Kelly Loeffler, jefa de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), anunció que detuvo $5.5 millones en pagos federales a Minnesota el 23 de diciembre, al citar los escándalos de fraude del estado, estimados en un total de $9,000 millones, y preocupaciones específicas que su agencia detectó.
Investigadores de la SBA encontraron al menos $2.5 millones en préstamos de alivio por la pandemia "otorgados a personas acusadas como parte del esquema de fraude somalí", escribió en una carta al gobernador de Minnesota, Tim Walz. Además, la agencia encontró que Minnesota otorgó 13,600 préstamos de alivio por la pandemia —por un valor de $430 millones— que están "señalados de fraude". Fiscales declararon que la mayoría de los acusados imputados en tres grandes escándalos en el estado son de origen somalí.
"Minnesota no se puede confiar para administrar dólares federales de impuestos", escribió Loeffler en X, donde también enlazó la carta que envió a Walz. Describió el dinero retenido como "fondos para socios de recursos de la SBA".
"El volumen y la concentración del fraude potencial resultan asombrosos, igualados en su gravedad solo por su respuesta a quienes intentaron detenerlo", escribió.
Acusó a los líderes estatales de inacción cuando surgieron las denuncias de fraude. "Cuando legisladores y denunciantes plantearon preocupaciones sobre posible abuso durante la pandemia, su Administración resistió la supervisión, rechazó la rendición de cuentas y permitió que la mala conducta se propagara", escribió.
The Epoch Times solicitó comentarios a Walz, pero no recibió respuesta antes del cierre de la publicación.
Walz rechazó repetidamente estas acusaciones desde finales de noviembre, al decir que Minnesota atrae criminales por su generosidad.
El gobernador también acusó a los críticos de "intentar demonizar" a los somalíes.
En un comunicado del 15 de diciembre, Walz detalló medidas que tomó para combatir el fraude, en respuesta a una oleada de atención nacional por los crecientes escándalos.
Los programas estatales "crearon controles y equilibrios adicionales", y contrataron investigadores, auditores y agentes del orden, dijo. Además, nombró a un nuevo zar antifraude, Tim O’Malley, ex agente del FBI y superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.
"O’Malley trabajará en todo el gobierno estatal para erradicar el fraude y proteger los dólares de los contribuyentes", dijo Walz.
Loeffler, en su carta, opinó que el fraude debió ser sofocado mucho más rápido o prevenido por completo.
"Lo que ocurrió en Minnesota es la consecuencia de políticas socialistas diseñadas deliberadamente para repartir fondos de asistencia social sin supervisión ni rendición de cuentas", escribió. "La SBA no impulsará esa agenda al continuar enviando fondos a un estado que demostró una negativa imprudente a hacer cumplir la ley".
Dadas estas circunstancias, "la SBA tiene la obligación y la autoridad de actuar", dijo.
Por lo tanto, su agencia cortó el financiamiento para seis programas en Minnesota, "pendiente de una revisión adicional".
Los dos mayores receptores de esos fondos, los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas y el Programa de Micropréstamos de la SBA, recibieron más de $2 millones cada uno al año. Cantidades menores que ahora quedan congeladas fueron a los Centros de Negocios para Mujeres, la mentoría empresarial SCORE, el Programa Federal y Estatal de Asociación Tecnológica y la Competencia del Fondo Acelerador de Crecimiento de la SBA.
Concluyó al decirle a Walz: "Seguiremos haciendo lo que usted no hizo: proteger los dólares federales en nombre del pueblo estadounidense".
