El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el 26 de enero que un gran jurado había dictado una imputación adicional contra 31 personas presuntamente implicadas en una trama para robar millones de dólares de cajeros automáticos mediante el uso de malware.

"Esta imputación incluye 32 cargos, entre los que se encuentran conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo en bancos y fraude informático, fraude bancario, robo en bancos y daños a computadoras", dijo el DOJ en un comunicado.

Estas personas se suman a otras 56 que ya han sido acusadas en relación con el caso, lo que eleva el número total de acusados a 87. Según el DOJ, las 87 personas son "ciudadanos venezolanos y colombianos, incluidos miembros del Tren de Aragua (TdA) que están ilegalmente en el país".

El Departamento de Justicia dijo que la presunta conspiración "desarrolló y desplegó una variante de malware conocida como Ploutus, que se utilizó para piratear cajeros automáticos y obligarlos a dispensar efectivo".

Según la imputación adicional, los miembros de la conspiración realizaban reconocimientos y tomaban notas de las características de seguridad de los bancos y cajeros automáticos seleccionados. Tras retirar inicialmente la cubierta o la puerta de un cajero automático, supuestamente esperaban cerca para ver si la acción había activado una alarma o alertado a las fuerzas policiales.

Tras confirmar que no había respuesta inmediata, los miembros de la conspiración presuntamente retiraban directamente los discos duros de los cajeros automáticos y los sustituían por otros precargados con el malware Ploutus, o conectaban un dispositivo externo, como una memoria USB, para desplegar el malware.

"El objetivo principal del malware Ploutus era emitir comandos no autorizados asociados al módulo de dispensación de efectivo del cajero automático para forzar la retirada de dinero", dijo el Departamento de Justicia.

"El malware Ploutus también estaba diseñado para borrar las pruebas de su existencia con el fin de ocultar, crear una falsa impresión, engañar o confundir a los empleados de los bancos y cooperativas de crédito para que no se enteraran de la instalación del malware en el cajero automático".

La imputación es la última de una investigación en expansión sobre el llamado "jackpotting" de cajeros automáticos, tras una presentación relacionada con el caso el 21 de octubre.

Esa acusación imputaba a 32 personas y alegaba 56 cargos, entre ellos un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer robo bancario y fraude informático, 18 cargos de fraude bancario, 18 cargos de robo bancario y 18 cargos de daños a computadoras.

Otra imputación presentada el 9 de diciembre acusaba a 22 personas. Los cargos de esa acusación incluían 13 cargos de conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, 10 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, 10 cargos de conspiración para cometer robo y fraude bancario, y actividades relacionadas con computadoras, y 22 cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.

La imputación alegaba que Tren de Aragua "utilizó el jackpotting para robar millones de dólares en Estados Unidos y luego transfirió las ganancias entre sus miembros y asociados para ocultar el dinero obtenido ilegalmente".

La fiscal general Pam Bondi dijo en una declaración el 26 de enero que Tren de Aragua es una compleja organización terrorista que comete "graves delitos financieros, además de horribles violaciones, asesinatos y tráfico de drogas".

"Este Departamento de Justicia ya ha procesado a más de 290 miembros de Tren de Aragua y seguirá trabajando sin descanso para poner entre rejas a estos despiadados terroristas después de que la administración anterior les permitiera infiltrarse en nuestro país", dijo Bondi.

El Departamento de Justicia dijo que, si son declarados culpables, los acusados en la acusación formal del 26 de enero se enfrentan a penas de prisión de entre 20 y 335 años.