar en lugar de proporcionar una orientación clara a las personas y las empresas —en este caso, a los contratistas federales”, dijo la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado. "La Administración Trump está demostrando una vez más que le interesa más tomar atajos para aparecer en los titulares con la eliminación de las iniciativas de DEI que cumplir la ley, y estamos tomando medidas para proteger a los contratistas de Massachusetts y de otros lugares".

El fiscal general de California, Rob Bonta, expresó un sentimiento similar.

“La Administración Trump sigue cambiando las reglas del juego, imponiendo recientemente nuevas condiciones vagas, confusas y sin fundamento a contratos federales por valor de miles de millones de dólares”, dijo Bonta. "No lo hace en aras de la eficiencia o del buen gobierno, y desde luego no lo hace por preocupación por prevenir la discriminación racial. En cambio, esto parece ser otro ataque más contra las iniciativas legales de diversidad, equidad e inclusión. Vamos a acudir a los tribunales —una vez más— para proteger los intereses de nuestro estado y poner fin a la última ilegalidad de la Administración Trump".

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La coalición incluye a los fiscales generales que representan a California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Maryland.

La Administración Trump ha trabajado para eliminar los programas de DEI en el Gobierno federal, comenzando poco después de que Trump asumiera el cargo en enero de 2025, firmando múltiples órdenes ejecutivas para eliminar las políticas de DEI de la era Biden.

La orden ejecutiva de Trump de marzo define las actividades basadas en la DEI como prácticas en las que las entidades tratan a los empleados o contratistas en función de su raza o etnia, en lugar de por méritos.

“Las actividades de DEI también generan costes innecesarios al reducir la oferta de mano de obra disponible, al limitar artificialmente a las empresas a la contratación o promoción de determinadas personas, proveedores o intermediarios en función de su raza o etnia”, dijo Trump en la orden.


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