El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el 30 de abril la condena de un hombre de California a 144 meses de prisión por obtener de forma fraudulenta alrededor de 59 millones de dólares en prestaciones públicas y lavar el dinero hacia China.
Bruce Jin, de 61 años, de Los Ángeles, se había declarado culpable en el caso en enero de 2025, admitiendo que él y otros cómplices “conspiraron para obtener fondos estatales de subsidio por desempleo y otros fondos públicos mediante medios fraudulentos”, según informó el DOJ en un comunicado del 1 de mayo.
Jin y dos cómplices "celebraron una serie de acuerdos para hacer creer que operaban negocios legítimos de venta de mascarillas y otros equipos de protección individual contra el COVID-19", señaló el Departamento de Justicia.
“Los fondos que los acusados obtuvieron y lavaron a través de sus empresas procedían de prestaciones estatales por desempleo ('UC') obtenidas de forma fraudulenta. La imputación alega que los pagos de impacto económico, o 'pagos de estímulo', también se obtuvieron mediante medios fraudulentos”.
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Los pagos de impacto económico fueron ofrecidos por el Gobierno federal durante la pandemia de COVID-19 para proporcionar ayuda financiera a los estadounidenses.
Algunos miembros anónimos de la red, entre los que se cree que hay varios procedentes de China, abrieron miles de cuentas en bancos de Estados Unidos utilizando la información personal de víctimas de robo de identidad. A continuación, los fondos de las prestaciones por desempleo se desviaron a estas cuentas.
Una vez abonados los fondos, estos se transferían a empresas controladas por Jin y los coautores del delito.
Cuando Jin recibía los fondos, realizaba transferencias bancarias internacionales a una cuenta vinculada a una empresa en China, por un total de más de 35 millones de dólares. Jin transfirió otros 2 millones de dólares directamente a la cuenta bancaria de un ciudadano chino que controlaba la empresa.
Además de la pena de 144 meses de prisión, se ordenó a Jin la confiscación de más de 59 millones de dólares estadounidenses y otros bienes. Dos cómplices en el caso, ambos de Los Ángeles, se han declarado culpables y se espera que sean sentenciados este mes.
La prestación por desempleo la abona el estado a los trabajadores que han perdido su empleo debido a despidos u otras circunstancias, como la reducción de plantilla. La prestación tiene por objeto proporcionar a estos trabajadores una fuente de ingresos hasta que puedan encontrar trabajo.
El 21 de abril, el Departamento de Justicia anunció que, en otro caso de fraude en las prestaciones por desempleo, un residente de Pensilvania fue acusado por un gran jurado federal.
El acusado en el caso trabajaba en el Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania. Mientras trabajaba en el departamento, el acusado supuestamente aceptó pagos no autorizados de personas que habían solicitado la prestación por desempleo. Los pagos se hicieron al acusado para agilizar y garantizar ciertas prestaciones a los solicitantes.
Según el Departamento de Justicia, las acciones del acusado dieron lugar al pago de 528,449 dólares en prestaciones por desempleo a solicitantes que no tenían derecho a ellas.
“Esta investigación y la acusación resultante envían un mensaje claro de que los empleados públicos que roben y hagan un uso indebido de los fondos públicos serán llevados ante la justicia”, dijo el fiscal federal Troy Rivetti.
“Nuestra oficina y nuestros socios de las fuerzas policiales están comprometidos con la erradicación del fraude y la protección del erario público".
En una actualización de octubre de 2025, el IRS advirtió a los estadounidenses de que algunos estados estaban experimentando un aumento de las solicitudes fraudulentas de prestaciones por desempleo presentadas por grupos del crimen organizado que utilizaban identidades robadas.
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Según el IRS, las personas que reciben correspondencia de una agencia gubernamental sobre una solicitud de subsidio por desempleo o un pago que no han solicitado pueden ser víctimas de una estafa de robo de identidad.
La agencia advirtió que los estafadores estaban creando sitios web que imitaban a los sitios legítimos de prestaciones por desempleo, incluidos los de la agencia estatal de empleo (SWA), para engañar a las personas y robar su información personal.
“Para atraer a los consumidores a estos sitios web falsos, los estafadores envían mensajes de texto y correos electrónicos no deseados que pretenden provenir de una SWA y que contienen un enlace”, señaló el IRS.
“Los sitios web falsos están diseñados para engañar a los consumidores y hacerles creer que están solicitando prestaciones por desempleo y revelando información de identificación personal y otros datos confidenciales. Los estafadores pueden utilizar posteriormente esa información para cometer robos de identidad".
