Los responsables financieros de 23 estados instaron el 20 de mayo al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, a excluir de la cotización a las empresas chinas y proteger a los inversores estadounidenses.
"Las acciones del Gobierno chino crean un entorno de opacidad que es contrario a los requisitos de información y a las prohibiciones de fraude de la Ley de Bolsa", escribieron los tesoreros y comisionados estatales.
Los legisladores, tanto a nivel estatal como federal, afirmaron que la SEC ya tiene la autoridad, en virtud de la Ley de Bolsa y la Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras de 2020, para excluir de la cotización a las empresas que no cumplan con los estándares de la SEC.
Según un informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, la mayor parte del dinero invertido en acciones de empresas chinas se encuentra en entidades de interés variable (VIE), que son de alto riesgo. La estructura de las VIE implica que los inversores no poseen acciones de la empresa de capital, sino que poseen acciones de una empresa ficticia offshore que tiene un contrato con la empresa de capital en la que los inversores pueden creer erróneamente que están invirtiendo.
Por ejemplo, los estadounidenses que invierten en Alibaba o Tencent están invirtiendo en realidad en empresas con sede en las Islas Caimán, y el régimen chino no reconoce la legalidad de las VIE, lo que le da la posibilidad de disolverlas y dejar a los inversores sin recurso legal alguno.
Esta "opacidad" contraviene las normas de información de la SEC, según los responsables financieros estatales y las empresas que utilizan esta estructura merecen una investigación sobre sus "controles y procedimientos de divulgación, controles internos sobre la información financiera, falsificación de registros contables o prácticas manipuladoras y engañosas".
Según los legisladores estatales, confiar en los informes de las empresas chinas es arriesgado.
Señalan que, según la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB), una organización sin ánimo de lucro, siete de las ocho auditorías realizadas a las principales empresas de contabilidad de China mostraron niveles "inaceptables" de deficiencias y errores generalizados. Esta fue la evaluación inicial de la PCAOB en 2023, tras años de denegación de acceso por parte del régimen chino, que también castigó a las empresas por "realizar la debida diligencia". Los legisladores citaron como ejemplo el cierre en Beijing, de la empresa Mintz Group, con sede en Nueva York y la detención de sus empleados por realizar "investigaciones estadísticas relacionadas con el extranjero" sin la aprobación del régimen.
Según los responsables financieros estatales, existe un riesgo adicional derivado de la capacidad del PCCh para controlar directamente estas empresas chinas y los mercados bursátiles. El régimen tiene autoridad para bloquear las acciones de los accionistas y ordenar a las empresas estatales que compren y vendan acciones. También exige a las empresas chinas que cuenten con unidades del PCCh y cooperen con el Estado.
Los funcionarios financieros estatales son miembros individuales de la Fundación de Funcionarios Financieros Estatales, cuyo director ejecutivo, OJ Oleka, dijo en una declaración compartida con The Epoch Times que es poco probable que el Partido Comunista Chino, como adversario, cumpla y sea totalmente transparente con los reguladores estadounidenses.
El PCCh está "librando una larga guerra contra los intereses y el dominio estadounidense", afirmó. "Las empresas que cometen fraude, especialmente aquellas que están en connivencia con malos actores extranjeros, deben ser excluidas de la lista. Los inversores estadounidenses tienen derecho a esperar nada menos".
Michael Lucci, fundador de State Armor, un grupo que colabora con los estados para hacer frente a las amenazas del PCCh, afirmó en una declaración compartida con The Epoch Times, que los funcionarios reconocieron la "infiltración financiera" del régimen comunista chino.
"El PCCh utiliza juegos financieros fraudulentos para atraer a inversores estadounidenses a respaldar empresas que, en última instancia, están controladas por Beijing y benefician al ejército y al estado de vigilancia del PCCh", afirmó, añadiendo que los estados que tomaron medidas para desinvertir en valores chinos están haciendo lo correcto. "Este problema también requiere una solución a nivel nacional".
Los legisladores estadounidenses emitieron advertencias similares. El 5 de mayo, el representante John Moolenaar (R-Mich.) y el senador Rick Scott (R-Fla.) encabezaron un grupo bicameral de legisladores que escribieron a la SEC para que retirara de la lista a las empresas chinas por razones de seguridad nacional y protección de los inversores. Los legisladores detallaron su preocupación por que los fondos estadounidenses, incluidos los ahorros para la jubilación, puedan utilizarse para financiar al ejército, al estado de vigilancia, los abusos contra los derechos humanos o los ciberataques del PCCh contra Estados Unidos.
En 2024, los responsables financieros de 18 estados instaron a los consejos de pensiones públicas a desinvertir también en inversiones con sede en China, advirtiendo de las innumerables señales que indican que la economía china está en dificultades.
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