El exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, enfrenta un nuevo proceso por desaparición forzada de personas, seis meses después de haber sido detenido por otros delitos relacionados con el crimen organizado.
En un comunicado difundido este martes, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que ejecutó una nueva orden de aprehensión y presentó ante un juez de control a Hernán 'N', a quien imputó como presunto responsable de ese delito.
Durante la audiencia, la defensa solicitó ampliar el plazo legal, por lo que el proceso continuará el cuatro de abril, apuntó la fiscalía.
Además, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo cual el exfuncionario permanecerá recluido.
Desde septiembre de 2025, Bermúdez Requena se encuentra internado en el penal federal de máxima seguridad "El Altiplano", tras ser detenido en Paraguay y trasladado a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y delincuencia organizada.
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Fue secretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024), durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Es señalado como presunto líder de La Barredora, grupo vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha afirmado que existen "vínculos muy claros" con la delincuencia organizada, a partir de una investigación federal derivada de un caso de extorsión a gasolineros en Tabasco iniciada en 2024.
México acumula más de 133,000 personas desaparecidas, según datos de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de los cincuenta.
En 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) llevó por primera vez la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, al advertir indicios de una práctica "generalizada y/o sistemática" de desaparición forzada en el país, señalamientos que el gobierno mexicano ha rechazado de forma reiterada.
