En una medida poco habitual, el medio de comunicación estatal chino The Beijing News informó el 3 de febrero sobre los abusos generalizados en los hospitales psiquiátricos de la provincia china de Hubei, revelando prácticas que incluyen la detención ilegal de pacientes, diagnósticos falsos, la denegación prolongada del alta y presuntos fraudes relacionados con los fondos del seguro médico público.

Sin embargo, para los demandantes y activistas de derechos humanos en China, estas revelaciones no fueron ninguna sorpresa. Varios entrevistados dijeron a The Epoch Times que estas instituciones psiquiátricas se han utilizado durante años como un mecanismo conveniente para silenciar a las personas que presentan peticiones contra el gobierno. A pesar del reciente escrutinio de los medios de comunicación, afirman que esta práctica no ha cesado.

Los entrevistados hablaron con The Epoch Times bajo condición de anonimato o pidieron que solo se publicaran sus apellidos, por temor a represalias.

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En China, la petición es un sistema administrativo para escuchar las quejas y reclamaciones del público. Muchos peticionarios o demandantes viajan a Beijing para buscar justicia para sus reclamaciones.

En una entrevista el 4 de febrero, Li dijo que cada vez que intentaba llevar sus quejas a Beijing, las autoridades locales actuaban rápidamente para interceptarlo.

“A veces, nada más llegar a Beijing, me enviaban directamente de vuelta”, dijo. “Otras veces, antes incluso de que pudiera explicar por qué estaba allí, me llevaban directamente a un hospital psiquiátrico”.

Una vez dentro, dijo Li, el diagnóstico médico era irrelevante.

“Los médicos no escuchaban nada de lo que decía”, recordó. “Me ataban y me obligaban a tomar medicación tres veces al día.

"No tenía ni idea de qué eran esos medicamentos, solo que me debilitaban las extremidades, ralentizaban mis reacciones y me nublaban la mente".

Li afirma que conoce a varios peticionarios que estuvieron recluidos durante años. Uno de ellos, Xu Wu, estuvo detenido en un hospital psiquiátrico durante cuatro años a partir de 2008. Tras escapar a Guangzhou y hablar con un periódico local chino, Xu fue detenido de nuevo y trasladado a un centro psiquiátrico.

Entre los solicitantes con los que Li se ha encontrado, la detención psiquiátrica involuntaria no es nada raro. Sus quejas van desde expropiaciones de tierras y accidentes laborales hasta errores judiciales.

“Mientras no se cumpla y se niegue a dejar de [solicitar], el hospital psiquiátrico se convierte en su opción más fácil”, dijo Li.

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Un activista de derechos humanos de la provincia de Liaoning declaró a The Epoch Times que las autoridades locales también han utilizado los hospitales psiquiátricos contra quienes demandan o presentan peticiones al gobierno. Uno de los casos más destacados es el de Zhu Guiqin, una mujer que lleva más de dos décadas buscando reparación legal.

Según el activista, Zhu fue ingresada de nuevo en junio de 2024 en el Hospital Psiquiátrico Kangning de Fushun, China.

Más tarde, sus familiares contaron al activista que la golpearon, la ataron a la cama durante largos periodos de tiempo, la medicaron a la fuerza y la inmovilizaron con ropa de contención.

Desde entonces se ha perdido el contacto con Zhu. “Su teléfono está apagado”, dijo el activista. “En esa región, si demandas al gobierno, te pueden llevar directamente a un hospital psiquiátrico”.

Cuando The Epoch Times se puso en contacto con la Oficina de Seguridad Pública de Fushun, que supervisa el caso de Zhu, el agente dijo por teléfono que solo se podría proporcionar más información si el periodista se presentaba en persona con una carta de referencia.

Agentes de la policía paramilitar detienen a una mujer mientras protesta de rodillas frente al Gran Salón del Pueblo en Beijing el 13 de marzo de 2015. (Greg Baker/AFP/Getty Images)

Según la ley, la policía no tiene autoridad para internar a una persona por la fuerza sin un diagnóstico médico, una evaluación judicial y el consentimiento de la familia. En la práctica, dijo Zhang, esas garantías se ignoran habitualmente a nivel local.

Enviar a los demandantes a hospitales psiquiátricos, explicó, ofrece a los funcionarios una alternativa más limpia que la detención penal o administrativa.

“Es mucho más fácil que un arresto formal”, dijo Zhang. “No hay juicio público, ni sentencia escrita, y casi ninguna rendición de cuentas. Desde fuera, es muy difícil rastrear la responsabilidad”.

Señaló casos similares entre solicitantes de otras provincias. En algunos casos, las personas se convirtieron más tarde en símbolos nacionales de la represión, como Dong Yaoqiong, también conocida como la “chica de la tinta” de Hunan, que fue detenida en un hospital psiquiátrico tras protestar contra el líder chino Xi Jinping salpicando con tinta un cartel de Xi.

Las agencias oficiales chinas y los medios de comunicación estatales han citado con frecuencia estimaciones según las cuales más de 100 millones de personas en China padecen algún tipo de trastorno mental, y más de 16 millones están clasificadas como enfermas mentales graves.

Sin embargo, los defensores de los derechos humanos subrayan que los casos de internamiento psiquiátrico forzoso quedan fuera de cualquier marco médico legítimo, ya que no se ha determinado médica o judicialmente que las personas afectadas padezcan una enfermedad mental.

La organización de derechos humanos Safeguard Defenders, con sede en Madrid, ha documentado al menos 144 casos, en los que 99 disidentes fueron sometidos a internamiento psiquiátrico involuntario en China entre 2015 y 2021. El grupo ha advertido de que, debido a la opacidad del sistema chino y a la dificultad de recabar pruebas, los casos conocidos públicamente probablemente solo representan una fracción de la verdadera magnitud de esta práctica.

Con información de Xin Ling.