Zhou Lubao vivió al margen de la economía china durante años, ganando el equivalente a unos 512 dólares al mes como vigilante en una obra de construcción y enviando la mayor parte de ese dinero a su familia para mantenerla.
Ahora este hombre, de unos 30 años de edad, enfrenta una posible pena de prisión más larga que la de muchos casos de corrupción bajo el régimen comunista, no por robo o violencia, sino por republicar mensajes en Internet.
Zhou ha sido acusado de "provocar disputas y alboroto", un delito contra el orden público de definición amplia que se utiliza a menudo para perseguir a quienes critican al régimen. Zhou compartió unas 25 publicaciones en la plataforma china de redes sociales Weibo, en las que destacaba la situación de los trabajadores migrantes rurales chinos que reclamaban salarios impagados. La fiscalía ha recomendado una pena de siete años y seis meses de prisión, y una multa de 50,000 yuanes (7300 dólares), según las publicaciones de su abogado defensor en chats grupales en línea entre defensores de los derechos humanos.
Los críticos señalan que el caso, juzgado recientemente en una corte de distrito de Lanzhou (China), muestra cómo el sistema legal chino trata el activismo de base y la libertad de expresión en la Internet.
Varios abogados, periodistas y académicos de China hablaron con The Epoch Times bajo condición de anonimato o utilizando únicamente sus apellidos por temor a represalias.
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Un patrón más amplio
El abogado de Zhou lo describió ante el tribunal como un trabajador con bajos ingresos que lucha por llegar a fin de mes. Con unos ingresos de unos 3500 yuanes (512 dólares) al mes, Zhou envía casi el 90 % de sus ingresos a su familia, quedándose con muy poco para sí mismo.Solo la multa propuesta, argumentó el abogado, supondría una pesada carga. Zhou lleva años trabajando como jornalero migrante rural lejos de su hogar, renunciando a visitar a su familia durante las vacaciones.
"Para conservar este trabajo de vigilancia en una obra, hace seis años que no ha regresado a casa para las vacaciones", publicó su abogado.
Otro abogado dice que la acusación contra Zhou refleja un patrón más amplio.
"El delito de 'provocar peleas y alboroto' se ha convertido desde hace tiempo en un cargo 'común' utilizado contra defensores de los derechos humanos y usuarios de Internet", le dijo Liu, un abogado de derechos humanos con sede en el sur de China, a The Epoch Times.
El caso de Zhou, señaló Liu, muestra cómo las cortes suelen imponer penas más severas a quienes se encuentran en la base de la sociedad y tratan de defender sus derechos.
Su situación económica —ganar poco mientras mantiene a una familia— dista mucho de ser inusual, añadió Liu, calificándola de "un doloroso reflejo de muchos hogares de bajos ingresos en China".
Un periodista de Lanzhou, China, cuestionó la proporcionalidad de la sentencia recomendada.
"Esto es difícil de justificar", le dijo a The Epoch Times. "Los funcionarios que aceptan sobornos por valor de millones a veces reciben penas similares. Sin embargo, Zhou solo se limitó a compartir mensajes en línea en defensa de los trabajadores migrantes —acciones que ni siquiera constituyen un delito— y los fiscales recomiendan siete años y medio de prisión".
El periodista señaló que el caso podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión en la Internet, lo que suscita preocupación sobre si los usuarios comunes de Internet seguirán alzando la voz en defensa de los grupos vulnerables.
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Preocupación por el sistema judicial chino
La controversia surge después de que las máximas autoridades judiciales del Partido Comunista Chino (PCCh) revisaran recientemente las directrices para la imposición de penas por delitos relacionados con la corrupción.El 10 de abril, la Suprema Corte Popular y la Procuraduría Suprema Popular de China elevaron el umbral para procesar a los funcionarios por "bienes de origen incierto", de 300,000 yuanes (unos 44,000 dólares) a 3 millones de yuanes (440,000 dólares). Según las nuevas normas, los casos que impliquen entre 3 y 10 millones de yuanes (unos 1.5 millones de dólares) pueden acarrear penas de hasta cinco años, mientras que las cantidades superiores podrían suponer entre cinco y diez años.
Para una experta jurista china, el contraste con el caso de Zhou es sorprendente.
"Esto ya no es solo una cuestión de discrecionalidad judicial: refleja un desajuste entre el poder y el castigo", le dijo a The Epoch Times una jurista del centro de China. "La señal está profundamente distorsionada. Un funcionario del gobierno con casi 3 millones de yuanes en activos no justificados podría ni siquiera enfrentar cargos penales según el nuevo umbral. Incluso con sumas mucho mayores, la pena inicial podría ser inferior a cinco años".
En comparación, señaló, Zhou enfrenta más de siete años por compartir mensajes en línea.
Tales disparidades plantean cuestiones fundamentales sobre cómo se evalúa el daño a la sociedad dentro del sistema legal chino, dijo la experta, advirtiendo que las continuas inconsistencias podrían erosionar la confianza pública en la ley.
El caso de Zhou no es aislado. En los últimos años se ha utilizado la misma acusación en varios casos relacionados con la libertad de expresión y el activismo en línea.
La periodista ciudadana china Zhang Zhan fue encarcelada dos veces, durante cuatro años en cada ocasión, tras informar desde Wuhan durante los primeros días de la pandemia de COVID-19. Otros, entre ellos los activistas Xu Lin y Ji Xiaolong, han recibido penas de prisión de tres a cuatro años por expresiones en línea o críticas públicas a las políticas del PCCh. Otros casos han involucrado a blogueros, periodistas ciudadanos independientes y ciudadanos de a pie.
En conjunto, estos casos abarcan un amplio espectro de la sociedad china, desde periodistas profesionales hasta activistas de base y usuarios habituales de Internet.
Con información de Xin Ling.
