El Senado de la República aprobó la Ley General de Aguas, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La aprobación se da en medio de las protestas de agricultores que señalan al gobierno de tomar el control absoluto del recurso hídrico.
La reforma fue aprobada con 85 votos a favor y 36 en contra, según informó un comunicado del Senado publicado el 4 de diciembre. Ahora el proyecto fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
La reforma busca regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, y prioriza el consumo humano y doméstico frente a permisos, concesiones y asignaciones del recurso, señala el comunicado.
En el contexto político mexicano, Morena el partido oficialista tiene mayoría absoluta tanto en el Congreso como en la Cámara de Diputados, por esa razón las reformas del gobierno de Sheinbaum son aprobadas facilmente sin necesidad de negociar con la oposición.
Durante la discusión, el senador, de Morena, Óscar Cantón Zetina, afirmó que el eje central de la nueva legislación es la persona y no los grandes acaparadores de agua. Dijo que la propuesta crea un "trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente" y "elimina la visión mercantilista del agua para regresarla a su dueño legítimo, el pueblo de México".
En contraste, la senadora, del PAN, Verónica Rodríguez Hernández advirtió que la reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral, al permitir que el gobierno federal decida "de manera discrecional" quién mantiene o pierde su concesión. Señaló que esto representa un riesgo para la democracia, el campo y la seguridad alimentaria.
Por el PVEM, Juanita Guerra Mena sostuvo que el proyecto consolida una visión de Estado en la que el agua deja de ser mercancía y se asume como un bien social. Aseguró que la iniciativa impulsa un modelo de gestión "más justo, transparente y sostenible".
La senadora priista Carolina Viggiano Austria criticó que el proyecto carece de estudios económicos, análisis presupuestales y evaluación de impacto financiero. Acusó que no se garantizan recursos para infraestructura ni operación de sistemas hídricos, y que tampoco se consultó a los pueblos originarios, por lo que "el derecho al agua queda en el discurso".
Desde el PT, Lizeth Sánchez García destacó que la legislación reconoce y otorga personalidad jurídica a más de 70,000 comités de agua, con derechos y obligaciones claras. Afirmó que la reforma protege el patrimonio de familias campesinas, define el uso agropecuario familiar y diferencia a pequeños productores de grandes agroindustrias.
El senador de MC Luis Donaldo Colosio Riojas alertó que los cambios amplían el control gubernamental sin contrapesos, generan más trámites e incertidumbre en el campo, y concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sin reglas claras. Dijo que esto eleva el riesgo de arbitrariedad y corrupción, además de desincentivar inversiones y nuevos proyectos.
Mario Vázquez, senador del PAN por Chihuahua, dijo a The Epoch Times que el gobierno bajo el argumento del derecho al agua está limitando "extraordinariamente las transmisiones de derechos de las parcelas que tienen derechos de aguas ganadas hace muchos años, que son patrimonio de las familias agricultoras".
Explicó que bajo la ley vigente, el agua se regula con base en 13 consejos de cuencas que toman las decisiones del agua en su respectiva jurisdicción y que con la reforma el gobierno centraliza toda la operación en CONAGUA. Señaló que la iniciativa criminaliza las prácticas de los productores del campo que se utilizan para recargar acuíferos y dar agua al ganado.
"Lo que quiere el gobierno es mantener control, sobre todo, para hacer uso político. A ver a quién le dan el agua, pero le dan el agua a ellos mismos, a los que ellos quisieran tener bajo su tutela", dijo.
"Nos harían delincuentes", protestan agricultores por nueva Ley del Agua
La aprobación de la legislación ocurre tras varias protestas de agricultores que aseguran afectaciones por la nueva ley de aguas.
Uno de los agricultores que protestó en contra de la legislación dijo a EFE que la nueva Ley de Aguas "complicaría gravemente" la transferencia de tierras y dejaría a productores sin derechos para usar pozos.
"El gobierno dice que el agua es del pueblo, y por eso la estamos defendiendo. Si venden un terreno sin agua, pierde su valor. Imagínese que un agricultor tenga que esperar tres años para recuperar un permiso. Es injusto", remarcó.
Por su parte, el agricultor, Fidel Mendoza Hernández, representante de la Junta Local de Sanidad Vegetal, advirtió que la nueva Ley de Aguas “estrangularía” al campo mexicano.
"Nos harían delincuentes a la hora que nos cancelen los títulos de los pozos. Ya no podríamos ejercer lo que hemos hecho nuestros padres y abuelos. No tenemos prórrogas, no dan los títulos a tiempo, no hay apoyo para la energía eléctrica, no hay apoyo al diésel ni a los insumos. Es muy difícil ya producir en México", señaló.
Con información de Jorge Francomárquez y EFE
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