Venezuela aprobó una reforma que abre su sector petrolero a una colaboración más profunda con empresas privadas, retrocediendo más de dos décadas de predominio estatal que se convirtió en un sello distintivo de su proyecto socialista.
El 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una enmienda a la Ley de Hidrocarburos, el principal instrumento que regula todos los aspectos de la industria petrolera, desde la exploración y perforación hasta el refinado, transporte y comercialización.
Según un comunicado oficial del Parlamento, la enmienda permite que las empresas privadas en empresas mixtas con la petrolera estatal PDVSA comercialicen directamente su parte de la producción.
El cambio efectivamente otorga a los socios extranjeros un control operativo y comercial mucho más claro sobre sus proyectos, relegando a PDVSA a un rol más secundario en comparación con el modelo actual.
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La reforma mantiene una regalía del 30 % para al Estado, pero esta puede reducirse al 15 % bajo un nuevo régimen fiscal diseñado para incentivar la inversión en yacimientos no desarrollados, según informó el parlamento. Además elimina varias cargas fiscales adicionales, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios y otras contribuciones especiales, con el objetivo de mejorar el flujo de caja de los operadores y, en palabras del gobierno, "garantizar la rentabilidad social" del crudo venezolano.
La enmienda también autoriza a las empresas resolver sus disputas en foros internacionales, en lugar de depender exclusivamente de los tribunales venezolanos. En contraste, el marco vigente obliga a las empresas mixtas a incluir una cláusula que exige resolver todos los conflictos solo en tribunales venezolanos, bajo la legislación venezolana, y sin posibilidad de "reclamaciones extranjeras".
Aun así, la reforma no alcanza a una privatización a gran escala como esperaban algunos inversionistas. PDVSA sigue bajo control total del Estado y no se contempla su desmantelamiento ni privatización.
La nueva norma fue firmada el mismo día por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de su superior, Nicolás Maduro, en una operación militar que lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo.
La última gran modificación a la Ley de Hidrocarburos ocurrió en 2006, bajo el predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez. Aquella versión reforzó el control estatal al colocar las empresas mixtas bajo el mando operativo de PDVSA, clasificándolas como entidades estatales y limitando drásticamente la participación privada en exploración, producción y comercialización.
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Durante la era Chávez, gigantes energéticos extranjeros como ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron Venezuela tras ser forzadas a ocupar posiciones minoritarias junto a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, o enfrentar expropiaciones directas de sus activos. Algunas compañías, como Chevron, permanecieron mediante empresas mixtas con el Estado.
Desde entonces, la producción petrolera de Venezuela se ha desplomado por la combinación de falta de inversión, mala gestión, infraestructura deteriorada y sanciones occidentales, reduciéndose de unos 3 millones de barriles por día a fines de la década de 1990 a un estimado de 1 millón de barriles diarios en 2025.
Chevron representa aproximadamente una cuarta parte de la producción de Venezuela y gestiona exportaciones de aproximadamente 120,000 a 150,000 barriles diarios de petróleo crudo hacia refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos, bajo una licencia emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La mayor parte del resto de las exportaciones se vende a China con grandes descuentos a través de las llamadas "flota sombra" o "fantasma": buques tanqueros antiguos que emplean prácticas de envío engañosas para mover bienes sancionados, ocultando su verdadero origen o destino real.
