En los últimos siete días, varias agencias gubernamentales han rescindido 312 "contratos innecesarios" con un valor máximo de 2800 millones de dólares, según informó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en una publicación del 26 de junio en la red social X.
La cancelación supone un ahorro de 470 millones de dólares para los contribuyentes, según la misma fuente. Entre los contratos cancelados se incluyen un "contrato de desarrollo profesional y de gestión para un curso de emprendimiento en la Universidad de Harvard" del Departamento de Defensa, por valor de 286,000 dólares, y un "contrato de USAID para un asesor general sénior de desarrollo en USAID Madagascar", por valor de 485,000 dólares.
Según el sitio web de la DOGE, hasta el 3 de junio se ha ahorrado aproximadamente 180,000 millones de dólares en gasto público, lo que supone 1118 dólares por contribuyente.
Los ahorros son el resultado de la cancelación y renegociación de contratos y arrendamientos, la cancelación de subvenciones, la eliminación de pagos fraudulentos e indebidos, la venta de activos y la reducción de la plantilla.
Las agencias que han contabilizado la mayor parte de los 180,000 millones de dólares de ahorro son el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la Administración de Servicios Generales y el Departamento de Educación.
Algunas de las principales iniciativas de recorte de gastos incluyen la cancelación de 2900 millones de dólares del Departamento del Interior para un programa de reasentamiento de refugiados, un programa tecnológico de 1900 millones de dólares del Tesoro y un programa de subvenciones de 1700 millones de dólares de USAID.
DOGE afirmó que también ha contribuido a recortar diversos programas que describió como "los usos más extraños y desconcertantes" de los fondos públicos.
Entre ellos se incluyen un programa de prevención del embarazo adolescente dirigido a "chicos transgénero" por valor de 620,000 dólares, una subvención de 20,000 dólares para un programa de igualdad de género en matemáticas, una subvención de 250,000 dólares para programas de permisos remunerados basados en la igualdad racial y 10 millones de dólares para "descolonizar" el plan de estudios del Departamento de Educación.
DOGE está operando bajo un nuevo liderazgo después de que Elon Musk abandonara la iniciativa el mes pasado, cuando expiró su mandato de 130 días como empleado especial del gobierno.
El 30 de mayo, Musk y el presidente Donald Trump aparecieron en el Despacho Oval, y el presidente reconoció al empresario por haber traído "un cambio colosal en las viejas formas de hacer negocios en Washington".
Según la Casa Blanca, DOGE está actualmente dirigida por Amy Gleason, que estuvo a cargo del Servicio Digital de Estados Unidos durante la primera administración Trump.
Codificación de los recortes de DOGE
Esta semana, el Subcomité de Eficiencia Gubernamental de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre DOGE, en la que se pidió que se codificaran los recortes de gastos recomendados por DOGE, según un comunicado del 24 de junio del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental.En su declaración inicial, la representante Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) dijo que los legisladores deben "asegurar" los ahorros del DOGE, así como considerar "asegurar" los procesos del DOGE que han generado estos ahorros.
"DOGE se ha ganado enemigos porque se ha enfrentado a la cultura del gasto de Washington. Debemos convertir esto en una batalla permanente. Debemos institucionalizar la lucha contra el despilfarro, el fraude y los abusos en el Gobierno", afirmó.
David Burton, investigador sénior de Política Económica en The Heritage Foundation, afirmó que DOGE representa un impulso para devolver la "cordura fiscal" a Estados Unidos.
Sin embargo, la mayoría de las reducciones de personal y subvenciones, así como otros recortes de gastos sugeridos por DOGE, "no se traducirán en ahorros reales a menos que el Congreso tome medidas a través de proyectos de ley de asignaciones y las declaraciones explicativas que los acompañan", afirmó.
"DOGE y la Administración pueden, dentro de ciertos límites, reprogramar el gasto, implementar eficiencias administrativas y basarse en estatutos que autorizan la retención de gastos, pero en última instancia el Congreso tendrá que tomar decisiones sobre los derechos".
El 12 de junio, la Cámara de Representantes aprobó la HR 4, la Ley de Rescisiones de 2025, por 214 votos contra 212.
El proyecto de ley, por valor de 9400 millones de dólares, codificaba algunos de los recortes recomendados por DOGE. La ley recorta la financiación de la Corporación para la Radiodifusión Pública y reduce en miles de millones de dólares la ayuda económica a través de USAID.
"El presidente [Donald] Trump y los republicanos del Congreso hicieron campaña prometiendo atacar el gasto superfluo", afirmó la representante Virginia Foxx (R-Carolina del Norte).
"Así que la nueva administración... encontró gastos superfluos. El presidente Trump actuó y recomendó que se cancelaran definitivamente esos fondos. No se me ocurre un ejemplo más clásico de la utilización adecuada de este proceso", afirmó.
Ahora, el proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado antes de llegar al despacho del presidente para su promulgación.
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