Diputados del partido Morena en Chihuahua solicitaron iniciar un proceso de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Esto ocurre en medio de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por la muerte de dos agentes de la CIA en su estado.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó el 26 de mayo durante su rueda de prensa la solicitud de inicio de juicio político contra Campos.
"[La] solicitud de escrito inicial de juicio político se presentó y en términos procedimentales tienen 3 días para ratificar", dijo Rabadán a la prensa, quien confirmó que la solicitud fue presentada por 11 diputados locales del estado de Chihuahua.
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La solicitud alega que la gobernadora incurrió en delitos de traición a la patria, así como la presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional, según reportan medios que pudieron acceder al documento. También se le acusa de posible invasión de competencias reservadas a la federación en materia de seguridad nacional y política exterior.
The Epoch Times no pudo verificar las acusaciones de juicio político en contra de la gobernadora.
El mismo 26 de mayo, Ariadna Montiel, dirigente del Partido Morena, anunció que desde el partido ya han emprendido el primer paso en la Cámara de Diputados.
"El juicio político se ha presentado y ya esperaremos que la Cámara de Diputados le dé procedimiento, como ya conocemos. Respecto a las firmas, se empezaron a recolectar el fin de semana y apenas empezamos. Entonces, vamos a seguir con ello", dijo Montiel.
El inicio del procedimiento del juicio político ocurre mientras la FGR investiga a la gobernadora debido a un operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, en abril pasado en el que murieron dos agentes estadounidenses que acompañaban a dos funcionarios mexicanos a su regreso de la desmantelación de un narcolaboratorio.
Campos dijo este 27 de mayo a la prensa estar muy tranquila y en paz, antes de acudir a su comparecencia en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México. Al salir, Campos dio una conferencia de prensa a medios.
"Hoy en México es, desgraciadamente, evidente el uso político de las instituciones federales y yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo", dijo la gobernadora. Campos también señaló que se le está fabricando un caso desde la fiscalía para inculparla.
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La gobernadora de Chihuahua dijo hace una semana, durante diversas entrevistas con medios, que no tenía conocimiento de que los agentes fallecidos formaran parte de la operación donde se desmanteló un gran narcolaboratorio.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo el 25 de mayo que el citatorio a Campos es parte de las diligencias para esclarecer la muerte de los agentes estadounidenses y señaló que hasta el momento no existe ninguna imputación en contra de la gobernadora.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (centro), habla junto a Jorge Romero (centro, a la derecha), presidente del Partido Acción Nacional (PAN), y el senador del PAN Ricardo Anaya (centro, a la izquierda), durante una rueda de prensa celebrada frente a la Fiscalía General de la República en Ciudad de México el 27 de mayo de 2026. (Alfredo ESTRELLA / AFP vía Getty Images)Colaboración de Chihuahua con autoridades estadounidenses
Aunque el centro de la investigación contra Campos es la muerte de los dos agentes de la CIA, también se ha retomado recientemente la cooperación de la gobernadora con el estado de Texas en materia de seguridad en años pasados.En abril de 2022, Campos firmó un memorandum de entendimiento con la oficina del gobernador Greg Abbott para garantizar una frontera común y segura. Ambos gobiernos acordaron trabajar para que los vehículos que crucen en un puerto de entrada internacional cumplan con las normas de seguridad aplicables a cada estado. Además de reducir la trata de personas, el contrabando de fentanilo y otros narcóticos en ambos lados de la frontera.
El gobierno de Chihuahua además se comprometió para prevenir el flujo de la inmigración ilegal desde el estado mexicano hacia Texas. Las medidas incorporaron el uso de la inteligencia artificial , drones, y filtros biométricos para asegurar la captura de líderes de cárteles.
Según, la oficina de Abbott el mismo acuerdo se firmó con el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y el exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.
El acuerdo de Texas con los estados de la frontera norte del país ha sido cuestionado porque el artículo 117 de la Constitución mexicana señala que los estados no pueden realizar acuerdos con otro estado o potencias extranjeras.
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